Indignación administrativa

No sólo los indignados del 15-M tienen la exclusividad de la indignación, en la entrada blog anterior decíamos que hay muchas maneras de contribuir a la gobernabilidad democrática, desde dentro y fuera del sistema. Se puede estar con la filosofía del movimiento pero no con todas y cada una de las propuestas, la indignación es coincidente respecto al diagnóstico, pero las soluciones tienen diferentes enfoques. Quien ha estado ahorrando del producto de su trabajo para comprar una vivienda que ahora no puede pagar o vender, no tiene la misma legitimación del que la adquirido por vía de pelotazo o de herencia. Quien ha obtenido una plaza de empleado por vía de oposición, no la tiene con respecto a quien ha entrado por la puerta de atrás. Y quien trabaja en una mina no la tiene con aquel que desempeña sus funciones con aire condicionado e hilo musical. Por lo tanto hay muchos y diversos motivos para indignarse y sobe todo, intensidades distintas. La historia está llena de indignados, cuya mayor indignación fue la no poder quejarse vida, has que llegaron los de la voz de los sin voz, las ONGs y demás movimientos sociales de acción social generosa y ‘gratuita’, porque hay muchos falsos profetas y curanderos que cobran. No olvidemos lo de la gratuidad nunca, porque la ingratitud genera mucha indignación.
En lo que a este blog hace yo me sumo al diagnostico del desgaste democrático y el de la corrupción en la gestión pública. Sin identificarme con la terapia del Barón Karl Von Stein, sí me parece oportuno hacer uso de la inhabilitación política y del régimen disciplinario para los empleados públicos. Pero sobre todo me parece hacer uso de terapias preventivas de cultura organizativa, y la solución pasa por establecer una buena tecnoestructura en la gestión administrativa de las políticas. Andrés Morey en su trabajo “La Administración general y su papel respecto de las políticas públicas” en La Administración Pública entre dos siglos, Libro Homenaje a Mariano Baena del Alcázar,de reciente factura, apuesta porque los Tecnicos de administración general se ocupen de velar por el cumplimiento de la legalidad, criticando una tendencia perversa que se ha practicado en nuestra Administración que cualquier cuestión jurídica pasa a ser problema de los servicios jurídicos, que ha convertido al administrador general en mero empleado que cumple órdenes y que no ejerce de garante de nada, obligando a crear en el seno de la organización de cada departamento, ministerio o consejería, especialistas en determinar, definir, informar o introducir lo jurídico en lo administrativo y convierte a la gestión de los procedimientos administrativos en una mera aplicación normativa factible por cualquier funcionario, en cuanto la garantía de los mismos radica en el informe jurídico, más que en la tramitación.
Coincido plenamente con la visión de Morey sobre la necesidad de un redireccionamiento del TAG. Éste es el elemento tecnoestructural por definición de la organización administrativa, y a buen seguro que su posicionamiento funcional en la organización evitaría muchos problemas y malquehacereres, sobre todo en la contratación administrativa y en la gestión de personal.
Empezando por lo dicho sobre el TAG, siguiendo con la implantación de una Dirección pública profesional, la fiscalización de la inspección de servicios, el control de la adjudicación de los contratos, y terminando con lo relativo a la selección el personal, podrían ser remedios no muy estrambóticos para aplacar la indignación administrativa.
Otra terapia sería la implantación de cursos de regeneración democrática, bien como una suerte de catequesis introductoria al ejercicio de los cargos públicos, o como las sanciones por conducción temeraria de vehículos. Habría que estudiar detenidamente el contenido curricular de estos cursos.