EREs en el Sector Público (y 2)

Conviene pues matizar que a pesar que de lege data y de la interpretación jurisprudencial los EREs son posibles en el marco del empleo público, como así lo demuestra la casuística, que bien examinada podría de ella deducirse, que si bien son factibles son poco probables. El artículo 52 e) del ET introducido por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad determina que “en el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
Cuando la extinción afecte a un número de trabajadores igual o superior al establecido en el artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir el procedimiento previsto en dicho artículo. Esta norma establece una causa específica para la extinción objetivo o su equivalente en el ERE administrativo, como consecuencia de la insuficiencia presupuestaria para seguir con un programa público, como ha sucedido con actuaciones subvencionadas con fondos UE, o la extinción anunciada de muchas de las subvenciones aún existentes entre las Administraciones Públicas españolas al socaire de la reducción del déficit.
Sin embargo las causas genéricas para dicha extinción tienen poca probabilidad de éxito en su aplicación a la Administración Pública al no ser la lógica económica un factor determinantes para la viabilidad de la organización pública y las razones técnicas y organizativas también y tiene sus pormenores. A mi juicio la razón de mayor peso para la viabilidad es que el ERE ha de instrumentarse mediante un plan de ordenación de RRHH y además de esta cuestión procedimental hay que destacar que ni el art 69 EBEP ni el 45 LOGFPV contemplan la extinción de la relación contractual dentro de las medidas propias, salvo que pudiera entenderse incluida en la clausula residual ‘Otras medidas’ .
Entiendo pues que las extinciones vía ERE solo caben como última ratio de un plan de ordenación. Recuérdese que en los planes de empleo de la anterior regulación (Ley 30/1984 modificada en 1993) tan solo permitían la reasignación de efectivos, señalando que los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. Ahora resulta que los planes de ordenación son para todos los empleados conforme al EBEP y nuestra norma valenciana por lo que todo parece apuntar a que otras medidas posibles debe intentarse antes de promover un ERE por razones organizativas o económicas como puede ser la supresión de interinos, movilidad, modificaciones de estructuras de puestos de trabajo,formación, jubilaciones parciales, denegación de prórroga para jubilación conforme al 67-2 EBEP, ….
En síntesis debemos ser rigurosos a la hora de extrapolar las lógicas del mundo empresarial al sector público administrativo, pero también ser exigentes con los instrumentos que proporciona la legislación del empleo público. Otra cosa es lo afectante al sector público empresarial o fundacional, en al que la dimensión económica tiene otro cariz.

EREs en el Sector Público (1)

Este mes de agosto he podido leer en prensa que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada reducirá un 20% la plantilla de funcionarios municipales. Para ello, el equipo de Gobierno local no renovará aquellos contratos eventuales que no son precisos o no se ajustan a la finalidad de la contratación. Igualmente se denuncia que el antiguo gobierno utilizó mal la contratación laboral sin existir justificación y excediendo el límite de dos años que contempla la ley. El nuevo alcalde de Collado Villalba ha presentad un plan de ahorro que reduce el presupuesto municipal en un 20% y que, además, prevé recortar cien puestos de trabajo de la plantilla de interinos.
Estas noticias se enmarcan en la dinámica de la racionalización del sector público, que en este caso, parece que no conlleva más esfuerzo que una evaluación de necesidades y un ajuste a la ley, pues no hace falta que sea un Juez el que señale que las cosas no se han hecho bien, cuando las circunstancias revelan clamorosamente actuaciones contra legem, como suele suceder en la contratación laboral temporal o el interinaje de funcionarios.
En cualquier caso no paramos de oír propuestas de todo tipo, entre las que se encuentran las de supresión de puestos de empleados públicos y tal y como se presentan en los medios de difusión de noticias lo cierto es no se sabe cuál es el verdadero alcance de esta medida, a quien afecta, cual es el último efecto, o para que sirve en definitiva.
Más cierto es todavía que la confusión científica no es poca y las incertidumbres jurídicas que genera ha hecho que, unido a la impopularidad de la medida, los decisores y gestores se muestren muy reacios a su utilización.
Conviene pues sentar algunas premisas sobre la cuestión. La primera es que ni la supresión de puestos de trabajo, ni la reducción de efectivos supone per se la aplicación de un ERE, pues se puede hacer con cargo al empleo temporal u otras situaciones, sea cual sea su naturaleza jurídica. En segundo lugar la extinción por causas objetivas o los expedientes de regulación de empleo administrativos no son aplicables al funcionario. Tan sólo podrán ser de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas o del Sector Público.

Asesores y asesorados (y 5): La redefinición de la interfase político administrativa

En algunos países de la UE se llama centro de responsabilidad o célula estratégica a la instancia que en sustitución de los gabinetes se encarga en el seno de los ministerios del diseño de las políticas. Su operatividad es cuasi agencial y están compuestas por funcionarios y expertos externos preseleccionados por el servicio general de contratación.
La denominación de actividad de "interfase" (NORA Y MINC) o “tercer espacio o bisagra” (ZILLER) como zona de intersección entre política y administración viene referida al nivel intermedio entre la decisión política y la actividad administrativa, como cometido de bisagra entre la zona política y la zona representada por los profesionales de la Administración. En ella suele adoptarse la decisión pública, pues la confianza política y la racionalidad técnica se entremezclan en proporciones diferentes según su mayor o menor participación en las diversas fases de la formulación o implementación de las políticas públicas.
Todo lo dicho hasta ahora en estas cinco entradas dedicadas al asesoramiento político conlleva la ordenación de este espacio de interfase, pero me temo que ni la artificiosa separación weberiana/wilsoniana, ni la pretensión de control político ex NPM sean válidas para resolver el desorden establecido. Ya la OCDE en 1997 propuso la separación entre la función política y la directiva, así como la disociación entre el diseño y la ejecución de las Políticas. Es obvio que esto no se ha producido, más allá de enjuagues formales. El camino para separar política de gerencia, implica una actual redefinición del paradigma weberiano/wilsoniano.
Una mayor autonomía y flexibilidad para los gerentes implica menor afección política y mayor independencia. Lo propio para el asesoramiento supone, en menor dosis algo parecido. Pero sin duda lo que hará respetable al asesor será su rol técnico, su autoridad epistemológica y deontológica, que conllevará incluso el cambio de políticos y la permanencia de los asesores en las células estratégicas de decisión, ya que éstos habrán sido seleccionados con criterio, por personas con capacidad de elegir.
Hasta que entremos en una dinámica similar a las de las células estratégicas, salvo honrosas excepciones que conozco, prefiero el asesoramiento externo o el de los funcionarios, para sacar al país de esta situación de colapso administrativo.

Asesores y asesorados (4): El apoyo a la decisión pública

Tanto el paradigma weberiano europeo como la concepción wilsoniana americana coinciden en la necesaria separación entre política y Administración, pero por mucho que se afine esta separación, de suyo mas ideal que realista, más teórica que empírica, no dejará de generar conflictos y fisuras entre los actores de las políticas al ocuparse espacios supuestamente reservados anteriormente a políticos o a técnicos. En cuanto a los modelos anglosajones así lo reflejo el trabajo de Peters “Funcionarios y políticos: el equilibrio cambiante (2000). Si bien nuestro modelo equipara a los eventuales como funcionarios, la realidad señala que son personal político que ocupan presuntamente el espacio del apoyo a la decisión pública. Esto es allí donde la utilización de diversos mecanismos y herramientas técnicas y organizativas para que el “decisor público” adopte la decisión con el mayor grado de racionalidad y optimización posible en el contexto de aplicación.
En el proceso de apoyo al “Decision-making” público, el asesor ha de valorar, tanto la capacidad inmediata de responder a una demanda, cuanto la potencialidad de hacerlo en lo mediato, por sí o mediante la utilización de diversas técnicas de gestión. En la interfase político-administrativa juega un papel determinante esta labor de apoyo y asesoramiento como función técnica y de análisis prospectivo, ponderando la racionalidad política hasta el condicionamiento a su viabilidad.
El apoyo a la decisión pública de un válido asesor consistiría sobre todo en la consecución del equilibrio entre el decisionismo ideológico y el tecnocrático, coadyuvar a tomar decisiones sabiendo, calculando, previendo y haciéndose cargo de las consecuencias, consecución de incrementalismo / innovación / transformación del status quo y el logro de la factibilidad política, haciendo técnicamente posible lo deseado políticamente.
Un estudio sobre la gerencia pública en Latinoamérica destacó, entre otros, estos déficits;
• El ingreso a la Gerencia no requiere requisitos de capacidad profesional.
• No están definidos los mecanismos de selección.
• No existe un organismo orientado a la formación de gerentes públicos
• No existe evaluación de rendimiento.
• Los cargos no son descritos ni evaluados, por lo que se desconoce su perfil y los requerimientos para su desempleo.
• No se determinan las diferencias de responsabilidad y complejidad entre los cargos.
• Desconocimiento de los factores e indicadores de una buena gestión.
• Los cargos gerenciales están sujetos al sistema de botín.
• Excesiva individualidad en los gerentes con predominio de la subjetividad y de la intuición en la toma de decisiones.
• Vulnerabilidad frente al tráfico de influencias.
• Resistencia ante los consejos y recomendaciones de especialistas.
Mutatis mutandi, nuestra situación doméstica no es muy lejana a esta dinámica en los gestores, y si resulta que la NPM pretendía controlar la Gestión Pública mediante una mayor implicación político, la solución está en políticos my avezados o en asesores muy capaces. El panorama refleja unos políticos no muy duchos, unos gerentes poco profesionales y unos asesores para prestar apoyo a la decisión pública que su propio status y dinámica hace que sean inservibles para controlar la implementación de las políticas vía gerencias públicas, resulta que tampoco son idóneos al efecto. El principal cometido de éstas funciones, bien de asesoramiento, bien gerenciales, es el de eslabón entre la decisión política y la función administrativa, el nexo armonizador entre el poder político y el poder administrativo, aunque esté a veces más próximo al primero que al segundo. Los directivos públicos cuando realmente ejecutan trabajos estratégicos, de proposición de Políticas Públicas, de desarrollo de alternativas o de gerencia de importantes recursos deben operar en ambientes políticos.
En síntesis todo apunta a que en realidad son los funcionarios, quienes realizan la labor de racionalidad/factibilidad de la decisión pública, pues los asesores de hoy están excesivamente apegados. Para Weber aquel que no tiene arrestos para decirle a sus superior “…o recibo esta instrucción o me voy…”, no es un líder sino un mísero apegado al cargo, tal y como con antelación indicaría Bismarck.

Lo que buscaba Confucio y siguen haciéndolo otros muchos

Dicen los viejos del lugar que Confucio al dejar su cargo público en el reino de Lu se dedicó a viajar por diferentes territorios impartiendo clases y esperando en vano que algún otro príncipe le permitiera emprender reformas. En el año 484 a.C., tras la frustración que supuso la búsqueda de un gobernante ideal, regresó por última vez a Lu dedicándose a comentar a los autores clásicos.

Las enseñanzas de Confucio se enmarcaron en el ámbito de la filosofía ética, moral y política, considerando que los propios actos externos de las personas se basaban en las cinco virtudes (bondad, honradez, decoro, sabiduría y fidelidad).

Después de la muerte de Confucio surgieron dos escuelas importantes de pensamiento: una que acentuaba la bondad innata de la naturaleza humana, que podía envilecerse por el propio esfuerzo destructivo o un ambiente perverso. La otra escuela sostenía que las personas nacen con una naturaleza perversa pero susceptible de regenerarse gracias a la educación moral.

La verdad es que llama la atención que esto fuera ya dicho cuatro siglos antes de Cristo, en la época de las pirámides. Esto que fuera dicho con anterioridad a Sócrates y Platón, y mucho antes del debate Hobbes-Rousseau sobre la naturaleza humana, sigue siendo el dilema. Este debate sobre la bondad/maldad fue objeto de discusión científica recientemente en un programa de Redes. Es más, me temo que es de una rabiosa actualidad para los acontecimientos recientes de toda índole, sobre todo los políticos y los religiosos, por no meternos en ramas más específicas del pensamiento como la psicobiología o la sociología del comportamiento.

No me extraña que Confucio dejara de buscar políticos ideales, ya que la política no es un terreno para muchas complacencias, aunque este sea el locus natural para preocuparse por el bien común. Menos aun me extraña la frustración de Confucio si se dedicaba a hablar a los gobernantes de la bondad de las cinco virtudes. Otra cosa es una lección de economía en una hora alcance de cualquiera. Si en las diferentes asociaciones pro-bono (sindicatos,iglesias,Ongs, asociaciones…) el hombre muestra sus miserias humanas, qué ha de pasar en la política, reino de la lucha por el poder.

No es tiempo ni país para la filosofía, aunque ésta para muchos nos parezca más necesaria que nunca. Los acontecimientos no nos permiten parar a pensar, y si no pensamos avanzaremos, aunque tal vez equívocamente. Históricamente mientras unos se decían a trabajar y a producir, otros se dedicaban a rezar y filosofar, porque para ello había que tener el estomago lleno. Ahora los que lo tienen, se dedican a aplaudir a líderes, piensen estos acertadamente o no. Salvo honrosas excepciones que sí se dan por ejemplo en el campo de la religión.

Posiblemente el dilema eros-thánatos no tenga solución científica, pero sí quisiera pensar que la moral, la economía y la política tiene espacios muy comunes y de semejante respuesta, respecto a las tendencias egoístas, miedosas, insolidarias que estamos viviendo en este nuevo milenio.

Me parece que el dilema de Confucio y otros, se debe resolver de común acuerdo, estableciendo mínimos de consenso sobre la cuestión en los campos científico, político y religioso. Creo que la Ciencia administrativa ha sabido resolver el debate en torno a la idea de bien común y la policía, en no pocas ocasiones y así se ha ido progresando socialmente.

A ver si encontramos al menos alguna solución de consuno entre las diversas ciencias sociales, mientras los actuales confucios siguen encontrando al gobernante ideal. Supongo que encontrado merecerá su clonación, o al menos que la Ciencia administrativa sepa aprovechar para su formalización e insitucionalización.

Sobre municipios y provincias (y 2)

El Ayuntamiento es al municipio lo que la Diputación a la provincia. Es decir órganos de gobierno y administración a los que la Constitución en sus artículos 140 a 142 le dota de una naturaleza corporativa y representativa. Cualquier alteración de ese estatus constitucional requerirá de medidas de reformas habilitantes para alterara lo que dice el texto constitucional. La creación de agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, está literalmente establecida en la Carta Magna.
Si se quisiera suprimir las Diputaciones como el órgano de gobierno provincial, debería modificarse el texto constitucional, pero si se quisieran modificar los límites geográficos para agrupar dos provincias, no haría falta. Quiero señalar con esto que no todo lo que se pregona es posible legalmente sin cambios en la CE o en normas básicas o autonómicas. Otra cosa es la oportunidad de alterar el sistema de gobierno provincial.
Un panorama parecido al que puede observarse en la vecina Francia, (esto puede verse muy bien en la región Midi-Pirinees, Normandía o alta Saboya) con un núcleo principal de población precedido, seguido o rodeado de núcleos más pequeños unidos por rotondas u otras soluciones con unidades de servicios interpoblacionales. (Superficies comerciales, instalaciones deportivas, centros de servicios públicos…) con conurbaciones que configuran la trama urbana, no requeriría de demasiados cambios. En realidad tampoco cambiaria mucho el espacio geográfico actúalo determinadas dinámicas político-administrativas existentes.
En la Francia de Mitterrand en marzo de 1982 el Parlamento francés votó la primera ley de descentralización, si bien en el marco de un estado unitario y no federal y esto debe tener muy en cuenta, habida cuenta el modelo cuasifederal que supone el estatus actual de España.
La racionalidad de las medidas en el marco de reducción de déficit público, ahora más necesarias habida cuenta la reforma de la CE en ese aspecto, estaría, hoy por hoy más por fórmulas asociativas y la supresión de instancias y funciones políticas superfluas. A mi modo de ver no se trata tanto de si necesitamos o no a las Diputaciones, sino a sus funciones u organización. Sustituirlas por otros órganos autonómicos n conduce a nada. Lo que hay que analizar es una configuración organizativa racional que combine eficacia y eficiencia. En cuanto a nuestra CV me parece que debe partirse de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y reorganizar conforme a sus instrumentos, como es el Régimen de gestión compartida para municipios entre 500 y 1000 habitantes, la supresión de municipios, la división comarcal o las diversas fórmulas asociativas municipales (mancomunidades , consorcios …).
No puede obviarse que existen ya instrumentos de racionalidad en la actualidad como las propias mancomunidades, la ley de coordinación de policías locales y ya pocos se acuerdan de aquel Decreto del Gobierno Valenciano de 28 de octubre de 1985) sobre las Demarcaciones Territoriales Homologadas como referencia para la descentralización administrativa de los diferentes servicios autonómicos, y que habrá de servir como referencia empírica para la comarcalización de iure.
Como en muchas de las disfuncionalidades en la gestión del estatus del bienestar, el problema es más de tentación de instrumentalización política que de gestión (vg. Muchas de las mancomunidades se crean por afinidad política)
Se trata de evitar dobles instancias y funciones innecesarias de las Diputaciones con su lógica disminución presupuestaria. Buena parte de las competencias actuales puede hacerse,desde una perspectiva meramente técnica por las Direcciones Generales de Administración territorial de las Comunidades autónomas, en el marco de una comarcalización inmersa de una dinámica de mayor descentralización administrativa y no de autonomía política provincial y regional. En este aspecto resulta más interesante mirar al modelo francés que al italiano.

Sobre municipios y provincias (1)

El pasado día 24 de este mes de agosto la edición de ABC de la Comunidad Valenciana recogía el debate sobre la las medidas de acción en materia de régimen local vistas las propuestas italianas, reflejando que la «solución italiana» eliminaría el 40% de los municipios valencianos. Dicho artículo que ahora transcribimos literalmente, merece un comentario adicional.

La necesidad de racionalizar la Administración Pública ha llevado a los dos grandes partidos de la Comunidad a centrar los primeros compases de la precampaña en las medidas de ahorro. Entre las propuestas que ha lanzado el PSPV se cuenta no solo suprimir las diputaciones, sino también estudiar la posible reducción del número de municipios.
La Comunidad cuenta en la actualidad con 542 localidades. La traslación de la solución adoptada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi —suprimir directamente los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes— afectaría al 40% de las poblaciones valencianas, que se verían reducidas a 331. Por provincias, la más afectada sería Castellón, donde predominan los pequeños núcleos de población: pasaría de 135 a 50 consistorios. Por su parte, Valencia perdería 77 localidades para pasar a tener 189, y Alicante vería suprimidos 49 de sus 141 municipios.
Cambios legislativos
Según explica el abogado especialista en Administración Pública Javier Pinazo, la supresión de municipios —que se unirían a otros núcleos de población más importantes, o entre ellos—, implica modificaciones en la Constitución, pero también «en las leyes de régimen local», tanto la básica como la autonómica (aprobada en 2010). Asimismo, se verían afectadas otras normativas sectoriales, «como la de haciendas locales».
No obstante, la reordenación municipal de la Comunidad es plausible, y de hecho, la Ley de Régimen Local de la Generalitat sienta las bases para acometerla, con «el régimen de gestión compartida para municipios de entre 500 y 1.000 habitantes». Pinazo apuesta también por potenciar la segunda descentralización a través de la comarcalización, y recurrir a las «diversas fórmulas asociativas municipales».
En cualquier caso, este experto considera que la mejor fórmula para acometer una eventual reorganización de los ayuntamientos no pasa por copiar el «modelo Berlusconi». Pinazo advierte de que «no puede generalizarse una proporcionalidad entre la población y el número de municipios», ya que deben tenerse en cuenta aspectos como «la historia, la geografía o la cultura».
En cuanto a la morfología del nuevo mapa municipal, «se asemejaría al modelo de regiones francesas como Normandía o Alta Saboya», explica Pinazo: un núcleo principal de población rodeado de otros menores, con unidades de servicios interpoblacionales (superficies comerciales, instalaciones deportivas, servicios públicos...) en las vías de unión. «No cambiaría mucho el espacio actual», explica.
El artículo puede verse en http://www.abc.es/20110824/comunidad-valencia/abcp-solucion-italiana-eliminaria-municipios-20110824.html

Dinámicas de cambio en el Empleo Público (y 2)

En el 2005 en el monográfico sobre “La nueva gestión pública” de la Revista internacional las políticas sociales, el profesor D. Giauque hizo su su aportación en torno a la gestión de los recursos humanos y modernización de las Administraciones Públicas ya daba cuenta de determinadas dinámicas de propuesta o experimentadas. Al socaire de la caja de herramientas de la NPM puede observarse que el status del funcionario ha sido cuestionado, reformado o incluso suprimido (vg. la reforma italiana de 1992). Igualmente se ha observado una generalización a la reducción de efectivos (en USA del periodo Clinton se suprimieron 272.900 empleos y en UK se eliminó un 30% de modelos de función pública en un periodo de 15 años). El Gobierno finlandés también instauró un programa para recortar entre 4.000 y 8.000 trabajadores públicos de la capital a las regiones hasta. Holanda recortó su plantilla en 12.800 personas a través de una reforma de 2008.
Otras de las experiencias han sido las relaciones a tiempo parcial y de carácter temporal. Los sindicatos han ido perdiendo fuerza sobre todo por la novedad que ha supuesto la personalización e individualización de las condiciones de trabajo, que determinan en función de ellas una posterior evaluación.
Se critica en cuanto al HRM la dualidad de dos sectores; unos sometidos a un centralización-generalización de sus condiciones de trabajo y otro, sometido a condiciones particulares. Esta individualización de las condiciones de trabaja supone una revolución en sí misma, si bien la falta de medios financieros para hacerla eficaz, hace pronosticar su debilidad. Ya he tenido ocasión de pronunciarme sobre la cuestión de la evaluación del desempeño en cuanto a nuestra LOGFPV, habida cuenta de la falta de medios de todo tipo para su implementación y beneficio. No hay más que morar las experiencias comparadas al respecto. En todo caso la puesta en marcha de cualquier modelo del que no puedan ser aprovechadas sus ventajas comparativas, no hace más que aumentar la confusión y el desorden.
Las crisis siempre provocan la necesidad de reflexionar, y en este caso observamos coincidencias entre nuestros expertos domésticos y aquellos allende fronteras. La cuestión parece que estriba en cómo poner el cascabel al gato en las materias de productividad y flexibilidad. España lo tiene bastante difícil con una legislación de transito, confusa e incompleta en enfrenta además al hecho sorprendente de que desde el comienzo de la crisis en 2008, la plantilla del sector público ha crecido el 10%, hasta los 3,2 millones de trabajadores, según la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que supone que el 21% de los empleados españoles trabaja en el sector público.
El citado Giauque habla de favorecer el desarrollo de unos implantes modernizantes, que integren reflexiones a considerar antes de llevar a cabo los cambios: debo entender que de alguna manera sirvan de incubadora o de mecanismo de ensayo-error antes de implementarse generalmente o de manera indefinida. O esto o la nada, ante las naderías de los cambios gatopardistas, pues ya diría Ignacio de Loyola que en tiempos de desolación, no hacer mudanza.

Dinámicas de cambio en el Empleo Público (1)

Un periódico nacional a finales de de julio se hacía eco de opiniones de expertos sobre las propuestas de cambio en lo atinente al Empleo Público. Con el título “Que al funcionario le cunda más” el reportaje señalaba que España no tiene más empleados públicos que los demás países avanzados, pero el sistema apenas favorece la productividad y se cuestiona la posibilidad de su flexibilización. En nuestro país el crecimiento del salario medio en el sector público fue durante muchos años superior al del conjunto de la economía; en España la factura salarial del empleo público es superior al de la media de la OCDE, y la jornada del funcionario español es la más baja de toda la Unión.
En a la dinámica de reformas estructurales, se coincide en lograr el aumento de la productividad de la función pública a través del trabajo por objetivos, la flexibilidad o la movilidad. Los recortes salariales además de en nuestro país se han dado en Portugal, Grecia o Irlanda, y en breve Bélgica, la República Checa y Eslovenia, mientras han optado por la congelación salarial Francia y Reino Unido.
En el seno de la OCDE, de los 29 países que en diciembre de 2010 habían elaborado algún plan de consolidación fiscal, 20 optaron por reducir el salario de sus empleados, 15 por reducir su plantilla y cinco por reorganizar la Administración o por varias de estas medidas a la vez. Varios países de la UE han decidido reformar el cuerpo de empleados públicos, en especial Alemania, Finlandia y Holanda. En Alemania, en septiembre de 2005 el Gobierno central, los länder y los sindicatos acordaron una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema retributivo basado en el rendimiento y la experiencia. Se facilitó la movilidad de los trabajadores de una posición a otra, aun sin su consentimiento. Se en establecido periodos de prueba de dos años y un sistema de bonus e incentivos de hasta el 10% del sueldo. En Holanda, las diferencias entre los sectores público y privado han ido desapareciendo, de forma que ambos tienen hoy unas condiciones muy similares, y en Irlanda se han flexibilizado el sistema de contrataciones.
En España y en el 2006 el Círculo de Empresarios publicó un trabajo que señalaba que si en 1980 la productividad de los sectores público y privado era similar, en 2003 la brecha se había abierto hasta una diferencia del 4,7% del PIB.
Los expertos indican varias propuestas, entre ellas las del gerente de la Diputación de Barcelona y profesor Boltaina i Bosch quien recuerda que la productividad apenas está desarrollado salvo en algunos cuerpos como Hacienda o la Seguridad Social. Sobre la flexibilidad opina que la ley da muchas herramientas, aunque seguramente no las suficientes. El problema es que instaurar criterios de flexibilidad cuesta mucho y todavía está muy verde.
Indica valientemente que en España tal vez deberíamos replantear la relación vitalicia del funcionario, si bien ello merece un concienzudo estudio, aunque previamente habría que realizar un cambio en las pruebas de selección, en las que más allá del ejercicio memorístico se valore la experiencia en el sector privado.

Bueno,bonito y barato

En las entradas de 5 de enero de 2010 ‘Repensar planteamientos en la gestión pública de hoy’ y en la de 23 de junio de 2010 ‘Propuestas para la crisis en el sector público’, señalé la necesidad de ordenar el sector público local y autonómico valenciano, conocidas las disfuncionalidades de la praxis administrativa derivada de ellas. Concretamente dije que “en nuestra comunidad valenciana se echa de menos una regulación ad hoc del denominado sector público. Precisamos de una suerte de ordenación normativa tal y como se ha hecho en la administración estatal con la LOFAGE y la Ley de agencias. No necesitamos técnicas gerenciales del sector privado sino directivos públicos formados en gestión pública además de sus áreas específicas de intervención”.
A mí me parece que este caos ha hecho que nuestra comunidad haya sido todo muy bonito, dando ocasión y lugar para fomentar la amistad que deriva de la sana practica del clientelismo, el amiguismo y el nepotismo.
Al nuevo gobierno valenciano parece que no le resulta tan bonito el estatus anterior que pretende reformar con el anunciado anteproyecto de ley del Gobierno y del Sector Público. La ley de 1983, como ha sucedido con otras normas autonómicas se va a ver fundamentalmente reformada, en lo que hace a que todo ya nos sea tan maravilloso y sobre todo para que algunas realidades se regulen. Se anuncia nuevas sobre los contratos blindados – prohibidos en la AGE desde hace bastante tiempo - ,equiparación de salarios en los directivos, publicación anual de plantillas, control de la gestión por la Consellería de economía , supresiones y fusiones de entes, regulación de las Agencias, normas para el personal laboral. Pero sobre todo, por fin se ha reconocido la necesidad de un marco general unitario y armonizador de las reglas de funcionamiento siguiendo el esquema ‘one size fits all’
Sea muy bienvenida la iniciativa, parece que empezamos a gobernar, pero muy largo me lo fías, señor. Dos años para esta tarea me parece mucho aunque sea comprensible dado el caos que me temo exista. No hay mucho tiempo, vista la situación de las arcas públicas y que a pesar de los cantos de sirenas en dos años apenas se han suprimido siete entidades, existiendo ahora un total de 130. Espero que no se trate de otra treta gatopardista, y el final sería muy feliz si en esta reordenación se depuraran responsabilidades de todo tipo, pues seguro que en dos años da tiempo para pedir la opinión a la Sindicatura de Comptes o la Fiscalía sobre algún por menor no aclarado por gestores.
Ya señale la necesidad un sistema coherente y racional entre el modelo de empleo público y la configuración de la organización administrativa. Espero que todo se complemente con una Dirección Pública Profesional, y que la gente del partido inepta a estos efectos, se dedique a organizar mítines y demás expresiones culturales e ideológicas muy legítimas
Más vale tarde que nunca. Si a partir de la nueva ley ya no será todo tan bonito, quizás, sí mas bueno y barato.

Asesores y asesorados (3): Saber qué y cómo

Cuando uno analiza la situación económica actual y sus equivalentes en los ámbitos político y social, puede encontrar paralelismo ‘mutatis mutandi’ con situaciones ya vividas. Nos hemos referido a la descripción que hiciera Weber en el político y el científico tras la guerra europea de 1914-1919. Igualmente sus paralelismos están en la era progresista americana, - básicamente desde 1890 hasta la década de 1920 -, donde las aportaciones científicas de Wilson, en un primer momento y políticas en un segundo, fueron junto con las de T. Roosevelt germen de reformas políticas y administrativas en pro de la contención de los excesos de un capitalismo ancado en un darwinismo social, surgido de la revolución industrial.
Ahora el problema se enmarca en el llamado capitalismo financiero y especulativo que se desarrolla en un hábitat postindustrial en el que las soluciones políticas son de muy bajo perfil. De momento no hay soluciones más allá de los parches. Frente a esto cabria argumentar que o los políticos son de muy bajo perfil o no hacen caso su asesores o estos también son de tres al cuarto.
Un asesor de primer empleo, es decir, recién salido de la universidad poco más que advertir sobre la legalidad penal (vg. que acciones son cohecho o prevaricación), los fundamentos económicos (vg. hasta donde se puede endeudar)
El conocimiento técnico no es sólo saber sobre algo, sino como utilizarlo para resolver un problema ,y la dinámica seguida en materia de asesores por estos lugares dista mucho de aquello que predicara Y. DROR en 1997 sobre las funciones de la alta gerencia denominadas “tipo Delta”, que incluyen; la intervención activa en el cambio institucional; la promoción de nuevas estructuras sociales y políticas; el desempeño en un contexto de complejidad creciente; y la movilización de soportes para los procesos de deconstrucción, difíciles pero inevitables para la construcción de nuevas estructuras y sistemas organizacionales, acordes con las exigencias de la época.
Esta alta gerencia debe disponer de unas habilidades especiales, tales como: centralidad en las tareas de orden superior; extremada profesionalización; innovación y creatividad; ética; autonomía pero subordinación a las metas del servicio; y un depurado sentido de misión.
Sinceramente un asesor de una presidencia de gobierno, autonómica o de un Ayuntamiento de gran ciudad, debe tener alguien con estos, skills, sin perjuicio de que existan asistentes de los asesores. Tal vez debería instaurar una suerte de carrera administrativa en el personal eventual, para el que llegue a la cima, sea por cualidad de experto, ilustrado y experimentado en el saber concreto, como así existe en la administración de la UE con los denominados Consejeros especiales en atención a su cualificación excepcional como expertos de alto nivel, desempeñan sus servicios en régimen de colaboración ocasional y no de manera exclusiva en algunas de las instituciones, bien de forma regular o en periodos determinados. Muchos de ellos suelen ex funcionarios de la UE y su duración no es superior a dos años.
La gestión política implica decisión pública pero ésta no descansa sólo en la decisión propiamente política al estar mediatizada por innumerables y diversos factores de los subsistemas sociales siempre cambiantes que deber ser tenidos en cuenta por quienes tiene que decir. La interacción de intereses económicos, corporativos, de movimientos sociales en la gestión política ha sido descrita por K. Offe en su obra La Gestión Política.

El país no está para tonterías, y no sé por qué hasta donde alcanzo a conocer, lo que no están por la tonta labor, acaban marchándose.Se marchan los que saben pero no se les tiene en cuenta y se quedan los que resuelven el problema como si este no exitiese. Es decir con magia o maquillaje.

Nuevo grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas

A partir del curso 2011/2012 la UNED, impartirá a partir del próximo curso 2011/2012 un nuevo Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas y Gandía, será una de las sedes de los centros asociados donde se imparta.El objetivo de esta especialidad es el estudio del régimen jurídico de las Administraciones Públicas que permitirá a sus titulados acceder a la funcion pública o trabajar como personal laboral en distintos organismos de la Administración, para lo cual los estudios se centrarán en sus normas de funcionamiento y en el conocimiento de los instrumentos de gestión y dirección. El nuevo Grado también puede ser de interés para las personas que ya trabajan en la Administración Pública como funcionarios o laborales, así como para los responsables de empresas vinculadas, como contratistas o prestatarias de servicios.
Esta titulación se ofrece además del grado en Ciencias políticas y de la Administración, implantado desde el año pasado, si bien hay una mayor carga lectiva en asignaturas jurídicas. No se limita sólo al aspecto jurídico, a pesar de que dependa de la Faculta de Derecho, sino que contempla los aspectos politológicos, organizativos, económicos y filosóficos de la Administración Pública.
En definitiva es otro enfoque de los que se dan en el marco nacional de las Ciencias Administrativas, lo que siempre es bueno.

Asesores y asesorados (2): tekné y fontanería

Salvo honrosas excepciones los asesores no asesoran, no es el tekné lo que determina su selección sino su fidelidad - ahora más personal que de grupo –. El personal eventual en una inmensa mayoría es sólo de confianza y no existen los asesores en cuento al bien primario que estos podría producir. Su conocimiento técnico como aportación a la solución de un problema o al establecimiento de una tecnoestructura organizativa en la estructura administrativa.
Los asesores para subsistir en un sistema político caracterizado por un clima de gran desconfianza. inestabilidad, ineficacia, servidumbre y feudalismo no pueden contradecir a los políticos, dejándose llevar por una dinámica del ‘Sí, Sr. Ministro’, y dar pábulo y legitimidad a lo que estos hacen. Primordialmente predomina en la cotización del personal la supuesta habilidad para resolver problemas extra legem o contra legem o mediante el uso de canales o de relaciones informales.
El uso de asesores, no sometido a ninguna regla ni criterio como puede ser el ‘spoil system de circuito cerrado’ para la libre designación o algunos puestos críticos directivos, es hoy uno de los vestigios más claros del "sistema del botin", que como es sabido dominó en los Estados Unidos desde el siglo pasado, siendo uno de los factores desencadenantes de la corrupción e ineficacia de la Función Pública, hasta tal punto que su eliminación uno de los aportes más importante de la reforma de la Ley de Servicio Civil en 1978 en ese país, llevada a cabo por el presidente Carter, en virtud de la cual el nombramiento de los magistrados y funcionarios del gobierno se basarían en el mérito, en lugar de la influencia política.

Asesores y asesorados (1): Políticos y técnicos

En la entra anterior hemos reflejado un problema que guarda estrecha relación con el problema del asesoramiento en política. Un reciente artículo de prensa refería que los 68 asesores del Consell valenciano suponen un gasto de tres millones de euros. Uno de los temas más recurrentes sobre el control de las arcas públicas es la reducción del personal de designación política. Como es sabido la tipología es amplia pues recoge desde los altos cargos hasta determinados puestos en la carrera administrativa, y como no a esa especie que se llama de iure personal eventual, el cual puede ser asesor o de confianza.
Estamos oyendo que los políticos van a reducir a este personal, y sin embargo manifiestan que no van a reducir las prestaciones. En términos de configuración organizativa diríase pues que son prescindibles para la prestación de los servicios públicos. No se considera un input vital necesario, para el logro de objetivos, aunque sí pudiera ser útil, conveniente o meramente redundante.
Recientemente ley que un presidente de la Diputación valenciana afirmaba que en su época de gobierno entre 1975 y 1979, no había utilizado ni una sólo asesor en su staff, pues había recurrido a los funcionarios que ya existía en la organización provincial. Recordemos que ese periodo el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, consideraba al personal eventual, nada más y nada menos que funcionarios de empleo . Este personal fue introducido por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 109/1963, de 29 de julio de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado, y a partir de la misma se les suponía para prestar servicios para determinados órganos o autoridades, mediante calificadas de confianza o asesoramiento especial, pudiendo incluso, en la Administración Local desempeñar también determinados puestos de trabajo de carácter directivo, no obstante la polémica de ello (supuesto de ultra vires en el Texto refundido de 1986 ya conocido.
Un informe de la ONU, del año 2001 denominado Globalization and the State señala que en los países capitalistas, cuyos índices de desocupación son altos, a menudo optan por convertir al gobierno en un gran empleador, utilizando el
empleo como paga a aquellos que contribuyen de alguna manera a las campañas políticas. Para la ONU “el efecto negativo de estas prácticas ha sido diverso y visible. No solamente han contribuido a inflar los costos de reclutamiento y aumentar la carga contributiva de los contribuyentes, sino que también han tendido a ‘devaluar el valor de la moneda’ del servicio público”
Parece desprenderse una utilización de este personal para algo más que asesorar o ejercitar labores de confianza. Parece que este personal siempre coincide con miembros meritorios en el partido, mientras que quienes de verdad tiene capacidad, por su tekné de asesorar utilizan otras fórmulas de apoyo a la decisión públicas, como en su día fue por ejemplo la asistencia técnica.

Sacrificios espúrios: bienes internos y externos

Algunos recordaran una película titulada Monseñor cuyo actor (Cristopher Reeve-Superman) era un meritorio y sacrificado presbítero que había hecho de todo por la Iglesia católica. Uno se plantea que tal vez todo esos sacrificios no sirvan más que a los intereses personales o mundanos o sean consecuencia de interpretaciones erráticas sobre el deber ser.

Sirva este ejemplo para mutatis mutandi ver que en los gestores públicos, como también sucede en otras actividades supuestamente no primordialmente lucrativas, hay mucho de esta insana equivocación. Siguiendo a Alasdair MacIntyre, parece que hay mucha confusión entre lo que se denominan bienes internos o primarios y bienes externos, o secundarios. Los primeros son los intrínsecos a la actividad concreta (justicia, curar, informar,…) y que satisface por sí misma bien sea vocación o imposición. Los secundarios serían aquellos que asimismo se consiguen con dicha actividad, pero que son más generales o comunes a otras actividades (prestigio, dinero, conocimiento, poder,información…).
Si los bienes primarios de la Política/Gestión Pública giran en torno al interés general en aras del progreso colectivo, cualquier sacrificio, inmolación de un gestor, deviene en espúria. Si un Juez se ocupa de que su juzgado sea el más limpio y de que sus funcionarios sean los que más ganan o cualquier otra frivolidad, pero no se juzga con equidad a los justiciables, dudo que ese Juez pase a la posteridad como el Honorable Juez Mr. Marchall. De la misma manera si un político utiliza los ingresos públicos y demás instrumentos de la acción de gobierno para favorecer intereses de partido, de sus correligionarios, de su red de sustento o como mecanismo de poder y no atiende a las reglas del buen gobierno haciendo políticas útiles para la ciudadanía.
Por lo tanto todo sacrificio invertido para el partido, grupo, secta o lo que sea, deberá en su caso ser apreciado por sus destinatarios. La ciudadanía, reconocerá la honorabilidad, o ésta en grado superlativo, cuando realmente haya habido un notable sacrifico por la sociedad destinataria de la acción política.
Para sacrificios y otros méritos me quedo con Agustina de Aragón, Vicente Ferrer, Teresa de Calcuta, o el capitán Shackleton, y como no, con aquellos servidores públicos que se la juegan, al menos, de vez en cuando, por la comunidad.
Podrá comprenderse que si un político se queda hasta altas horas de la noche, sacrificando horas de descanso, como ciudadano solo lo apreciaré si lo hace en aras de solucionar un problema público. Me queda lejos, y hasta lo desprecio abundantemente, si gasta su tiempo y los recursos públicos de todo tipo en maquinar contra el enemigo político, institucional o más aun en contra, incluso de sus correligionarios de grupo o colegas de gobierno.
Sé de sobra que todo esto no es nuevo en el mundo, sé que no es de ahora, aunque sea fruta del tiempo y sé de los miedos y miserias humanas individuales y colectivas. Pero también sé o quisiera creer que esta dinámica no debería darse por quienes se llenan la boca hablando de la democracia y de la legitimación de los votos, porque la mayoría no vota para que se produzcan sacrificios inútiles para el hombre común. Menos todavía de quienes se llenan la boca hablando de lo divino.
Será que los políticos no están bien asesorados o quizás mi casa no sea tan particular, y lo único que resta es institucionalizar los bienes secundarios para los sacrificios tengan su reconocimiento social.
Pero si quisiéramos optar por revitalizar los bienes primarios, sugeriría de entrada, por su antigüedad, leer con detenimiento el Libro de la Sabiduría y el Eclesiastés.

Faraones y sátrapas (y 2): abejas y zánganos

Como se sabe en el siglo XVIII Mandeville escribió La fábula de las abejas , que llevaba por subtítulo ‘‘Cómo los vicios privados contribuyen a la prosperidad pública” y, que bien podría tener su versión actual en “como los vicios públicos mejoran ostensiblemente la prosperidad privada individual o la de grupo. La fábula comienza describiendo el panorama del panal rumoroso señalando que cada parte estaba llena de vicios, pero todo el conjunto era un paraíso. Y termina cuando la deidad desterró los vicios y todos los ineptos o quienes sabían que sus servicios no eran indispensables se marcharon; no había ya ocupación para tantos. Los precios de las casas y de las tierras decayeron y el arte de construir está casi muerto, los artesanos no hallan empleo.
Parece que el espectáculo actual de la política no es tan novedoso e incluso casi sería axiomático que si muchas abejas se benefician del desorden, las que están en el panal lo hacen todavía más, y como nadie los zánganos.
Los faraones y sus gobernadores locales han vivido a costa de la cosecha que ellos mismos han plantando. Ha sido abundante y provechosa para muchos que callan y señalan, e incluso se atreven a pontificar. Se han vuelto a construir pirámides y esfinges, llegando casi a la plena ocupación, cumpliéndose casi de libro las previsiones científicas que siguiendo la ley de Okun, - relación ente el crecimiento del PIB y disminución del desempleo. El problema ahora es que hay poco que repartir ya que no se cosecha apenas, volviéndose a cumplir los presupuestos de Okun. De momento sólo se me ocurre desmontar las pirámides y llevarlas a otro lugar, no muy lejano, aunque esto solo diera para algunas abejas y algunos zánganos.
Hemos visto esos días un entreacto del sainete autonómico valenciano con la dimisión formal del presidente. No sé si es para reír o para llorar - de tragicómico se ha calificado - , aunque me inclino por lo segundo porque entre otras cosas mucho me temo que no están todos, ni todos están. Es más algunos siguen estando, y a veces lo gregario exige que o todos o ninguno. Me parece que para el juicio saldrán más y lo que es peor es que hay más en otras comunidades, municipios, más en otros partidos, más en otras instituciones públicas. Pero espero que no se dé lo peor. Aquello que clásicamente ha denominado “corruptio optimus, pessimi” , es decir la de aquellos que han de juzgar, es más, la de los que han de juzgar a los juzgadores. No podemos dejar que caigan más Ángeles.

Faraones y sátrapas (1): primos y sobrinos

En entradas de 12 de febrero de 2011 y 20 de marzo de 2009 me referí a la Productividad y Sector Público (5): La fábula de las abejas . En ellas reflejaba la riqueza que ocasionada el funcionamiento imperfecto, estéril y desordenado de lo público. La semana pasada se publicaba que el Gobierno de Aragón había aprobado un código de buenas prácticas de los gobernantes en torno a la dedicación exclusiva, la transparencia, la austeridad en la gestión, la búsqueda del interés general y el bien común, la renuncia a cualquier privilegio y el uso adecuado de los medios que tiene a su disposición, especialmente coches oficiales, viajes, gastos de representación y telefonía. Su finalidad es alejar la mala percepción que tiene la ciudadanía de los políticos y demostrar que los políticos y directivos son capaces de actuar varios criterios éticos, ejemplares y de eficiencia. Este gobierno regional también ha acordado la reducción de 22 por ciento en altos cargos y asesores. Según portavoz del mismo el anterior ejecutivo contaba con un volumen «sobredimensionado» de altos cargos, asesores y personal de confianza y ha observado que con el ahorro de casi 18 millones de euros se pueden construir cinco colegios y que es preferible construir colegios que tener asesores, pues el objetivo del Gobierno aragonés es generar riqueza y atender las necesidades de los aragoneses.
Lo que todo el mundo dirá ante estas afirmaciones es que a buenas horas se dice esto, como si ello no estuviera ya previsto en las normas más básicas de comportamiento social y la propias del sector público.
Oí en una ocasión que alguien acusaba a un Alcalde de la Comunitat de comportarse como un Faraón y que ese comportamiento faraónico no era sostenible. Hay faraones y Sátrapas en los nomos locales porque hay masa crítica que se beneficia del comportamiento desordenado. Aunque eso sí luego se alegran cuando caen alguno de esos faraones, a pesar del bien generado a cierto entorno. Seguro que esos que se rasgan las vestiduras tienen cerca a un familiar ocupando de interino una plaza de un primo llamado a mejor vida político-administrativa, o sabe del sobrino de su mejor amigo, ahora asesor de gabinete. También se conoce un vecino que trabaja en una empresa contratista afectada por alguna trama, o incluso es directivo de una empresa adjudicataria de un gran programa que se va a desarrollar fielmente por militantes de pata negra. Creo que esto es comprensible sin necesidad de tener un primo en política o en la de entrar en todo lo que ha generado la especulación financiera y la inmobiliaria.

El patio de mi casa es... muy particular

La última encuesta del CIS señala que el 85% de los españoles consideran muy o bastante extendida la corrupción, esto es grave. En la entrada del sábado 31 de octubre de 2009 publiqué un artículo mío de prensa denominado ¿Corrupción o Corruptelas? de 1 de noviembre de 2009. Allí señale que la distinción entre corrupción o de meras corruptelas nos es siempre fácil. La primera, afectaría a la esencia de la institución y su credibilidad en cuanto a su función social. La segunda, se trataría de una perversión de poca importancia, normalmente contra legem que no afecta a la credibilidad del sistema, incluso pese a su generalización. Quiere decir que no es lo mismo una astilla para estimular la productividad administrativa, que montar un evento público de calado, con la intención de beneficiarse a costa de lo público.
Pensar que lo que hay es corrupción y no corruptelas es de tal calado, que el siguiente estadio es actuar bajo el paradigma ‘Esti stato non daretur’. Tomándose la justicia por su mano, ojo por ojo, ejercicio arbitrario del propio derecho, economía sumergida, negocios ilícitos, ejércitos privados. Es decir mecanismos de sustitución de la dominación social legítima, que en sí no hacen sino volver al status político previo a la revolución moderna.
Cuando en esta semana uno lee sobre la dimisión del presidente de la Corporación RTVE , por el escándalo de la contratación de la empresa de su hijo, o cuando uno se entera de sobre lo sucedido en la SGAE, la verdad es que uno empieza a sospechar del grado de corrupción que pueda existir en realidad.
Si uno además oye que para la presidenta de una comunidad autónoma que su administración no tiene ni un puto duro, la verdad que la cosa, se agrava, porque los depredadores, puede acabar matando a la vaca, para comérsela, cuando esta no da ni leche. Véase que en Alicante, se ha detenido policialmente a un funcionario y dos empresarios por arreglare contratos del Plan E.
Si uno advierte que el Estado, las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y las Diputaciones podrían ahorrarse cerca de 13.000 sobre los 67.000 millones de euros tan sólo aplicando los principios básicos de una gestión económica eficiente, sobre el capítulo 2 de los presupuestos - gastos por bienes y servicios corrientes – podría pensar que algún duro podría volver a verse en las arcas públicas. También aparecerá más dinero con la eliminación que los diversos Gobiernos va a hacer de los cargos de designación política, aspecto que merece un comentario particular.
La falta de dinero público aun agrava la situación económica, cada vez menos alentadora para los erarios privados y públicos. En la Comunidad Valenciana en el primer semestre de 2011, supuestamente de estabilización, se han cerrado un 33 % más de empresas (2.242 compañías) que en la primera mitad de 2010.
La Comunitat Valenciana ha sido la segunda autonomía que ha registrado el mayor descenso en el Índice General de Producción Industrial en mayo, en relación con el mismo mes del ejercicio anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. El problema de verdad es que la situación de nuestra Comunitat no difiere mucho del resto nacional.
La situación es muy compleja y no sólo achacable a una deficiente o insuficiente acción de gobierno, pero que sin duda, desde una perspectiva de pues que necesita de un notable incremento en la calidad de gobierno. No se trata sólo de un adecuado contenido sustantivo de las políticas públicas, sino de la manera de hacer gobierno para ganarse la confianza social, que se presume en los mínimos históricos ante los resultados de la última encuesta del CIS. Según la definición de calidad de gobierno hay que trabajar mucho en el plano de la arquitectura institucional como en el de prácticas de gestión, para controlar la discrecionalidad en el ejercicio del poder.
En el patio de mi casa hay mucho que barrer. Aun quedan muchos depredadores de lo públicos, muchos ineptos, demasiado nepotismo y despotismo poco ilustrado. Y lo que es peor mucho fariseísmo e hipocresía social.
Tal y como está el patio, particularmente afectado por la opinión sociual,me parece que mucho hay que hacer para lograr ese pacto social del que ya se está hablando.

A buenas horas, mangas verdes

Leo estos días que un consejero autonómico de Sanidad, defiende la inclusión en la gestión pública de criterios de la empresa privada para mejorar la situación de la Administración y salir de la crisis. Dice este político que "es necesario empresarializar el sector público en gestión", si bien aunque rápidamente aclaró que "no es una privatización, es la introducción de la lógica de empresa en el sector público".
Al parecer estas declaraciones se enmarcan en la defensa del pago de unos incentivos a directivos de la sanidad pública.
Supongo que es sabido que si algo ha caracterizado a la denominada nueva gestión pública (NPM) ha sido precisamente la pretensión de introducir criterios empresariales en el manejo público. Supongo que es conocido la influencia de la obra ‘Gobierno empresarial de Osborne y Gaebler en la reformas de la era Clinton – la denominada NPR como especificidad USA de la NPM - .
Supongo que se conocen la iniciativa inglesa de las Agencias -Next steps iniciative – como intento de lógica empresarial de las unidades administrativa prestadoras de bienes y servicios públicos. También es sabido de la introducción de prosumership – clientelismo- y del TQM en la gestión administrativa.
Además es España por Acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de diciembre de 1993, se prohibió acordar “cláusulas de blindaje” en el ámbito de las Administraciones Públicas, parta los contratos de alta dirección publica. Y también se sabe que la contratación laboral no ha servido ni para la agilización ni para la flexibilización del HRM público.
Estas experiencias comparadas y domesticas han sido las herramientas de las que se ha servido la NPM para introducir la lógica empresarial. Han sido en términos de Ciencia administrativa los argumentos administrativos de la filosofía administrativa del NPM, en especial del neotayloriasmo, y la escuela del public choice. Entre las críticas que ha venido recibiendo la NPM está, sustancialmente, la de no haber servido a la eficiencia o a la calidad en la gestión. Parece, según la hipótesis de partida del proyecto europeo COCOPS ( entrada sábado 2 de abril de 2011, El futuro de la Gestión Pública en la Unión Europea) es que no ha servido para lo que estuvo pensada. Nos parece que todo apunta a que ha sido el instrumento de las movidas neoliberales o incluso el mecanismo para saciar los botines y llenar las alforjas de intereses privados.

La introducción de incentivos en la gestión pública es una dinámica que ya lleva tiempo implantada en diversos sectores, y de suyo tiene su encaje propio en la dinámica de la gestión organizativa (desarrollo organizacional, QWL,...). Tampoco merece etiquetarse como de genialidad el incremento sustancial de los sueldos de los directivos públicos.
La verdad es que cuando uno contempla los denominados fenómenos de huida del Derecho Administrativo, no queda muy satisfecho desde la perspectiva empírica. Y cuando se invoca el espíritu empresarial como el Godot que ha de venir a salvarnos de la crisis, resulta que uno ya es un descreído de estos eslóganes. Sobre todo hablar de espíritu empresarial es algo ya demodé.
Lo que se precisa para salir de la crisis es profesionalidad, honestidad, austeridad, sacrificio y espíritu de servicio, e incluso alguna heroicidad como las del capitán Shackleton.
Creo que hay mucho tabú, mucha maleza y bastante ignorancia en la diferencia entre lo público y privado, que convendría, desmitificar, desbrozar, e ilustrar.

OCDE: 'Panorama de las Administraciones Públicas 2011'

La OCDE inauguró en el año 2009 la serie de informes sobre el comportamiento comparado de las Administraciones de los países miembros, bajo el título 'Goverment at a glance, 2009', cuya verión española fue editada en el 2010 por el INAP. El segundo de la serie 'Panorama de las Administraciones Públicas 2011' refleja los últimos datos sobre el gasto público en los países miembros de la OCDE, mostrandose que han alcanzado niveles históricos, debido a los esfuerzos fiscales para ayudar a empresas y ciudadanos durante la crisis. Durante 2009, los países destinaron una media del 45% de su PIB, lo que ha supuesto un incremento de cinco puntos respecto 2007, antes de la crisis. Es esta dinámica España se encuentra entre los ocho países que más dinero se ha gastado en el Sector Público.
Para reducir lo que se califica como un "estado insostenible de las finanzas públicas", la OCDE estima que es necesario una reducción del gasto público y a la par un aumento de la presión fiscal. Dentro de las medidas que se consideran adecuadas está la conseguir un 4% el nivel de crecimiento para que la deuda acumulada pueda corregirse a partir del año 2026; búsqueda de ingresos por valor de tres puntos porcentuales del PIB para afrontar los gastos derivados de la dependencia de la población mayor de 65 años de edad; mejorar la transparencia en los nombramientos y contratos de los cargos públicos públicos; tasa baja de reposición de funcionarios (España tan solo remplaza a uno de cada diez funcionarios que se jubilan, mientras Francia, lo hace con uno de cada dos.)
Otras medidas son las destinadas al aumento de la eficiencia del sector público y en ese sentido el informe ‘Panorama de las Administraciones Públicas 2011’ ofrece un panel de aproximadamente 60 indicadores para la decisión-making público. Estos indicadores ofrecen información los ingresos recibidos, indicadores de inputs, gastos del gobierno, resultados del gobierno en sectores clave como educación, salud y administración fiscal. El informe ofrece datos comparativos sobre prácticas de gestión pública relacionadas con la transparencia y la integridad, autoridad reglamentaria, administración de recursos humanos en el servicio público y prestación de servicios.
Los indicadores proporcionan nuevas percepciones sobre enfoques normativos en gestión pública aportando información para el debate sobre políticas de reforma del sector público, aconsejando en cuanto al cómo y el dónde priorizar el gasto, reducir costos y promover la innovación.
En definitiva el informe, en la línea del primero de la serie en el año 2009 pone sobre la mesa la necesidad de reducir el déficit público, entre las medidas las de mejora del rendimiento de las Administraciones públicas, pero no es la única, y probablemente la más urgente. Lo que está en juego es la viabilidad de un sistema que se ha vuelto inestable y tiende al caos por colapso.
Traemos a colación este interesante informe descriptivo y prescriptivo sobre nuestro entorno político-administrativo, ya que hemos mostrado en entradas anteriores la secuencia de actuaciones a seguir en materia de austeridad y racionalización del gasto , dejando claro que buena parte del malgasto no está tanto en la actividad administrativa, sino en la decisión política sobre qué actividad. Para muestra un botón. Véase los motivos de supresión de la recién inaugurada línea Toledo-Cuenca-Albacete, con un gasto de 18.000 euros diarios. El balance de los seis meses de servicio directo entre las tres ciudades castellano-manchegas ha sido un desastre al contar sólo con 9 viajeros al día de los 2.190 potenciales en ambos sentidos.

La necesidad hace virtud (y 2)

Parece que enseguida que se constituyan los nuevos gobiernos autonómicos se va a adelgazar la Administración y consecuentemente una mayor gestión indirecta en los servicios públicos autonómicos. De momento nadie habla de desactivación de servicios o del copago, pero al tiempo. Primero se probará con nuevos modelos de gestión, más externalización y colaboración público-privada,...
Me llamo la atención en su día una noticia que relataba que un grupo de militantes del Sindicato Independiente Canario (SIC) decidió en febrero la fundación de un partido político para concurrir a las elecciones autonómicas con el principal objetivo de luchar contra el desmantelamiento de la Administración pública y de los servicios públicos esenciales: PSyEP, Partido por los Servicios y de los Empleados Públicos, pues según ellos los próximos cuatro años pueden ser terroríficos. Se vaticina una mayor politización - ¿ aún más ? – vía personal directivo.
En las recientes elecciones se ha ofertado la 'remunicipalización' de los servicios externalizados creando una empresa de gestión pública, porque se entiende que la gestión privada no es más rentable que la pública. Esto me parece una cuestión capital pues la perversión en la contratación puede y de hecho genera mayores costes de diversa naturaleza (transacción, cohechos,control, litigiosidad, …) la contratación administrativa es una más de las técnicas de gestión, que limitada por la ley a determinados servicios está sometida a la potestad autoorganizativa, lo que no significa el libre albedrío
Por reflejar hechos de actualidad en nuestro entorno podemos preguntarnos; ¿Por qué en Grecia se pagan cuatro mil quinientas jubilaciones ya extintas? ¿Por qué Grecia mantiene un coste de un millón de euros diarios en la operación contra Libia si la superioridad aérea ya está garantizada? ¿Por qué se siguen manteniendo las Diputaciones? ¿Qué pasa con las agrupaciones municipales? ¿Por qué en España se contrata a personal laboral en las Administraciones si la experiencia ha demostrado que no supone una gestión más flexibles, es muy problemático en su gestión, genera una alta litigiosidad y supone un 5% más en costes de Seguridad Social.
La necesidad hace virtud y cuando veas las barbas de tu vecino veas rasurar ya sabes. Alemania se anticipó a muchas de las medidas cuando aún se daban gordas, y España suele ser el país de los frutos tardíos. Mucho se ha prometido electoralmente como ya reflejamos.
Me parece que tal y como está la cuestión de la UE-OCDE, se debe generar un debate entre expertos y políticos avezados – que entenderían de lo que se les habla – sobre el modelo de Estado social que es sostenible y, si en ese marco la política puede controlar a la los mercados perversos e insolidarios. Mientras esto de resuelva, - en lo que hay para rato - para mí, en lo micro y en lo factible, creo que la necesidad nos exige un elenco de acciones virtuosas, que tampoco requieren heroicidades como por ejemplo;

- El ejemplo de los políticos con los gastos superfluos, el clientelismo, las practicas soterradas de spoil system…
- Política de reducción de subvenciones ‘meramente políticas’ (prensa, sindicatos, empresarios, colegios, ONGs…)
- Mayor control de las sindicaturas de cuentas
- Desactivación de servicios ineficaces o inservibles.
- Análisis sobre las alternativas a la gestión directa en la prestación de servicios
- Operatividad de los mecanismos propios de tecnoestructura y de inspección de servicios.
- Estudio de sistemas copago en educación y sanidad.
- Mayor rigor en la provisión de puestos de trabajo y apuesta por la polifuncionalidad dentro de las competencias.
- Elaboración de planes de ordenación de los recursos humanos.
- Control de la Ineficiencia ‘X’ y maximización presupuestaria.
- Metodología de análisis y evaluación de políticas

La necesidad hace virtud y ya indicó Von Stein que la Monarquia de su tiempo deberia hacer los necesarios cambios sociales, antes de que se impusieran por vía revolucionaria. Y así nació el Estado Social.

La necesidad hace virtud (1)

Ahora que los griegos están cara a la pared, tras haber mentido sobre sus cuentas publicas a la UE, tras haber pedido un segundo rescate y una ciudadanía indignada y una mala Gestión Pública, su gobierno plantea reformas radicales. El primer ministro griego, ha planteado la conveniencia de un referéndum para aprobar 'un cambio del sistema político' para el próximo otoño. Nada más y nada menos que los cambios necesarios pueden afectar "al sistema político, al funcionamiento del parlamento, al número de diputados, a la financiación de los partidos, al sistema electoral, o la inmunidad de los parlamentarios. Y lo mejor es que se afirma que es para hacer los grandes cambios que necesita el país. Supongo que solucionaran también lo que la prensa ha denominado el ‘jardín de las delicias griego’.
O sea que el diagnostico que ha venido haciéndose desde hace tiempo por voces críticas y autorizadas, resultan ser ciertas. Ha dicho el mandatario griego que "Nadie nos escuchará si no ven que nosotros mismos corregimos nuestros errores". En línea de principio todo está bien, si bien acaba, pero ya no es tiempo para brindis al Sol. Sinceramente creo que en nuestra Comunidad no necesitamos tanto diputado, no necesitamos a las Diputaciones, con una adecuada estructuración comarcal dependiente de un nivel político-administrativo de régimen Local y cohesión territorial –. Ya pocos se acuerdan de aquel Decreto del Gobierno Valenciano (núm. 170 de 28 de octubre de 1985) sobre las Demarcaciones Territoriales Homologadas como referencia para la descentralización administrativa de los diferentes servicios prestados por la Generalidad, como la educación, la sanidad, o la agricultura.
El problema es que el Estado del Bienestar es un problema en sí, político y administrativo, por dos razones que me parecen fundamentales y sencillas: de una parte porque es demasiado caro, y en no pocas cuestione es eficaz, como el sistema de educación en todos los niveles, por poner un ejemplo grave de ello. De otra por la fragmentación y diversidad de las demandas sociales, lo que obliga aun dinámica expansiva.
La conocida ‘Ley de Wagner’, ya apuntaba que el desarrollo económico de la sociedad conlleva al incremento del gasto público ya que del nuevo status surgirían nuevas necesidades de la actividad pública reguladora y protectora, debido a factores como el incremento de la población, urbanización, uso de nuevas tecnologías u otras causas adicionales. En contra del postulado liberal de activación-desactivación en función de lo que el mercado solucione, resulta que la actividad económica del Estado, siempre aumenta, lo que no deja de ser paradójico, como lo demuestran la cifras, que en anterior entrada dejamos señaladas de que en pleno auge de la NPM, se han producido la mayores cotas de gastos públicos en el marco de la OCDE.
Si a la dinámica expansiva del Estado se le suma la que deriva del incremento de las prestaciones del bienestar, bien por comodidad electoral, bien por la mala cultura cívica, resulta que, el final es el colapso, mientras que las leyes de la economía marquen las reglas.

Indignación administrativa

No sólo los indignados del 15-M tienen la exclusividad de la indignación, en la entrada blog anterior decíamos que hay muchas maneras de contribuir a la gobernabilidad democrática, desde dentro y fuera del sistema. Se puede estar con la filosofía del movimiento pero no con todas y cada una de las propuestas, la indignación es coincidente respecto al diagnóstico, pero las soluciones tienen diferentes enfoques. Quien ha estado ahorrando del producto de su trabajo para comprar una vivienda que ahora no puede pagar o vender, no tiene la misma legitimación del que la adquirido por vía de pelotazo o de herencia. Quien ha obtenido una plaza de empleado por vía de oposición, no la tiene con respecto a quien ha entrado por la puerta de atrás. Y quien trabaja en una mina no la tiene con aquel que desempeña sus funciones con aire condicionado e hilo musical. Por lo tanto hay muchos y diversos motivos para indignarse y sobe todo, intensidades distintas. La historia está llena de indignados, cuya mayor indignación fue la no poder quejarse vida, has que llegaron los de la voz de los sin voz, las ONGs y demás movimientos sociales de acción social generosa y ‘gratuita’, porque hay muchos falsos profetas y curanderos que cobran. No olvidemos lo de la gratuidad nunca, porque la ingratitud genera mucha indignación.
En lo que a este blog hace yo me sumo al diagnostico del desgaste democrático y el de la corrupción en la gestión pública. Sin identificarme con la terapia del Barón Karl Von Stein, sí me parece oportuno hacer uso de la inhabilitación política y del régimen disciplinario para los empleados públicos. Pero sobre todo me parece hacer uso de terapias preventivas de cultura organizativa, y la solución pasa por establecer una buena tecnoestructura en la gestión administrativa de las políticas. Andrés Morey en su trabajo “La Administración general y su papel respecto de las políticas públicas” en La Administración Pública entre dos siglos, Libro Homenaje a Mariano Baena del Alcázar,de reciente factura, apuesta porque los Tecnicos de administración general se ocupen de velar por el cumplimiento de la legalidad, criticando una tendencia perversa que se ha practicado en nuestra Administración que cualquier cuestión jurídica pasa a ser problema de los servicios jurídicos, que ha convertido al administrador general en mero empleado que cumple órdenes y que no ejerce de garante de nada, obligando a crear en el seno de la organización de cada departamento, ministerio o consejería, especialistas en determinar, definir, informar o introducir lo jurídico en lo administrativo y convierte a la gestión de los procedimientos administrativos en una mera aplicación normativa factible por cualquier funcionario, en cuanto la garantía de los mismos radica en el informe jurídico, más que en la tramitación.
Coincido plenamente con la visión de Morey sobre la necesidad de un redireccionamiento del TAG. Éste es el elemento tecnoestructural por definición de la organización administrativa, y a buen seguro que su posicionamiento funcional en la organización evitaría muchos problemas y malquehacereres, sobre todo en la contratación administrativa y en la gestión de personal.
Empezando por lo dicho sobre el TAG, siguiendo con la implantación de una Dirección pública profesional, la fiscalización de la inspección de servicios, el control de la adjudicación de los contratos, y terminando con lo relativo a la selección el personal, podrían ser remedios no muy estrambóticos para aplacar la indignación administrativa.
Otra terapia sería la implantación de cursos de regeneración democrática, bien como una suerte de catequesis introductoria al ejercicio de los cargos públicos, o como las sanciones por conducción temeraria de vehículos. Habría que estudiar detenidamente el contenido curricular de estos cursos.

15-M: Luces y sombras para la gobernabilidad

Mucho se está hablando en pro y contra sobre las derivas de los movimientos de 15-M, sobre todo por sus derivas no pacíficas. Lo cierto es que es una voz de la denominada sociedad civil, más o menos espontanea aunque sea por su heterogeneidad, que tiene mucho de razón en lo que dice. Yo al menos me sumo a dos de sus consignas; mas democracia real y menos corrupción en la gestión pública. Un portavoz de una ONG de buen desempeño como es Caritas, exenta de toda sospecha política, ha señalado que está "muy en comunión con todo lo que hay de sensibilidad por una gestión pública transparente" en el ámbito de los movimientos sociales, . Es una necesidad que está vigente porque hace falta "regenerar a esta sociedad y liberarla de su secuestro, según dicen los entendidos, o sanearla de su corrupción".
A la par de su cometido específico la organización apuesta por trabajar "ayudando desde la crítica constructiva, desde una actividad pacífica pero permanente", por lo que es preciso "una llamada al fortalecimiento de las redes sociales comunitarias y vecinales" ante "estos tiempos de crisis del estado de bienestar" y de peligro de para los servicios sociales.
Cáritas señala que no puede tener una adhesión específica y concreta al 15-M porque éste es un movimiento ciudadano, sobre todo, y la suya una organización de acción social..
En la Iglesia Católica, por mor de su diversidad, sobre todo ideológica, ha habido apoyos incondicionales pero también críticas, y ciertamente los últimos hechos no ayudan para un entusiasmo incondicional, aunque hemos de ver el fenómeno en clave europea (antes Portugal, Inglaterra y Grecia). Voces autorizadas critican las formas, aunque manifiestan su apoyo en los fines.
En su tiempo el Barón Karl Von Stein, - no confundir con el posterior Lorenz Von Stein - ministro de Federico Guillermo I de Prusia , aun siendo político impulsor de reformas sociales, recomendaba que para mantener el espíritu activo de la Administración, sería conveniente además de fusilar cada tres años a algunos ministros, consejeros y generales, despedir a todo los funcionarios de más de 50 años.
Esta iniciativa popular de los movimientos 15-M debe ser reconducida para conseguir hábitos nuevos y reconducir situaciones indeseables, tanto en la política como en la sociedad. No es menester para ello llegar a las píldoras Von Stein, pues además de las voces ciudadanas, tenemos la inhabilitación y la separación del servicio.
No sé si lo del Ayuntamiento de Paterna de esta semana es eco de esas demandas sociales, pero en todo caso, sí nos parece plausible, por insólito - aunque no original ni pionero - Se trata de la iniciativa del Alcalde de Paterna de ofrecer, con mayoría absoluta, tres concejalías a la oposición con el fin de contribuir la gobernabilidad y estabilidad. Esta iniciativa podría calificarse de dardo envenenado, de brindis al sol o similar. Pero la verdad es que es de los pocos gestos democráticos, generosos, inteligentes políticamente y cívicos que he visto últimamente en este ambiente tan enrarecido. Además la dinámica previa de Lorenzo Agustí le avala en la bondad de este tipo de iniciativas. Son momentos de gobiernos de concentración, por las dificultades y por lo impopulares de muchas de las medidas a adoptar, y sobre todo, porque hay que centrarse en los ciudadanos y concentrarse para tomas las decisiones

La deconstrucción político-administrativa (y 4)

La simbiosis de los tres pilares de la idea de lo público exige una corresponsabilidad, coherencia y sinergia de los actores que los integran. Ellos conjuntamente deben impulsar políticas regulativas y operativas tendentes a la destrucción creativa del desorden establecido, pudiendo comenzarse por reconstruir es la equivalencia entre lo que parece público y no lo es, al menos en términos de gasto público. Sabemos que hay una noción del aparato administrativo, equivalente a la burocracia pública… Hay otro sentido económico que coincide con el Sector público. Pero el problema está es ese limbo al que se destinan recursos públicos sin que haya un valor público claro o tangible. Ahí es donde se produce en mayor medida el despilfarro, el amiguismo, el reparto del botín. Los entes pseudo públicos aparecen ‘sub specie boni’ de fundaciones, subvenciones, creación de empresas de amigotes, familiares, militantes, correligionarios… para ser adjudicatarias de importantes negocios públicos). Pero el empirismo no dice que desde la cultura del pelotazo, este gasto público va fundamentalmente a satisfacer intereses privados de dudosa legitimidad, cuya única razón, hay que insistir es la afinidad ideológica, religiosa, la simonía, el clientelismo, la instrumentalización… Esto merece controles internos y externos, en el que los interventores, inspectores tengan una corresponsabilidad ex ante para su creación. Por lo tanto se impone una Ordenación del Sector Público y, en su caso, Agencialización razonable, con una derogación inmediata de esa patente de corso que es el art 5 de la ley Hacienda valenciana y normar con rigor y concreción sus aspectos.
En segundo término se precisa una Evaluación del desempeño organizativo que sea posterior a un previo establecimiento de objetivos, gestión de políticas, de recursos y de programas. Ello implica la necesidad de una auténtica Dirección pública profesional, la implantación de requisitos para algunos cargos políticos. En estos días no puede ser Ministro, Conseller, Concejal de una gran población, o presidente de un ente públicos quien, no tenga una titulación universitaria y un mínimo de cinco o siete años de experiencia profesional o empresarial. Igualmente hay que exigir la operatividad de mecanismos de responsabilidad en los agentes públicos (vg. Art. 89 LOGFPV)
En tercer lugar, como siguen habiendo muchos free riders (gorrones) del sistema social que consumen sin necesitarlo y no contribuyen debiendo y pudiendo, hay que repensar el mecanismo de subvenciones, prestaciones y sobre todo reflexionar en un sistema de copago equitativo, especial mente en sanidad y educación. No es de recibo que la gente le pese más gastarse 50 euros en un tratamiento médico y en una cena de viernes noche.
Y como resultado de los tres puntos anteriores, hay que pensar en un “adelgazamiento" de la administración, por la vía de quitarse grasa impropia, especialmente la que deriva del coste político (privilegios, gastos superfluos,… Posiblemente sin necesidad de reducir la calidad de los servicios públicos esenciales, pueda conseguirse un sano adelgazamiento, vía control del gasto, copago , respuesta temprana al ciudadano, potenciación de la participación ciudadana, evaluación continua de la administración, e-administración ( se dice que de su potencial estamos todavía entorno aun 10%) , exigencia de la responsabilidad política y administrativa, despolitización y profesionalidad en la actuación administrativa derivada de la ejecución de políticas con un revival de la función de los TAG como bien ha señalado recientemente Morey Juan (Cfr. “La administración general y su papel respecto de las políticas públicas “ en La Administración Pública entre dos siglos, Libro Homenaje a Mariano Baena del Alcázar) y por terminar una merecida apuesta por la función pública, que haga desaparecer el slogan de que los agentes públicos son buena gente atrapada en un mal sistema, por falta de honestidad política, espíritu de servicios, liderazgo en la administración y mejora de la función directiva.

La deconstrucción político-administrativa ( 3)

Además de las voces críticas, colectivas y singulares, que hemos señalado aparecen otras de cierto fuste moral. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) manifiesta que la crisis ha supuesto, “una vuelta de tuerca más en el modelo social, en el que se identifica progreso con crecimiento económico". Porque "la actual situación de precariedad y empobrecimiento no es producto sólo de la crisis económica, sino efecto de un mal endémico al sistema económico y productivo vigente, agravado aún más por la crisis, especialmente, en nuestro país en lo referente al empleo". La conclusión es clara para la HOAC: "El empobrecimiento es una injusticia estructural de nuestra sociedad, consecuencia de la distribución injusta de los bienes, es un problema radicalmente político". Y debe denunciarse, el problema de "los quietos, los que miran hacia otro lado ante el sufrimiento de los demás". Pasando a la acción, "uniendo nuestra vida a las víctimas" con "hábitos de vida evangélicos", luchando por romper la normalidad impuesta y por "hacer real otro camino y otra cultura". Se trata de tarea pendiente también en la propia Iglesia. "La lucha por la justicia tiene que ocupar un lugar más central en nuestra Iglesia y que se haga más presente la denuncia de las causas del empobrecimiento".
Cambiar hacia una dinámica social como la descrita por la HOAC u otras propuestas semejantes en lo social, pero con fundamentaciones distintas, exige un proceso radical de “innovación política”, lo que implica un proceso de transformación impulsado políticamente hacia una práctica social generalizada. Implica cambios en los hábitos y en las normas expresas o tácitas de convivencia así como en las instituciones que configuran la estructura del sistema político. De la misma manera que se pretende una economía sostenible, aquí se trata de una sociedad menos economicista y más humana y solidaria, así de claro.
En este camino lo primero que hay que reconstruir es la confianza básica en lo público, y esto puede ser más sencillo de lo que se piensa. Pero fijémonos que lo público tiene tres pilares en lo social-colectivo (argumento cultural), en lo político (argumento politológico) y en lo administrativo (argumento técnico-organizativo).

La deconstrucción político-administrativa (2)

En este mes de mayo se presento por Federico Mayor Zaragoza, entre otros, el libro 'Reacciona', un libro de propuestas para cambiar el mundo, un Manual para volver a ser ciudadano y no súbdito."Vivimos una crisis sistémica que no encuentra una respuesta globalizada en un mundo que, sin embargo, es cada vez más global", dijo Mayor Zaragoza, defensor de la reconversión del individuo a ciudadano para que de una vez por todas deje de ser "un súbdito del mercado".
Estos mensajes anti, con, contra, para… y demás suerte de proposiciones tiene una llamada que clama a los políticos nacionales, internacionales así como a los actores no gubernamentales pero de notoria influencia. Se trata de no dejar perder a una generación, pues tarde o temprano acabar generando un cleavage en la cohesión social, y esto es una de las peores amenazas para la gobernabilidad.
El informe a la trilateral de Huttintong y cia. de 1975 y el posterior de Putnman y cia. de 2000 ya nos avisaron de las amenazas a la gobernabilidad democrática. El primero era una cuestión primordialmente ideológica, mientras que el segundo, los problemas venían por su mala gestión.
Es la gestión la que parece nuevamente cuestionarse con el movimiento del 15-M, a pesar de agenda de la OCDE al respecto. La ciudadanía ni está de acuerdo con las políticas constitutivas, ni con las distributivas, ni con el perfil de sus gestores, si bien es cierto que ha habido mucha complacencia y connivencia social. Ahora con las vacas flacas, la gente se levanta cada día más indignada, porque ven que como siempre, a pesar del progreso nominal, pierden los de siempre.
Coincido con que lo que se ha señalado que la gravedad de nuestra crisis no viene determinada sólo por factores económicos, sino que traen causa en algo más profundo. Es una crisis de valores y generacional, gestada en las últimas dos décadas. Se desprecia el esfuerzo, el sacrificio, apostando por la inmediatez y un pseudo epicureísmo del ‘queremos todo y ya’ .
Por lo tanto en cierta parte sería comprensible que si los de esta generación de hogaño no se han esforzado como los de antaño, no puedan disfrutar de frutos que sólo derivan del esfuerzo se disfruten tras el esfuerzo. Esta suerte de darwinismo social podría tener su justificación, pues si es cierto que tiene más desventajas, también hay muchas más oportunidades dada la complejidad social.
Pero a mi juicio hay dos cuestiones de gran responsabilidad política en esta compleja situación.
En la España de 1998 el entonces Ministro de economía expresó aquello de que “España es el país donde es más fácil enriquecerse en menor tiempo”. A renglón seguido vinieron los grandes escándalos de la Cultura del Pelotazo, el urbanismo, la ingeniería financiera y la economía especulativa.
Pero algo mas grave también ha sucedido y es la cantidad de gente que no ha trabajado, pudiendo. Esos afortunados de cuna y clase, que en todo caso vivían de sus rentas patrimoniales (clase social alta según la descripción de Kerbo) han creado escuelas en sus descendientes y en los de otras clases que también han quiero ser como ello, vivir sin trabajar, ganar el pan con el sudor de la frente de otros. A esta situación ha contribuido la perversidad del llamado efecto Mateo de la administración prestacional del modelo del bienestar, al desviar recursos hacia aquellos que precisamente no los necesitan.
Como ha dicho Olegario González de Cardedal hay que reconocer que éste es un tiempo de decadencia política, filosófica, cultural y teológica. Por ello, esta ausencia de ideales, merece que otros pensadores como H. Lefebvre describen al hombre ciberantropo como aquel cuyo ideal consiste en vivir en un gran supermercado cuyos productos colmen a cualquier persona.

La deconstrucción político-administrativa (1)

La destrucción creativa es deudora del economista Schumpeter, - si bien con antecedentes en W. Sombart -, quien consideraba a tal idea como el núcleo esencial del capitalismo. Un proceso de destrucción constante de estructuras, procesos y productos para la supervivencia por adaptación al mercado. Es una perspectiva propia del emprendedor e innovador. Su aplicación a la Gestión pública innovadora es obvia en el marco de la complejidad creciente del cross-modern social.
¿Puede la Administración Pública ser motor de un proceso de deconstrucción-construcción en una dinámica de tendencia caótica por mor de la incertidumbre del ambiente? Previamente veamos algunos datos;
- La OCDE acaba de hacer previsiones sobre España, diciendo que hasta el año 2026 no llegaremos a las tasas de empelo anteriores a la crisis, es decir, a aquel un 8,9 %.
- El Nobel Krugman avisa de que Estados Unidos va, a su juicio, de cabeza a una Tercera Depresión, similar a las iniciadas en 1873 y 1929. “Ni la Depresión Duradera del siglo XIX ni la Gran Depresión del XX fueron épocas de un declive económico continuado. Al contrario: ambas incluyeron periodos de una cierta prosperidad. Pero tales intervalos de mejora nunca fueron suficientes como para compensar el daño infligido por el deterioro inicial y fueron seguidos de recaídas posteriores. Me temo que nos encontramos en las etapas iniciales de una tercera depresión. Se parecerá más a la Depresión Duradera que a la más salvaje Gran Depresión. Pero el coste para la economía mundial y, sobre todo, para los millones de vidas arruinadas por la ausencia de empleo, será, en cualquier caso, inmenso”. (sic)
- El Fondo Monetario Internacional ya advirtió de que el paro juvenil, en particular, ha aumentado sustancialmente que el "caso extremo" de España, supone que la mitad de los jóvenes están en paro, hace surgir el fantasma de una "generación perdida".
- Un reciente estudio para la Universidad Cardenal Herrera-CEU, titulado "el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la relación directa entre ciudadanos y representantes políticos. el caso de las cortes valencianas 2010": revela que de 126 mensajes electrónicos enviados a los diputados autonómicos en el que se realizaban peticiones por parte de la ciudadanía, sólo hubieron 15 respuestas.
- Hemos visto que el movimiento social ‘Democracia real ya’ se manifestado en casi toda España con los mismas consignas más que descriptivas; "No somos mercancía de políticos ni de banqueros", "desempleados, mal remunerados, subcontratados en precario, hipotecados" "un cambio de rumbo y un futuro digno" "esta crisis no la pagamos", "no más corrupción, pasamos a la acción", "manos arriba, esto es un atraco", (...)

Los diferentes manifiestos leídos muestra la preocupación e indignación de los ciudadanos por las consecuencias de la crisis económica y la respuesta política a la misma.”Ni estamos, ni esperéis mucho de nosotros”
Progresistas, conservadores, creyentes, descreídos... todos están preocupados e indignados por el panorama político, económico y social imperante. Yo vengo hace tiempo sumándome a manifiestos como el de la Universidad ‘Críticos y Ciudadanos’ en favor de determinados cambios que también coinciden en lo sustancial reflejan que con los del movimiento indignaos, Democracia ya … cuyos lemas , a pesar de las coincidencias en el tiempo, no sólo consignas electorales de grupo, si no causalidades de las acciones sociales y decisiones político-económicas pasadas , como puede verse una de ellas en uno de los videos de más popularidad en estos días .
http://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ

Opiniones (no electorales) sobre Administración Valenciana

Parece que hay consenso entre sindicatos, empresarios, investigadores universitarios y partidos en cuanto a que el número de funcionarios en la Comunitat Valenciana no es elevado y de que los funcionarios no son (todo) el problema.
 La Asociación Valenciana de Empresarios tampoco considera la carga como alta si bien se precisa un ajuste de reorganización a las necesidades reales. Igualmente consideran que en materia de productividad deben aproximarse hacia un modelo más parecido al de la empresa privada.
 El sindicato CSIF sí considera preciso adecuar los efectivos a las necesidades de cada sector, utilizando las medidas propias existentes en el sector público. CC.OO, opina que incluso es necesario incrementar las plantillas en aras de un servicio público de calidad.
 Alguna opinión del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València considera compatible más efectivos para los sectores de salud, educación o servicios sociales con una mejor gestión del rendimiento de los recursos humanos que redunde en una mayor eficiencia en la función pública.
 El 'Índice de Libertad Económica en las Comunidades Autónomas 2011' que realiza la Universidad Complutense, sitúa a la Comunitat como la tercera con menos empleados públicos en relación con el total de ocupados laboralmente.
 Datos del INE para la EPA del segundo trimestre de 2010, permiten afirmar que en España el porcentaje de empleo público (13%) está por debajo de la media de la OCDE (14,4%) y muy por debajo de países como Noruega, Suecia, Francia o Finlandia, en donde más de uno de cada cinco empleos es público. De su parte la Comunitat Valenciana y Cataluña son las regiones de España con menos empleo público respecto del empleo total.
Como medidas a adoptar por estos actores se propone;

 Necesidad de una reestructuración de la Administración valenciana.
 Implementación de los servicios online (e-administración).
 Empresas públicas sin pérdidas.
 Eliminación de las Diputaciones y la concentración de Consellerías.
 Revisión de actividad administrativa objeto externalización
 Mayor austeridad ante lo gastos de poca utilidad social y recuperación de figuras impositivas.

Rebajas (electorales) sobre Administración Valenciana

Es realmente sorprendente, supongo que con la que está cayendo en términos de gestión y gasto público, la importancia de la Administración Pública cada día que pasa de campaña electoral. Parece que tenemos las soluciones a todo, tengamos o no competencias para ello. Vamos analizar la radiografía política que se hace sobre problemas y soluciones para nuestras Administraciones valencianas.
Algunas de las propuestas son autenticas `perlas´, visto el dicente y merecerían un sustancioso comentario, pero aquí y ahora no es lo que interesa, sino la fidelidad a la clásica semana de rebajas de oferta electoral-olvido administrativo.
Un esfuerzo de aglutinación por materias, nos permite ver que se nos dice, sobre organización y funcionamiento;
 La Administración Pública valenciana está razonablemente dimensionada, muy por debajo de la media europea que se sitúa en 15 habitantes por empleado mientras la nuestra está en 29.
 En ningún caso la solución a la crisis económica es reducir el número de recursos (personales o económicos) de las Administraciones Públicas, de lo que se trata es de reorganizarlos adecuadamente.
 Hay que conseguir la reducción del gasto en la administración así como la reorganización y reestructuración del sector público.
 Los funcionarios de la Generalitat realizan un trabajo excepcional, no tiene ningún sentido recortar funcionarios porque todos son necesarios.
 Se precisa una ley de eficiencia en el gasto que contemple un estudio coste-beneficio para reducir el 20% los sobrecostes y los costes excesivos y el 50% de los cargos de confianza.
 Los procesos de la Administración del Consell serán transparentes y propiciarán la participación del pueblo valenciano.
 Los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas, estarán sujetos a la transparencia así como el acceso gratuito a las informaciones y los datos públicos.
 Prohibición de la formalización de contratos con cláusulas de confidencialidad para transacciones en las que intervengan recursos públicos.
 Creación de una oficina antifraude, un registro de contratos menores y otro de obsequios a autoridades, funcionarios y empleados públicos.
 Redimensionamiento de las Diputaciones Provinciales para dedicarlas exclusivamente a las poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

Sobre los cargos públicos;

 Se garantiza la publicación de las "retribuciones íntegras" de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza así como sus gastos de representación.
 Exigencia a cualquier candidato electoral de una experiencia profesional previa de al menos tres años.
 Presentación de declaraciones de bienes al inicio y fin de la legislatura y prohibición de recibir regalos o servicios con valor superior a 150 €.
 Incompatibilidad de recibir ingresos como cargo público y por remuneración del partido.
 Limitación a tres legislaturas ocupando el mismo cargo público.

Investigación en recursos humanos y organizaciones Públicas

El Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), organismo adscrito al Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco, ha editado recientemente la primera revista de España especializada en aspectos vinculados a los recursos humanos, la organización o la gestión para la mejora de las Administraciones. Ha nacido la 'Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas', con el fin de aportar conocimiento hacia la mejora del servicio público así como un incremento en los niveles de eficacia y eficiencia.
Es plausible el enfoque de temas relacionados con Administración Pública que sobrepases el planteamiento jurídico, dominante en años y en sectores en la materia. Así el aumento de la productividad del sector público, la racionalización de estructuras son objeto de investigación y análisis.
La publicación se estructura en de cuatro secciones, dedicada a “Estudios" sobre el funcionamiento y la gestión de las Administraciones. La segunda se centra en un "Análisis y Debate Jurídico", la tercera se ocupa del campo de la "Innovación y las buenas prácticas" en las Administraciones, y la cuarta que será una suerte de misceláneo, y que en el primero numero se abordan cuestiones como la nueva Ley de Empleo Público para Euskadi, la creación de valor para una gestión pública inteligente, el empleo público y la integridad, o la evaluación del desempeño.
La revista tiene una periodicidad semestral y para la Universidad de Valencia es de notar que su Consejo de Redacción está presidido por el catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad de Valencia, José María Peiró.
Esta dinámica superadora de la tradición jurídica, va siendo cada vez más un estándar en la investigación y publicación posterior, como puede verse en dos recientes obras del INAP del año 2010, como resulta de La alta dirección pública: Análisis y propuestas y La gestión del rendimiento: Perspectivas multidisciplinares.
En esta dinámica tendente al conocimiento técnico-organizativo podemos recordar el párrafo siguiente de Max Weber de Economía Y Sociedad “(…) Pero también históricamente, el “progreso” hacia lo burocrático, hacia el Estado que juzga y administra asimismo conforme a un derecho estatuido y a reglamentos concebidos racionalmente, está en la conexión más íntima con el desarrollo capitalista moderno. La empresa capitalista moderna descansa internamente ante todo en el cálculo. Necesita para su existencia una justicia y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse racionalmente, por lo menos en principio por normas fijas generales con tanta exactitud cómo puede calcularse el rendimiento probable de una máquina (...)
Puesto ya en harina traemos también a colación la descripción sobre la Ciencia Administrativa que en 1983 publicaran. CHEVALLIER Y LOSCHACK, “(…) El desarrollo de la ciencia administrativa ha tomado diferentes vías según los países y preocupaciones a las cuales respondía, pero también según los obstáculos que ha encontrado para constituirse, al variar estos en función de sus tradiciones, políticas, administrativas e incluso científicas. En la mayor parte de los países europeos, la Administración Pública ha acaparado durante mucho tiempo la atención única de los técnicos y de los teóricos. Concebida como un instrumento de mando en manos del poder político, no parecía susceptible de ser estudiada científicamente. El problema esencial que se planteaba era el de proteger los derechos de los individuos dando al mismo tiempo a la Administración los medios para actuar. Se ponía el acento, ante todo en el derecho administrativo que se estimaba particularmente apto para realizar este doble objetivo y que tendía, en estas condiciones, a monopolizar todo el interés en el campo de los estudios administrativos. A la inversa, en los países caracterizados por su escasa tradición administrativa como los Estados Unidos, las primeras tentativas de racionalización y teorización de la gestión aparecieron en el sector de la administración de los negocios a fin de incrementar la eficacia y el rendimiento de las empresas. Tanto en un caso como en el otro, la evolución posterior no pudo borrar completamente la huella impresa, desde el inicio en la ciencia administrativa europea y americana (…)