miércoles, 2 de marzo de 2011

Democracia y Administración Pública (y 4): la cuestión del Estado

Los fantasmas familiares de la democracia aparecen cíclicamente, lo que de suyo es lógico en una sociedad dinámica y de progreso y en el marco del mundo de las ideas, como son las políticas. Si en 1975 Crozier, Huntington y Watanuki, denunciaron la Crisis de Gobernabilidad de las Democracias, y en el 2000 nuevamente, Pharr and Putnam enfocaron el tema desde una desafectación de la democracia, más en términos de gestión que de modelo Ahora parece que se juntan los dos. Toda crisis económica cavad en una crisis política y en una revisión del modelo administrativo.
La crisis en sus efectos catárquicos exigirá la actualización de los valores democráticos relevantes en la actualidad, regenerará a personas y a instituciones y hará surgir nuevas propuestas de gobernabilidad que reconceptualizarán las actividades definitorias el Estado-Administración.
La situación es que el sistema tiene serios déficits democráticos que todos critican pero nadie se atreve a reformularlo en términos iconoclastas. Incluso los iconoclastas de ayer han acabado aproximándose a él, aunque formalmente no quieran reconocerlo.
Libertad, bienestar y economía de recursos buscan su ajuste, como lo hacen la libertad y la seguridad. En la búsqueda de esa triada la experiencia del welfare state no tiene competidor. Como diría W. Churchill en su discurso en el House of commons el 11 de noviembre de 1947.”Muchas formas de gobierno han sido probadas y se probarán en este mundo de pecado e infortunio. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno excepto todas las demás formas que han sido probadas en su oportunidad.”. Afirmación que se repite en el tiempo cuando en 1987 Corona Ramón, sobre todo desde el énfasis de la eficiencia opina de la democracia como “el peor de los sistemas políticos, si excluimos a todos los demás” Ya nos avisaría pues, W. Wilson - uno de los padres de la Ciencia de la Administración anglosajona - que “es más difícil para la democracia organizar la administración, que para la monarquía”.
No se oculta la apuesta y apología por el mantenimiento de modelo de Estado Social, pues con sus imperfecciones, carencias y deficiencias, hasta la fecha también resulta el menos malo de los conocidos.
Todos estos factores ponen en evidencia que la cuestión del Estado es una cuestión de Estado y el estado de la cuestión es que el Estado está en cuestión política y económica, pero no socialmente. La sociedad ya no puede autoordenarse, necesita, dada su complejidad, una heteronomía organizativa, que sólo puede garantizar un Estado administrativo.

Democracia y Administración Pública (3): La crisis y la administración de la miseria


Respeto de la traída ‘nueva teoría de la Administración Pública’ de Jocelyne Bourgon” algún experto indicó que “Ya llevamos más de veinticinco años con iniciativas y programas que no se han encuadrado en ninguna teoría, y el resultado es que ha sido difícil llegar a una visión de conjunto o poder ver como una de esas reformas se relacionaba con las otras” Dicho en otras palabras ocurre que no sólo hemos resuelto el déficit fiscal con las experiencias NPM, sino que hemos hecho públicos problemas privados, derivados de la crisis económica. A la par no sólo hemos terminado con ciertas corruptelas administrativas –siempre reprobables- sino creados nuevos problemas sociales y financieros al socaire de la corrupción político-empresarial, aumentado pues los que ya teníamos.
Parece que la NPM hiciera oídos sordos a la inexorable ley del crecimiento de las funciones del Estado - defendida en 1911 por Larnaude y posteriormente por Wagner - reveladora de que la historia de la Administración Pública moderna en el mundo civilizado es fruto del crecimiento de los servicios públicos consecuencia del Estado social o consecuencia de que el desarrollo económico de la sociedad conlleva al incremento del gasto público ya que del nuevo status surgirían nuevas necesidades de la actividad pública reguladora y protectora, debido a factores como el incremento de la población, urbanización, uso de nuevas tecnologías u otras causas adicionales.
De suyo el progreso social conlleva nuevos problemas – justificación de la teoría de la procura asistencial - que exceden y superan la bondad política, de tal manera que el axioma de partida es que gobernar hoy, es más difícil que ayer, y menos que mañana. La consecuencia no puede otra que el problema no se resuelve o incluso se agrava cuando el decisor es perverso o ignorante.
Hace poco leía un diagnostico sobre este año 2011 que advertía que es quizá el año de peor pronóstico desde 1975. Hay un exceso de todo. De cemento, de maquinaria, de oficinas bancarias, de coches, de pisos construidos. Se habla de un exceso de oferta productiva de casi el 30%. La vivienda tiene que bajar otro 15%-20% más de su valor de máximos. La renta disponible de las familias no da más que para la estricta supervivencia, además de batir record histórico de desempleo de 4,3 millones a inicios de marzo.
La economía ha cambiado su rol de administrar los recursos para un relativo bienestar colectivo a otro en el que predomina la perversidad, aumentando la riqueza de los más ricos y la pobreza de los más pobres, arruinar a los incautos, humillar has el poder político. El diagnostico para este temible 2011 es falta de esperanza y descredito político de gobierno y oposición
En el mes de noviembre pasado se celebró la semana de la educación a instancia de un conocida editorial nacional, Conducidos por un buen periodista, un ex presidente del gobierno, un presidente de una de las grandes empresas españolas de vanguardia y la actual ministrar de ciencia e innovación, ante un nutrido grupo de profesionales de la educación debatieron sobre el futuro del panorama educativo en todos sus niveles. Además de la necesidad de llegar a un gran pacto político en el tema educativo de reflexionar sobre nuestras necesidades y observar lo que se cuece por ahí – recordemos la importancia de la reforma en el sistema en el seno de la crisis de Finlandia de 1993 – y de su conexión con la innovación, la competencia y la productividad, salió al debate la eficiencia del sistema democrático por las desventajas que suponen los modelos de tradición democrática frente a las economías emergentes, con tantos déficits políticos y sociales.
Al problema administrativo se une el político y a demás el económico. Mantener el modelo de bienestar con una economía poco productiva y de baja competitividad. Añadamos un coste democrático que luego tampoco se traduce en beneficio colectivo por mor de las diversas disfuncionalidades. Frente a la complejidad del problema, en lugar de buscar ayuda en la ciencia, nuestros partidos mayoritarios no solo se han negado a retirar de sus listas a todos los candidatos bajo sospecha, sino que defienden activa y públicamente a algunos de ellos. La crisis conlleva la administración de la miseria, de lo que queda del botín administrativo. O bien nos quedamos en el barco administrativo, o lo abandonamos bien pertrechados
¡Sálvese quien pueda ¡

A la sociedad civil le queda sobrevivir al temporal y prestar atención a iniciativas como la de Limpiemos las Listas Electorales / infoActuable http://info.actuable.es/2011/03/limpiemos-las-listas-electorales/ o la del movimiento de Científicos y Universitarios ante la Crisis http://www.criticosyciudadanos.com/

Democracia y Administración Pública (2): El reparto del botín


Alejandro Nieto siguiendo una higiénica dinámica iniciada en 1984 con “La organización del desgobierno” y seguida con “La ‘nueva’ organización del desgobierno” de 1996, en 2008 publicó “El desgobierno de lo público” , obra en la que distingue entre el mal gobierno - establecimiento o fijación de unas políticas públicas erróneas – la mala administración - su gestión o realización desacertada – y el desgobierno. Éste supone la nota de intencionalidad y no la mera ignorancia, en la desviación de sus fines, de tal manera que en lugar de servir a los intereses públicos atienden otros, que ordinariamente son los intereses de la clase dominante que ocupa el poder público, aunque se respete formalmente, los principios de la soberanía popular.
Ya nos advirtió W. Wilson en 1887 sobre los problemas del botín y la partitocracia, como también lo hiciera Weber en 1919 en la citada conferencia ‘El político y el científico’.
He leído recientemente que los partidos políticos, han construido una pirámide interna de poder, con una malsana formación de clanes, luchas internas, antigüedad y oportunidad política. Resultan infrecuentes los procesos democráticos de selección de candidatos. A la par, se añade que el perfil de los políticos supone en general, un bajo nivel de excelencia en estudios, idiomas o experiencia profesional o empresarial, que a la postre genera una necesidad de sobrevivir, a toda costa, en un ambiente gregario y servil. Esto ha justificado la necesidad de listas electorales abiertas, para que puedan existir perfiles competitivos, al margen de círculos clientelares de lo partidos. Resumido este diagnostico está sería fácil concluir que quien se presta a adular a quien la sociedad rechaza, acabo siendo esclavo de los demás y de sí mismo está. Incluso las ideologías acaban pervirtiéndose, en favor del mantenimiento de la dominación, con lo que al fin nos encontramos a “un conservadurismo hecho radical enfrentado a un socialismo hecho conservador” (A. Giddens, dixit)
Parece que si la Administración Pública se convierte de facto en un instrumento al servicio de intereses particulares, en lugar de servir a la colectividad sub especie de legitimidad formal democrática, depende del grado de inculturación democrática del propio establishment. Diríase que los ultra demócratas, en realidad, no son sino papanatas defensores del bajo nivel democrático, que les sirve a sus intereses particulares. Un demócrata, que acepta la dominación legal, la cultura del sistema, y la bondad de las instituciones lo hace porque considera que la libertad y la igualdad deben encauzarse de diversos mecanismos institucionales. La democracia liberal y social solo puede ser efectiva mediante una Administración Pública de prestaciones, por lo que la utilización de ésta dependerá del verdadero talante de sus gestores.
En definitiva, antes de hablar de reforma de la vieja teoría de Administración Pública habría que pensarse si queremos realmente vivir en una democracia material y no meramente formal. En Europa fuimos Estado social antes que regímenes democráticos, y después de la II guerra mundial pasamos a ser también democráticos con la configuración del welfare state. Queda claro que la corrupción suele tener su reproche penal, y el reparto del botín, lo tiene también jurídicamente pero sobre todo política y éticamente, pero muy aceptado sociológicamente que esté.

Democracia y Administración Pública (1): El epifenómeno


Hemos tenido ocasión de referirnos a la propuesta de la canadiense Jocelyne BOURGON, que en el marco de Lectura de la 5ª Conferencia Braibant de 2006 del Instituto internacional de Ciencias Administrativas (Crf. RICA, Vol. 73-1, marzo, 2007), propuso que desde un Gobierno receptivo, responsable y respetado” se podía avanzar hacia una nueva teoría de la Administración Pública”.
Diversos expertos del ramo recogieron el testigo de la propuesta y afirmaron que la Teoría Clásica de Administración aunque no ha perdido completamente su relevancia, necesita una meditada renovación, ya que la teoría de la NPM de los años ochenta, basada en la gestión privada y que no ha supuesto una alternativa real.
Dejando para más adelante la cuestión de si existe o no una teoría clásica, sí se ha dicho que la renovación de ésta debería introducir una nueva base para la acción pública, así como un reconocimiento más completo de la noción de ciudadanía y un concepto más ambicioso del mismo. Otros han dicho que lo que se plantea Bourgon no es sino una teoría pero sobre la democracia y no tanto sobre la Administración Pública.
El presidente de Cámara Valencia, defendió no hace mucho que la mayoría de los servicios que presta la administración pública a los ciudadanos deberían pasar a ser de "gestión privada" para mejorar su "eficiencia y eficacia" y garantizar así la continuidad del estado del bienestar, al tiempo que se vela por "un equilibrio real de futuro". Estas afirmaciones no dejan de sorprender y generar confusión, pues la sociedad no es algo distinto del estado, cuando este está bien gestionado, porque si no lo está, entonces sí estado en manos privadas y suplantadoras del Estado. Pocos son los servicios ya en lo que no participa la gestión privada, no solo como mecanismos de gestión indirecta sino colaborando en la prestación del servicio, como proveedor de insumos… Tampoco hemos de obviar que los empleados públicos no vienen de marte, sino que muchos son de la tierra donde se prestan los servicios públicos. ¡Qué estupendo ser autónomo y tener una esposa funcionaria¡
Incluso habrá que añadir que por mor de la NPM muchos servicios que la ley reserva a la gestión directa, han ido a parar a manos privadas aunque estos conlleven implícitamente el ejercicio de las potestades públicas (gestión recaudatoria, vigilancia de edificios públicos…,) Habrá pues que recordar que nuestra ley de contratos del Estado de 1965 ya establecía el principio de que la gestión de los servicios públicos se prestarían por la propia Administración Pública en supuestos excepcionales.
En lugar de que muchos de los servicios de la Administración Pública valenciana se presten por la empresa privada, como apunta el crítico, yo señalo que es mejor que no se presten, por no tener nada de público, es decir por no aportar ningún valor público, o porque con muchas dudas se satisface un interés general en ellos. Y sobre todo cuando la finalidad única es satisfacer los intereses del adjudicatario, ya que para muchos para eso está lo público: adquirir los bienes que el mercado rechaza.
Los Juegos Olímpicos celebrados en el Este de Asia fueron todo orquestado por los gobiernos centrales,- con fuerte sentido del valor público - a diferencia de los celebrados en Los Ángeles en 1984, que, al modo americano, fue puesto en escena y organizado por la iniciativa empresarial privada. Es importante es que se celebren unos juegos de este tipo o eventos de semejante factura, pero considerar que esto es un servicio público desde los postulados del Estado Social y la idea de la procura existencial, esto suena ya estridente. Podemos verlo en los grandes eventos, en el otorgamiento de subvenciones injustificadas e injustas, en el pago de informes y dictámenes que poco aportan, cuando no sirven más que para legitimar una decisión discutible jurídica o éticamente, o por estar ahora en el candelero, la financiación de un canal televisivo que tiene el mérito de haber inaugurado los reality show - aquel de la hija de Julio Iglesias - , por no hablar de sus contenidos y no-dos.
Sinceramente es este tipo de servicios tiene que ser desactivados de la acción pública. No estamos por ese denominado Estado neoadministrativo de la D3 (Desregulación, desactivación y devolución) sino por una redefinición del Estado Administrativo, desde una reconceptualización de la idea de procura existencial en el marco democrático actual.
Por ello antes de pasar la casi totalidad de los servicios que presta la Administración Pública, hay que pensar en la desactivación de muchos de ellos, hay que pensar en cómo se gestionan muchos de ellos, en términos de copago do u otros mecanismos tipo mercado (MTMs) en cómo se adjudican las obras y servicios públicos, en los gastos de protocolo de los altos cargos. Y sobre todo habrá que evitar que la Administración Pública sea el financiador de toda esa red clientelar de los partidos en el Gobierno.
En esta dinámica más bien hay un servicio a intereses privados - financiados con fondos públicos - Es decir un mal gobierno y una mala gestión.
Esta situación permitirá decir que la Administración Pública es un epifenómeno de la noción y espíritu democrático. Poco hemos avanzado, como la democracia es el mecanismo de obtener el poder, la Administración Pública es el instrumento vicarial y fenómeno dependiente del poder democrático, y de uso porque ahí está el botín ‘administrativo’, que legitima para hacer muchas cosas en nombre del interés público y de la legitimación democrática.