viernes, 19 de julio de 2019

Oferta de puestos para estructura directiva municipal en España

Desde el pasado viernes 12 de julio de 2019 y hasta el próximo lunes 22 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Gijón tiene abierta la convocatoria de provisión de varios puestos correspondientes a la estructura directiva siguiente.

1. Dirección General de Igualdad.
2. Dirección General de Innovación y Promoción de Gijón.
3. Dirección General de Servicios.
4. Dirección General Económica-Financiera.
5. Dirección General de Promoción del Empleo.
6. Dirección General de Urbanismo.
7. Dirección General de Medio Ambiente y Movilidad.
8. Dirección de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

Hay que congratularse de esa dinámica inusual de ofrecer puestos de dirección que usualmente se reservan a las cuotas y compromisos partidistas fruto del logrolling político. Los cometidos de los puestos ofertados según su descripción están relacionados con lo que en la UE se viene dominando a Policy Officer  por lo que felizmente se  exigen conocimientos genéricos para el análisis y evaluación de políticas o conocimiento sustantivos sobre las políticas concretas.
La diversidad de puestos ofrecidos abarcan desde roles tecnoestructurales – bien sociotécnicos bien técnicojurídicos - de gestión organizativa específica que normativamente excedería en mucho a gestión general y sobre todo a  la habitual dinámica política del clásico lindbloniano de ‘salir del paso’  o el de  ‘más músculo (mayorías  políticas-lobying)  que cerebro (conocimiento aplicado y decissión-Making)’. 

Según las bases
-     se  atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
-     Se exige se funcionario/a de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funciona­rios de administración local con habilitación de carácter nacional y a propuesta motivada de la Alcaldía, podrá nombrar a personal no funcionario que, en todo caso, habrá de acreditar titula­ción superior universitaria y méritos de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
-     Se exige Compromiso de sujetarse a un sistema de evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsa­bilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les haya sido fijados.
  
Más información en boletín oficial del Principado de Asturias núm. 134 de 12-VII-2019. 

Master en Gobernanza Democrática en la Comunidad Valenciana

Del 19/10/2019 al 21/06/2020 está previsto en  modalidad  semipresencial y horario de  viernes de 16 a 21 horas y sábados de 9 a 14 horas, el desarrollo de  un Master en Gobernanza Democrática impartido por la Universidad Jaime I de Castellón.
Nos encontramos en el panorama autonómico de postgrado con una interesante oferta por su contenido y claustro y método, para el curso próximo para los interesados en los aspectos de gestión pública, políticas públicas, gobernabilidad o cuestiones transversales a los aspectos de la socio-politología actual como puede verse en los cuatro módulos que integran el programa

Módulo 1. Entender la acción de gobierno en el mundo de hoy.
Módulo 2. Ejes de transformación de las políticas públicas.
Módulo 3. Instrumentos de gestión.
Módulo 4. Ámbitos de acción para la gobernanza democrática.

Mas información en 

jueves, 20 de junio de 2019

¿Quo Vadis babel?

La parte segunda del libro Administración Pública y Gobernabilidad: de los orígenes a los nuevos paradigmas, llevaba por título ¿Quo Vadis babel? e  incluía  un primer apartado intitulado ‘aviso para navegantes’ que recogía artículos de prensa sobre Gobierno y Administración Pública, relativos en su  mayoría a cuestiones de la actualidad en la etapa previa  a la crisis de 2008 y durante la misma. Ahora, puesto que muchas de las cuestiones allí planteadas siguen siendo acusas o consecuencias de la problemática social, se recogen en el blog, debajo de la bibliografía y ordenados por publicación y fecha, conforme a esta agrupación  y terminando con un artículo de este años sobre Sociedad, Gobierno y Administración  en la Comunidad Valenciana con ocasión del monográfico que tuve el honor de coordinar en la revista nº 94 de la Real Academia de Cultura Valenciana
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1)     LAS PROVINCIAS     
  
La fábula de las abejas
Administración Pública y Valor Público
2009: Tiempos de incertidumbre
Los Treintaiséis justos
Eurorregión o pragmatismo anticrisis
Salvando al soldado Ryan: Memoria del día D y afección por Europa
Etsi Stato non daretur: A propósito de Vicente Ferrer
¡Crisis¡ ¿qué crisis?
Haití: Otro Estado más sin Estado
E-Administración, Neoburocracia y McDonaldización
No se sale de la crisis por Decreto
Pensamiento intelectual y Gobernabilidad
La corrupción de la alfombra
¡Dices tú de burocracia¡

B) ABC- COMUNIDAD VALENCIANA

Políticos y políticas para una gestión del cambio climático
La oferta electoral y «la navaja de Ockham»
Sarkozy: ¿será el matadinosaurios?
¿Quo Vadis Administración valenciana?
¿Dilemas en el ejercicio del gobierno?
Qui pro quo’ y el compromiso ciudadano en la gobernanza
Do ut des’ y exigencias al ejercicio del gobierno
Gobernabilidad y Gestión Pública
Renovarse o …
¿Corrupción o Corruptelas?
La solución italiana eliminaría el 40% de los municipios valencianos

C)  EL MUNDO/LEVANTE-EMV

La crisis del Sector Público
Sociedad, Gobierno y Administración  en la Comunidad Valenciana


lunes, 27 de mayo de 2019

Sistema de Agencias ejecutivas: personal y resultados (y 4)

Diríamos como síntesis sobre la bondad teórica de las Agencias;

·       Como es  propio en otras Administraciones españolas de cualquier nivel territorial,  el sector instrumental es el nicho funcional más propicio  para la contratación laboral, lo que no significa que sea esto frecuentemente o excepcionalmente una puerta trasera,  no tanto de  lege data, cuanto por la desviación de poder, fraude de ley y demás perversio
·       En el escenario del sistema agencial andaluz se prevén las restricciones de la normativa básica para la reserva funcionarial en la clasificación de puestos conforme a los criterios generales del EBEP.
·        La variedad de funciones en las  agencias es el factor de  racionalidad para el uso del personal laboral siendo el lugar más propicio el de las  Agencias públicas empresariales, en especial   aquellas que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación. También en el subtipo de las  que tienen por objeto, la  ejecución de  de programas específicos de una o varias Consejerías, para la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público.
·       Quien pretenda redireccionar ad meliorandum el sistema agencial  además de  respetar el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía sobre principios de actuación ( Eficacia, Coordinación, Colaboración y cooperación, Eficiencia en su actuación y control de los resultados, Programación de sus objetivos, Coordinación y planificación de la actividad, racionalidad organizativa mediante simplificación y racionalización de su estructura organizativa,responsabilidad por la gestión pública,…).
·       De su parte el artículo 53 de esta ley 9/2007 dispone q ue todas las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las actividades que tienen atribuidas. Asimismo, implantarán sistemas de gestión de calidad en la producción de bienes y prestación de servicios, incluidos los de naturaleza medioambiental.
·       En lo que al personal laboral se refiere deberá atender el artículo 9-2 y 11 del EBEP en lo que sigue;
 -     Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral.
 -     En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
·       En lo que afecta a la dirección de las Agencias, hay que remitirse al grave déficit de la dirección pública profesional en nuestro país – cansina y universalmente denunciado - . No se precisa solo tener una titulación universitaria, sino una específica para la Gestión Pública y que hoy en el sistema formativo español no es fácil de encontrar ni para  la  funciones generales y menos todavía para las específicas en la variedad funcional de los servicios públicos. El nicho, salvo oportunidades excepcionales, debe ser ocupado hoy por quienes tiene experiencia en las funciones predirectivas de los sistemas de administración general o especial.
·       Si se cumple lo que la norma establece no deben producirse duplicidades, ni disfuncionalidades y si se han producido más allá que de las peligros apreciaciones subjetivas e ideológicas, remedios hay en el sistema administración para su corrección en la gestión  y jurídicos, pero dígase fuerte que el déficit directivo es una variable de mucho fuste.    


Cfr.
Pinazo Hernandis, J, La aplicación del derecho laboral común al denominado Sector Público (2006)
Pinazo Hernandis, J, El régimen del personal al servicio de las Agencias Estatales (2006)
Pinazo Hernandis, J, Gestión Pública por Agencias; Aproximación a la teleología de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos (2006)
Pinazo Hernandis, J, Empleo Público en una nueva Administración Pública (2007)

sábado, 25 de mayo de 2019

Sistema de Agencias ejecutivas: personal y resultados (3)


Estas modificaciones de carácter estructural  pretendía la creación de un esquema organizativo más acorde con las razones propias de la creación de cada una de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, lo que permitirá una mayor eficacia y eficiencia en la realización de sus funciones o fines, siempre en beneficio de la ciudadanía de Andalucía. De manera muy particular, el ejercicio de prerrogativas en el campo de la contratación administrativa permite la mejor defensa de los intereses públicos.

Este Decreto-Ley 5/2010, decía en su exposición de motivos que;

a)  La situación de inestabilidad financiera observada en los mercados estos últimos meses obligó, asimismo, a adelantar la reducción de los objetivos de déficit y a adoptar medidas adicionales de consolidación fiscal al objeto de restaurar el nivel de confianza y reforzar el compromiso del conjunto del Estado con la reconducción de los desequilibrios fiscales.
b)  En efecto, este proceso de reordenación del sector público no sólo persigue una mayor racionalización del gasto, sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.
c)  Para hacer efectivos estos objetivos, se lleva a cabo un ejercicio responsable de gobernanza orientado a la consecución de un sector público más sólido y eficaz, con capacidad de contribuir en el corto y medio plazo a la recuperación económica y, en el largo, a la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento para la economía andaluza, basado en la innovación y la sostenibilidad.
d) En último término, este proceso de racionalización ha de conseguir que el sector público se convierta en un agente económico ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo.
e)  Todo ello, con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía andaluza, desde el convencimiento de que ello sólo es posible desde el valor añadido que aporta lo público y el empleo público.

Con la medida se opta por un modelo público de prestación de servicios, rechazando otros modelos liberalizadores que inciden esencialmente en la privatización de la prestación de tales servicios.

Esta norma ya suscitó en los sindicatos la sospecha de que  las nuevas agencias iban  a utilizarse  para la entrada  por la puerta de atrás  a los trabajadores de las empresas públicas, que eran de 26.936 contratados al 31 de diciembre de 2009) También se decía que el Decreto ley 5/2010 contiene un modelo alternativo que extrae del acervo de la tradicional Administración pública un conjunto de funciones y servicios para confiarlos a unas nuevas organizaciones parapúblicas en las que se huele a distancia el guisote de la privacidad.


En suma, las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican en:
a) Agencias.
b)Entidades instrumentales privadas (cuyo personal se rige por el Derecho Laboral):
 - Sociedades mercantiles del sector público andaluz.
 -  Fundaciones del sector público andaluz.

Acerca de la tipología del personal – que sigue un esquema similar al del la LAE (origen y funciones) - lo vemos en el decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. En su artículo 6 dispone que el régimen relativo al personal de las agencias públicas empresariales a las que se refiere el presente Decreto será el establecido en el artículo 70 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 69.3 en el caso de que las agencias tengan atribuidas funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública.
Otros ejemplos  pueden verse en
-   Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
-  Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
-  Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo (Agencia de régimen especial).
-  Decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria  Pesquera de Andalucía.

Sistema de Agencias ejecutivas: personal y resultados (2)


   En segundo lugar en Andalucía sigue perviviendo el sistema agencial    que fue creado por Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía que derogó la primigenia  Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejemplo de este régimen primigenio   lo vemos en la  ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la agencia andaluza de cooperación internacional para el desarrollo, ya que en su artículo 13 dispone;

ü  El personal de la Agencia se regirá por el Derecho laboral y por las demás normas que le sean de aplicación.
ü  Su contratación se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
ü  El régimen retributivo del personal de la Agencia y sus modificaciones precisará de informe de la Consejería a la que esté adscrita, de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Justicia y Administración Pública u órganos que asuman sus competencias.
ü  El personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía podrá solicitar su incorporación a la Agencia, siendo declarado en situación de excedencia voluntaria.

El Decreto-ley 5/2010 de 27 de julio de reordenación del sector público andaluz  como una de las medidas de ajuste económico para contener el gasto y el déficit, afectó al modelo agencial  modificando la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía de 2007 en determinados preceptos relativos a la ordenación de las entidades instrumentales, y de forma muy especial a las agencias públicas empresariales estableciendo una nueva tipología;

 a) Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas. El personal al servicio de las agencias administrativas será funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Junta de Andalucía
b) Agencias públicas empresariales
b1/ Aquellas que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación.
b2/ Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias Consejerías, y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado.
En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a cabo, bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita.

c) Las Agencias de régimen especial como las que ejercen una autoridad que requiera de especialidades en su régimen jurídico en la realización de las actividades propias de las agencias administrativas. Se rigen por el Derecho Administrativo, sin perjuicio de la aplicación del Derecho Privado en aquellos ámbitos en que su particular gestión así lo requiera. El personal de las agencias de régimen especial podrá ser funcionario, que se regirá por la normativa aplicable en materia de función pública, y personal sujeto a Derecho Laboral. Las funciones que impliquen ejercicio de autoridad serán desempeñadas por personal funcionario.

Sistema de Agencias ejecutivas: personal y resultados (1)


En noticia de 01/05/2019 se dice que “de los 9.461 empleados de cinco agencias andaluzas sólo 498 son funcionarios , hay 83 cargos de alta dirección y sólo el 30% están titulados y la Junta  analizará uno a uno a los enchufados de la administración paralela. El Gobierno andaluz hizo público ayer el resultado de las doce primeras auditorías que ha realizado a 12 agencias públicas de la llamada administración paralela de la Junta.
Se trata, por el momento, de un informe provisional cuyas  conclusiones es que  hay duplicidad de funciones en la  propia Administración Pública por lo que se malgastan recursos.
La noticia invita a sospechar que las agencias son un instrumento de colocación fraudulenta de amigos mediante al relación laboral de amigos, sin la preparación adecuada en el nivel directivo  y en consecuencia no son eficaces en sus propósitos constitutivos ni eficientes en su gestión.
Huida del derecho administrativo, deficiente  dirección y gestión y redundancia administrativa son las cuestiones que aparecen:

I)   En primer lugar en el marco estatal ya no existen las Agencias  ante la reforma operada por la Ley 40/2015 de 1 de octubre, en vigor desde el 2 de octubre de 2016,  que  da un plazo de 3 años desde su entrada en vigor para adaptar las siete  Agencias Estatales existentes a la nueva Ley, pues su  Disposición derogatoria única, deroga expresamente toda la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la  Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (LAE). En su exposición de motivos se dice (…) Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, incluso después de más de seis años de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy limitado, y porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a las agencias de mayor autonomía financiera(…).
No  obstante conviene recordar que la LAE establecía una doble clasificación del personal a su servicio. La primera en función al origen en el ingreso en la Agencia, en virtud del cual, tres tipos existirían;
a) El personal que esté ocupando puestos de trabajo en servicios que se integren en la Agencia Estatal en el momento de su constitución.
b) El personal que se incorpore a la Agencia Estatal desde cualquier Administración pública por los correspondientes procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en esta Ley.
c) El personal seleccionado por la Agencia Estatal, mediante pruebas selectivas convocadas al efecto en los términos establecidos en esta Ley.
El personal a que se refieren las letras a) y b) mantiene la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen, de acuerdo con la legislación aplicable. El personal de la letra c) será funcionarial o laboral en virtud de la clasificación de puestos a realizar en la Agencia.
La segunda clasificación es una mixtura de orden funcional y de régimen jurídico. Existirán pues el personal directivo   el personal funcionario, el estatutario y el personal laboral.
El funcionarial y estatutario se rige por la normativa reguladora de la función pública correspondiente, con las especialidades previstas en esta Ley y las que, conforme a ella, se establezcan en el Estatuto de cada Agencia. El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y el resto de la normativa laboral.

miércoles, 22 de mayo de 2019

Precursores entre pioneros de la Ciencia de la Administración española (y 2): Canga Arguelles

2º) Canga Arguelles   no es  propiamente administrativista sino hacendista y con una ascendencia en el cameralismo.  Fue miembro de de la Junta Superior de Valencia,  diputado en Cádiz  y Ministro de Hacienda  y se le ha considerado  como pionero del XIX  en la publicación en castellano de una obra sobre Administración Pública, denominada Elementos de la Ciencia de la Administración, fue  publicada en 1833  si bien no se sabe con certeza si este trabajo  se perdió,  no se publicó o   tan solo fue un manuscrito, toda vez que pues la misma no es citada por  los autores posteriores.
Sin embargo en su Diccionario de Hacienda de 1833 (dos tomos) ,  aparece la voz ‘gobierno  Gobierno del Estado’  (pág. 573 del Tomo I)  señalando al respecto ideas muy sugerentes.
Conoció la obra sociológica de Bonnin al que cita expresamente al socaire del discurso sobre las sociedades civiles y su origen en las  necesidades  generales que generarían el derecho público, el político y el civil . Del Gobierno del Estado y con la Administración se ejerce la soberanía, debiendo por ser las leyes quienes contemplen estas necesidades generales por ser permanentes y constantes, buscando la felicidad general. Con los reglamentos los Gobiernos se organizan y se fijan y limitan  las atribuciones de cada autoridad. En materia administrativa la soberanía fija los principios y los reglamentos dirigen y llevan a a cabo su ejecución
Consideraría al Estado como la reunión de varios pueblos bajo la mano de un Soberano, sujetos a mismos usos y leyes. El gobierno estaría compuesto  por las autoridades creadas por el jefe supremo, quien a través de los órganos musculares de la Administración  trasmitirá a los súbditos sus decisiones sobre los negocios de general interés, y mediante los tribunales lo que atañe al interés privado.  

Diría que ‘Administrar o gobernar’  no es más que levar a efecto las reglas dadas para el bien público y juzgar es cumplir las reglas dadas para en pro de los individuos.
De la ‘Ciencia de la Administración’   afirma que   (…) enseña a acomodar las leyes al flujo y reflujo de las circunstancias  favorables o adversas al bien público; indica los medios de acrecentar la población y las riquezas; de sostener las fuerzas públicas y  de adquirir los medios pecuniarios que  exige el pago de los gastos del servicio general de la nación. Ciencia a la verdad importante, y tanto más difícil de poseer, cuanto tiene que acomodar sus preceptos a la situación peculiar de las clases que componen el estado, a la localidad y al clima, a los uso, a los abusos, a los intereses y a las necesidades presentes y futuras de cada provincia (…)

Todo debe entrar en los cálculos y en las combinaciones del gobierno, para no equivocarse en el modo de manejar los públicos y privados intereses, encaminándolos al fin privilegiado de la Hacienda. Ha tenido que pasar tiempo (siglos) para que se conociera la importancia de la Ciencia Administrativa que dirige los negocios públicos por principios constantes y seguros. Las luces trajeron al final la época en la que la Ciencia del gobierno sustituyo la ciencia de la justicia ya la metafísica.
No debe confundirse la Ciencia Administrativa con la económica y con la de hacienda. Mientras que la administrativa está sujeta a cánones invariables, establece las máximas con principios conducentes a mantener el vínculo principal de las relaciones con el Estado y a establecer el orden social y sostener los derechos primitivos. De su parte la economía y hacienda son variables según las circunstancias.

El gobierno (…) debe ocuparse en reunir, combinar y mantener los esfuerzos individuales dirigidos a aventajarse en la noble emulación industrial sobre la cual descansa el  procomunal, guardando empero unidad en sus operaciones por ser una la voluntad soberana y de la ejecución invulnerable de ella, responsables las autoridades (…)

Diría también (…)El administrador es un padre que tiene a  su cargo el bienestar de una gran familia. Su conducta debe limitarse a lo que dispongan las leyes las cuales deben cortar los vuelos a la arbitrariedad de las manos ejecutoras. Su conocimiento y ejercicio requiere estudios mayores como con el de la justicia.
La buena organización del gobierno interior del Estado o sea de la Administración Pública es una de las más venturosas invenciones de nuestra edad. De las tres partes que se compone todo el sistema social, es la más interesante al orden público y a la prosperidad, porque pone en relación íntima a los individuos y estrecha los lazos que los unen. Sin una administración el gobierno quedaría reducido a una voluntad sin medios de realizarla (…)

Vemos pues dos precursores  de la idea moderna de Administración Pública  pero en periodo absolutista  (la década ominosa de 1823-1833) donde la soberanía sigue en manos del Rey quien dirige el gobierno y la administración. Se equiparan ambas en su rol funcional . Aquí cabe recordar que  Felipe V,  al encontrase con un sistema de Consejos lento y desprestigiado (polisinodia,el legalismo, la supervisión y el  predominante enfoque político) ,  lo sustituyó  por otro más eficaz que primara  el aspecto  administrativo, sobre lo estrictamente político. Siguiendo el modelo francés, se configuró una nueva   Administración central provista de organismos unipersonales, las Secretarias de Despacho, servidas por personal no político con capacidad de gestión y autonomía.
Se manejan las equivalencias de gobierno interior y administración, la confían en unos principio s de administración y se anticipa esa feliz sentencia – y cuya autoría se me ha desvanecido entre tanto papel – de que la política sin administración es ciencia ficción.-

 Cfr. Canga Arguelles, J., Diccionario de Hacienda con aplicación  a   España,2ª ed.,Imp M. Calero, Madrid, Tomo I y II 1833-1834. 

Precursores entre pioneros de la Ciencia de la Administración española (1): Sainz de Andino

Lo que hemos den0minado ‘pensamiento político-administrativo español  de  primera generación   se corresponde con el lugar  común en los administrativistas conocido como ‘decada prodigiosa’ (1840-1850). Ahí se encuentran De Burgos, Oliván, Posada, Ortiz de Zúñiga … que desde la impronta en la revolución  francesa  supone un terreno común de derecho y de Ciencia Administrativa, que se balancea más hacia uno u otros según autores y resulta más afrancesado o más autóctono también según éstos.
Sin embargo entre 1829-1833 dos autores se muestran como eslabón perdido o precursores pero no se incluyen por la fecha de sus obras en esta década clásica (así lo hizo Nieto Garcia en  Apuntes para una historia de los autores de Derecho Administrativo general español” en 34 artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de su centenario (A.Nieto), INAP, Madrid, 1983).

1º) Sainz  de Andino   utiliza por primera vez en España la expresión ‘Ciencia Administrativa’ considerado el puente entre el S.XVIII y la Ciencia de la Administración y el Derecho Administrativo.  Doctor y Catedrático  de la Universidad de Sevilla, escribió en 1829 Una exposición sobre la situación política y su restauración como memorial -recogido por Fernando de los Ríos en el  El Sol el  14 de junio de 1829 -. dirigido a Fernando VII, criticando a aquellos hombres de Estado que se creen capaces de dirigir los negocios públicos sin saber nada de la Ciencia Administrativa. La exposición contiene cinco apartados y en de  Administración civil pública, propuso al Rey la creación del Ministerio del Interior y la apuesta por una Administración Pública para salir de la crisis en que se encontraba el país en aquel momento, pues el hombre puede influir en los acontecimientos políticos utilizando el arte del gobierno para conservar, fomentar, robustecer, curar y reparar a los cuerpos políticos, y ésta es la ciencia peculiar de los hombres de Estado.
Para el autor unos ‘Principios de Administración’ estaban por fijarse y coordinarse en muchos  países y la Administración Pública era una ciencia porque (…) no solamente consiste en cuidar de que  las leyes se cumplan, sino que busca a cada necesidad social su satisfacción y fomentando intereses legítimos se encuentra en contacto con todos los individuos y en presencia de todas las eventualidades, teniendo que confiar una multitud de cosas a la sagacidad, prudencia e ilustración de los agentes. Como ciencia que enseña a conocer las necesidades y los intereses, y el mejor modo de darles satisfacción y fomento según los casos, tiene su teoría, o lo que es lo mismo, su sistema de principios metódicamente ordenados y la aplicación de la teoría a la práctica constituye el arte de los administradores (…)

Esta  Administración afirmaría

(…) tiene sus principios, sus reglas y su teoría, que pueden reducirse a nociones elementales, que faciliten y generalicen la posesión de estos conocimientos, disipen la incertidumbre bajo la que actualmente  se procede (…)
  
Diría también que el arte de gobierno permite al hombre de Estado, entre otras cosas:

1º Conocer las estructuras de las sociedades, calcular la combinación de las fuerzas en conflicto y encontrar el equilibrio que conserva a las máquinas políticas.
2º Prevenir oscilaciones violentas y tener bajo sujeción a aquellos que hacen que funcionen las instituciones políticas, y por tanto, a los funcionarios públicos.
3º Permite detectar los síntomas precursores de la relajación de los nudos sociales, e identificar los vicios del desorden, dando tiempo a los estadistas para tomar las medidas adecuadas.
4º Conocer y deslindar los principios seguros del fomento, prosperidad, orden, seguridad, fortalecimiento y engrandecimiento de los Estados.

Con este arte y con la firmeza  del Rey y  de la Administración se podría combatir los males que padecía España, entre los cuales incluía   a   la pobreza del tesoro del reino, la gran deuda financiera, el descrédito nacional, la pobreza extrema de las clases sociales, el atraso de la agricultura, la pasividad de las fábricas, la corrupción de la moral pública, etc…

jueves, 18 de abril de 2019

Otra manera de hacer política ( y 3): Trust in Government

A mi modo de ver hay un estrecha relación  entre el gobierno sensible y  el abierto y  los paradigmas de refuerzo de la confianza en los gobiernos y/por la Administración Pública y que se articulan bajo la etiqueta ‘Trust in Goverment’, sin duda originados por la crisis económica, el agotamiento del modelo clásico y el fracaso de la nueva Gestión Pública.  
Los países de la OCDE ya afirmaron la importancia de fortalecer la confianza en el gobierno durante una reunión en Rotterdam en el   2005, ofreciéndose  una visión general de la Estrategia de la Confianza desde en 2013, consistentes en promover una voz más fuerte en el diseño y ejecución de las políticas y servicios públicos. La confianza tiene que ver con las relaciones de los ciudadanos por el Estado, y más concretamente con la "congruencia entre las preferencias de los ciudadanos - su interpretación de lo que es correcto y justo y lo que es injusto - y el funcionamiento real percibido del gobierno".
La Estrategia de Confianza OCDE   pasa por una nueva forma de hacer frente a la gestión pública, ya que pone de relieve la necesidad de gestionar las percepciones y expectativas de la calidad de los servicios públicos de los ciudadanos a través de un enfoque proactivo e integral. Se trata de  fortalecer un "contrato social"  entre el Estado y el público que garantiza no sólo las políticas públicas eficaces, sino también la cohesión social y la prosperidad económica.
La ONU en su 14ª sesión del CEPA (Comité de Expertos en Administración Pública) ha hecho suyas las claves de la Investigación sobre la confianza en la Administración Pública, elaboradas por el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, que en su reunión anual de Rio de Janeiro, de 2015, dedicó a  la confianza  en a Administración Pública con las siguientes áreas temáticas;

·        Construcciones Teóricas Generales de Confianza del Gobierno
·        Transparencia, Información y Confianza en el Gobierno
·        Confianza, Política y Diferentes Niveles de Gobierno
·        Confianza en los Negocios y en el Gobierno
·        La Confianza del Gobierno en la Sociedad: Problemas de confianza y gobernanza, incluyendo presupuesto y finanzas publicas
·       Confianza Administrativa en las Reformas de la Administración Pública:
·       Confianza interna, Confianza de los funcionarios públicos y confianza interorganizacional

En dicho foro de expertos en Administración Pública  2015, Margaret Saner  miembro del CEPA-ONU dijo sabiamente en la habitual  Braibant Lecture que  (…) para ganar la confianza hay que ganársela y comprometerse a una apertura real a estar influenciado por su efecto.… Si creemos que tenemos que recuperar la confianza, tenemos que empezar a responder adecuadamente ante el comportamiento poco ético o el mal uso de la confianza. (...).

La lógica a mi juicio es la siguiente a modo de racional algoritmo politico-administrativo; la transparencia es un instrumento para el gobierno abierto, y este es un factor muy notable para conseguir la confianza en los gobiernos, que en suma es la sustancial legitimación de los gobiernos democráticos. Supone otra manera de hacer política buscando un nuevo ‘qué’  con también un nuevo ‘cómo’. Es una suerte de deja vu del origen en el discurso político de las Políticas Públicas  introducido en la campaña presidencialista por Robert F. Kennedy en 1968, al expresar este (…) no vengo a luchar contra otros políticos (Macarty) sino a proponer otra manera de “hacer políticas”(…). Discurso que fue precedido por su experiencia de la evaluación de políticas educativas siendo senador por Nueva York en los años anteriores.

En nuestro entorno regional y local,  una política de fomento, exigencia y universalización  de la transparencia como mecanismo transversal de gestión pública, le ha de seguir otra fase en la que todas las políticas públicas sean transparentes y participativas, sobre todo aquellas que persiguen la   cohesión social y la prosperidad económica, como reclamo casi universal de una  ciudadanía necesitada y sensata y  no estérilmente ideologizada por trapantojos  populistas.  A una Consellería ocupada en esto le debe seguir en una estructuración orgánico–funcional una mera Dirección General o mejor en un  Area de la Agencia anticorrupción – todavía necesaria dada la impredictibilidad  o su predictibilidad según se mire -  del comportamiento de algunos  en lo público  inverosímilmente aún actual en nuestra CV, aunque solo sea de una lectura vuela pluma de la prensa de esta semana  llamada a menor rango por cumplimiento de sus propósitos. 

Hoy la transparencia exigible no es ya aquella Glasnost de Gorbachov de abrir un tanto las persianas, sino un sine quae non de cualquier teoría democrática de la Administración anclada en la participación en las decisiones gubernamentales. Hoy ya no se puede hacer  Gestión Pública   sino se es abierto y transparente si queremos mantener el espíritu democrático. La transparencia no debe ser otra  moda pasajera como la que tuvimos con la experiencia desnortada  de la Nueva Gestión Pública – especialmente esperpentica aquí en la CV - .

Cfr.
OECD, Strengthening Trust in Government: What Role for Government in the 21st Century?, Meeting of the Public Governance Committee at Ministerial Level, Rotterdam, 28 November 2005.
Trust in Government ( 1) OCDE y ONU  Entrada de 22.06.2015

Otra manera de hacer política (2): Open Government

Esta otra manera de hacer política , con luz y taquígrafos, empieza a tener resonancia a raíz del Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el Presidente de EEUU, Barack Obama, promulgó el 21 de enero de 2009. La idea  se sustenta en tres pilares básicos;

ü Transparencia: Un Gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El Ayuntamiento (y cualquier otra Administración) debería permitir el acceso a esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración.

ü Colaboración: Un Gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia Administración entre sus empleados y con otras Administraciones.

ü Participación: Un Gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.

Aun cuando  podría parecer una propuesta genuina americana,  a mi juicio no es sino un énfasis de  propuestas anteriores científicas. Destacaríamos la de la Directora de la escuela de Administración Pública  canadiense Jocelyne Bourgon,  quien en la 5ª Conferencia Braibant de 2006 del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) que el modelo administrativo actual es un estado de transición que no casa ya con la teoría clásica pero  aún no cuenta con el sustento de una nueva y unitaria Teoría administrativa. Al presentar sus propuestas de gobierno receptivo, responsable y respetado para esta nueva visión teórico-práctica propone entre otras las siguientes características;

ü Una ‘ciudanía’ entendida más allá de su condición de votante, cliente o consumidor, que reconozca su implicación y participación en las decisiones, de tal manera que su inclusión de la toma de decisiones asegure una mayor confianza en el gobierno, y por ende aumente la legitimación de este.
ü Un ‘Interés público’ basado en tener más en cuenta los intereses de la ciudadanía como colectivo y no sólo un agregado de  intereses privados.
ü Los ‘Servicios a los ciudadanos’ han de aumentar en su cantidad y calidad, merced a las nuevas exigencias y las nuevas técnicas disponibles, prestadas por la sociedad del conocimiento, las TICs…
ü En cuanto a las ‘políticas públicas’ estas deberán tener en consideración la necesidad de contar con actores no gubernamentales que coadyuven en todo su proceso. Los gobiernos cada vez serán jugadores privilegiados que habrán de negociar, facilitar soluciones y resolver problemas, y en te cometido los empleados públicos desempeñarán un papel decisivo.
ü La búsqueda de un menor papel del Estado no ha supuesto más confianza  ni un mayor grado de satisfacción en la ciudadanía, ni tampoco una sensación de mayor seguridad. Este tiempo ha sido un mero aprendizaje a través de experimentos, lo que debe ahora debatirse para la una Teoría nueva sobre el rol de la Administración, es la conciliación entre las libertades de la esfera privada y los valores comunes que afecta a la esfera colectiva. 

Este Gobierno receptivo, responsable y respetado, conlleva la idea implícita de apertura y transparencia  pues supone un modelo de Administración abierta en la que lo relacional cobra principal protagonismo. La apertura lo es en cuanto a la ciudadanía, las demás Administraciones u otras organizaciones colaboradoras. Es una Administración en red, y a la par, un   medio para un modelo de gobernabilidad en gobernanza que supone una implicación activa de la ciudadanía en los asuntos de la comunidad. El gobierno abierto es objeto de estudio desde distintos enfoques y áreas de conocimiento; como irrupción de la llegada de una tecnología en la comunicación; impacto de la participación y  colaboración en la eficacia administrativa;  transparencia, rendición de cuentas y control  en el proceso de decisión e implementación de políticas públicas; redes de políticas;…
Ya en la actualidad, distintos países en todo el mundo han iniciado un proceso progresivo para promover e impulsar estrategias ligadas al concepto de "gobierno abierto", que basado en los mencionados principios de la transparencia y apertura, participación y colaboración, se ha posicionado como un paradigma emergente que intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernabilidad. Ahora el paradigma  exigirse  además de los  ‘tipos ideales’ weberianos del político y el funcionario, un tipo ideal de ciudadanía democrática que interaccione y coadyuve para  la mejor gobernabilidad, con mayores deliberaciones públicas y dialogo social  junto al resto de actores gubernamentales y administrativos, resultado al transparencia un requisito para esta ciudadanía conozca el  ‘qué y el ‘cómo’ de un administrar concreto.
A nuestro juicio la propuesta de O-GOV no es en puridad específica para la Administración Pública, sino más para el reforzamiento del gobierno democrático y su necesidad de confianza de la ciudadanía, aunque sí afecta a la ciencia administrativa en cuanto  que el subsistema administrativo se ve afectado por nuevas dinámicas del sistema político (subsistema gubernamental).  El Plan de Acción de España al respecto se dice   que (…)España está firmemente decidida a hacer del Gobierno Abierto una política transversal que inspire todo nuestro programa administrativo y legislativo de los próximos años (...)

Cfr. BOURGON, J.,  “Gobierno receptivo, responsable y respetado: Hacia una nueva teoría de la Administración Pública” en   Revista Internacional de Ciencias Administrativas, 73-1,pp. 5-26