Es realmente sorprendente, supongo que con la que está cayendo en términos de gestión y gasto público, la importancia de la Administración Pública cada día que pasa de campaña electoral. Parece que tenemos las soluciones a todo, tengamos o no competencias para ello. Vamos analizar la radiografía política que se hace sobre problemas y soluciones para nuestras Administraciones valencianas.
Algunas de las propuestas son autenticas `perlas´, visto el dicente y merecerían un sustancioso comentario, pero aquí y ahora no es lo que interesa, sino la fidelidad a la clásica semana de rebajas de oferta electoral-olvido administrativo.
Un esfuerzo de aglutinación por materias, nos permite ver que se nos dice, sobre organización y funcionamiento;
La Administración Pública valenciana está razonablemente dimensionada, muy por debajo de la media europea que se sitúa en 15 habitantes por empleado mientras la nuestra está en 29.
En ningún caso la solución a la crisis económica es reducir el número de recursos (personales o económicos) de las Administraciones Públicas, de lo que se trata es de reorganizarlos adecuadamente.
Hay que conseguir la reducción del gasto en la administración así como la reorganización y reestructuración del sector público.
Los funcionarios de la Generalitat realizan un trabajo excepcional, no tiene ningún sentido recortar funcionarios porque todos son necesarios.
Se precisa una ley de eficiencia en el gasto que contemple un estudio coste-beneficio para reducir el 20% los sobrecostes y los costes excesivos y el 50% de los cargos de confianza.
Los procesos de la Administración del Consell serán transparentes y propiciarán la participación del pueblo valenciano.
Los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas, estarán sujetos a la transparencia así como el acceso gratuito a las informaciones y los datos públicos.
Prohibición de la formalización de contratos con cláusulas de confidencialidad para transacciones en las que intervengan recursos públicos.
Creación de una oficina antifraude, un registro de contratos menores y otro de obsequios a autoridades, funcionarios y empleados públicos.
Redimensionamiento de las Diputaciones Provinciales para dedicarlas exclusivamente a las poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
Algunas de las propuestas son autenticas `perlas´, visto el dicente y merecerían un sustancioso comentario, pero aquí y ahora no es lo que interesa, sino la fidelidad a la clásica semana de rebajas de oferta electoral-olvido administrativo.
Un esfuerzo de aglutinación por materias, nos permite ver que se nos dice, sobre organización y funcionamiento;
La Administración Pública valenciana está razonablemente dimensionada, muy por debajo de la media europea que se sitúa en 15 habitantes por empleado mientras la nuestra está en 29.
En ningún caso la solución a la crisis económica es reducir el número de recursos (personales o económicos) de las Administraciones Públicas, de lo que se trata es de reorganizarlos adecuadamente.
Hay que conseguir la reducción del gasto en la administración así como la reorganización y reestructuración del sector público.
Los funcionarios de la Generalitat realizan un trabajo excepcional, no tiene ningún sentido recortar funcionarios porque todos son necesarios.
Se precisa una ley de eficiencia en el gasto que contemple un estudio coste-beneficio para reducir el 20% los sobrecostes y los costes excesivos y el 50% de los cargos de confianza.
Los procesos de la Administración del Consell serán transparentes y propiciarán la participación del pueblo valenciano.
Los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas, estarán sujetos a la transparencia así como el acceso gratuito a las informaciones y los datos públicos.
Prohibición de la formalización de contratos con cláusulas de confidencialidad para transacciones en las que intervengan recursos públicos.
Creación de una oficina antifraude, un registro de contratos menores y otro de obsequios a autoridades, funcionarios y empleados públicos.
Redimensionamiento de las Diputaciones Provinciales para dedicarlas exclusivamente a las poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
Sobre los cargos públicos;
Se garantiza la publicación de las "retribuciones íntegras" de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza así como sus gastos de representación.
Exigencia a cualquier candidato electoral de una experiencia profesional previa de al menos tres años.
Presentación de declaraciones de bienes al inicio y fin de la legislatura y prohibición de recibir regalos o servicios con valor superior a 150 €.
Incompatibilidad de recibir ingresos como cargo público y por remuneración del partido.
Limitación a tres legislaturas ocupando el mismo cargo público.
Exigencia a cualquier candidato electoral de una experiencia profesional previa de al menos tres años.
Presentación de declaraciones de bienes al inicio y fin de la legislatura y prohibición de recibir regalos o servicios con valor superior a 150 €.
Incompatibilidad de recibir ingresos como cargo público y por remuneración del partido.
Limitación a tres legislaturas ocupando el mismo cargo público.
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