martes, 19 de noviembre de 2019

Grupo de estados contra la corrupción del consejo de europa (GRECO): recomendaciones a España en 2019


Hoy por fin La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado o después de nueve años de investigación la sentencia en el orden penal del caso ERE.  Condenando a 21 responsables políticos y técnicos de la Junta de Andalucía en el diseño y mantenimiento de un mecanismo de pago a empresas en crisis, dotado con 680 millones de euros y que la sentencia ha considerado fraudulento.  Queda  aún 146 piezas separadas  en instrucción.  Leemos  excusas  sobre la responsabilidad de hoy y de ayer, pero visto lo sucedido en estos últimos años con unos y otros gobiernos que ha afectado a todos los niveles político administrativos y en la Administración Pública instrumental. No es un problema de partidos, es una cuestión de sistema político, de sistema social y de comportamiento humano.
En enfoque conductista en la Ciencia Politica (Dahl, Lipset, Almond,…) condujo  hacia dos planos: a) la política tendía a ser extremadamente compleja y ambigua, por lo tanto era difícil establecer soluciones obvias y simples ante los problemas políticos. b) El estudio de la realidad se basó en el descubrimiento del comportamiento de los actores políticos, burócratas y votantes, además  de las operaciones de instituciones y de los procesos políticos.
Esta perspectiva ha hecho indestructible una de las grandes afirmaciones y retos para la Ciencia de la Administración  Pública, la del precitado Dhal ya en 1947  de que (…) estamos muy lejos de una Ciencia de la Administración Pública, ninguna es posible a no ser que el lugar  de los valores normativos ha de ser aclarado y la naturaleza del ser humano en el área de Administración Pública  ha de ser mejor comprendida y su conducta más predecible. Además de ser precisos los estudios comparados a fin de  encontrar principios y generalidades que trasciendan las fronteras (…) . Afirmación polivalente para explicar tantas y tantas cosas que no funcionan y tal vez no lo sea posible  nunca al menos rebus sic stantibus.
A pesar de la primavera del 11-M, a pesar de nuevos actores y de tantas normas gatopardistas como la del buen gobierno y transparencia – moda administrativa en suma -  y a pesar de las condenas y eficacia judicial ejemplar, todo sigue sustancialmente igual.
Es por ello que un informe de evaluación de hoy, el GRECO insta a España a desarrollar una estrategia integral contra la corrupción y mejorar su marco legal para prevenir la corrupción en las principales funciones gubernamentales y agencias de aplicación de la ley. Este informe se publicó junto con un informe de cumplimiento que reconoce el progreso de España en la implementación de sus recomendaciones sobre prevención de la corrupción con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales, pero también solicita un mayor progreso.
El informe sobre prevención se reconoce que las autoridades españolas han realizado esfuerzos positivos en los últimos años para adoptar y modificar las leyes y reglamentos anticorrupción; sin embargo, la supervisión y la rendición de cuentas son su aspecto más débil pero sigue existiendo una gran brecha entre la legislación y su implementación en la práctica. Por ello se recomienda realizar mejoras decididas en la transparencia y la prevención de conflictos de intereses para los funcionarios gubernamentales de alto rango, incluidos los asesores políticos, una categoría de personas que actualmente se encuentra en un área gris. También establece que la independencia, los poderes y los recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben ser mejorados significativamente.
Habrá verdadera transparencia cuando se conozca el ‘porqué’  de las decisiones y el ‘quienes’, y como ha se dijo (…)Se conoce la estructura de la Administración, pero poco acerca de su dirección; conocemos las reglas  jurídicas, pero ignoramos  los procedimientos y las prácticas que acompañan a las decisiones organizativas.
… sigue existiendo mucha ‘caja negra’ y muchas deficiencias como los  errores de decisión de los altos directivos, corrupción, discrecionalidad en el proceso decisional, fallos  en la distribución de la autoridad, en la división del trabajo, en la coordinación y cooperación, intercomunicación entre las unidades que componen la organización (…)
 Como se dijera en 2015 por Margaret Saner  - miembro del CEPA-ONU-  la habitual  Braibant Lecture del encuentro anule del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas   (…) para ganar la confianza hay que ganársela y comprometerse a una apertura real a estar influenciado por su efecto.… Si creemos que tenemos que recuperar la confianza, tenemos que empezar a responder adecuadamente ante el comportamiento poco ético o el mal uso de la confianza. (...).
Si hay verdadera transparencia en todo es más difícil que hayan disfuncionalidades y perversidades y que predomine la racionalidad instrumental de medios a fines como baluarte de la Gestión Pública.   

lunes, 18 de noviembre de 2019

¿Becas o trabajas?

Este es  el nombre de la campaña de CCOO PV para la  denuncia de los abusos que se producen en las becas  de la Administración Pública y explica los requisitos que deben cumplir: es decir la presencia de un tutor; la existencia de un plan formativo;el seguimiento de la formación  y una evaluación del trabajo realizado.
Pues resulta de de momento la Inspección de Trabajo provincial de Valencia ha detectado fraude de ley y abuso de derecho  en la situación de 28 becarios al servicio de la presidencia de la  Generalitat Valenciana, estando  otros 20 casos en  otras Consellerias pendientes de resolución (Sanidad Universal, Hacienda, Igualdad y Políticas Inclusivas, Justicia y Economía Sostenible)..
Consecuencia pues es que estas personas son trabajadores  al haberse utilizado fraudulentamente  la beca y  deberá cotizarse a la Seguridad Social por una base  mensual de 2.700 euros, equivalente a los empleados públicos del mismo departamento, todo ello con la posibilidad de reclamar diferencias salariales y por despido cuando les comuniquen la finalización de la beca, otrosí del computo como experiencia laboral en  la Administración a efectos de posteriores procesos selectivos en la Administración.
Las personas beneficiadas han desempeñado su cometido en los departamentos de Publicidad e Imagen Institucional, Planificación y Análisis Informativo, Gabinete de Prensa, Redes y Audiovisuales, todo ellos dependientes de Presidencia).

Para el sindicato denunciante "Se trata de jóvenes profesiones muy cualificados, muchos de ellos al frente de departamentos enteros, realizando tardes, fines de semana, guardias y festivos. Han tenido muchas obligaciones y ningún derecho laboral"   y para la Administración autonómica Pública "las tareas que realizan los becarios están estrictamente enmarcadas en el ámbito de la formación, y que su actividad está en todo momento planificada, dirigida y supervisada por funcionarios que los coordinan y tutorizan".
Igualmente  Presidencia ha informado de que "la Generalitat valenciana aún no ha recibido las actas con el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relacionada con los becarios del departamento de prensa …, becas que llevan concediéndose desde hace prácticamente 30 años”.
Con anterioridad la Inspección de Trabajo ha considerado también como fraude  una beca del Archivo del Reino de Valencia  y ocho becas de la Diputación de Valencia, a lo que cabe sumar los 62 trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria  del Hospital La Fe cuyos   contratos de trabajo temporales que estarían en fraude de ley asimismo.
La reclamación  de estos 28 y los otros 20 pendientes de resolución administrativa  puede suponer un pago por cotizaciones  a la Seguridad Social de cerca de 84.000 euros. Esta cantidad podría ser similar al coste de un alto cargo político y el de muchos más si se piensa que esta utilización de becarios ha sido fraudulenta desde hace treinta años.
Esta cuestión es similar a la de los profesores asociados de las Universidades públicas  y lo más lamentable es que se mantenga pro gobiernos que se dicen preocupados por las condiciones laborales, aunque solo sea ahora por aquello del anuncio de la creación de un Observatorio del   trabajo Decente para detectar “las necesidades, vigilar la feminización de la pobreza, la economía sumergida y la precarización laboral”  y que fue  uno de  los 60 objetivos prioritarios marcados por el nuevo Gobierno tripartito valenciano en el programa del  Botànic II.

Tal vez este Observatorio funcione con 10  cargos políticos de 50.000 euros anuales y 5 becarios a razón de 1.064,49 euros mensuales brutos y horario máximo de 30 horas semanales.
 El marco normativo del Decreto autonómico  D 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas, nos dice lo siguiente;

Artículo 19. Obligaciones de la persona beneficiaria

1. La persona beneficiaria de la beca está obligada a incorporarse al departamento que se le indique en el plazo establecido, a realizar la actividad que ha motivado la concesión durante el período de disfrute, y guardar el debido secreto y confidencialidad de los asuntos en que intervenga, así como a cumplir las obligaciones establecidas tanto en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones como en la propia convocatoria.
2. La persona beneficiaria está obligada a aceptar la concesión de la beca y renunciar a cualquier otra beca coetánea que se disfrute.
3. Mediante la aceptación de las bases de la convocatoria los becarios ceden gratuitamente y de forma indefinida los resultados que se obtengan como consecuencia del desarrollo de las becas, así como la memoria final en su caso, a la entidad concedente de la beca, que se reserva el derecho de su publicación y utilización, salvo que las bases de la convocatoria, razonadamente, o la normativa aplicable en determinadas materias dispongan otra cosa.

Artículo 20. Obligaciones del concedente

1. Son obligaciones del departamento que conceda la beca para con las personas que las hayan obtenido:
a) Proporcionar el apoyo necesario, así como facilitar la utilización de los medios, instrumentos y equipos que resulten precisos para el normal desarrollo de su actividad.
b) Designar un tutor o tutora para la coordinación y  orientación de la actividad que vaya a desempeñar. El tutor o tutora designado deberá ser empleado o empleada al servicio de la Generalitat, con adscripción al departamento en que vayan a desarrollarse las prácticas, y asignará las funciones a realizar en el curso de sus prácticas, realizará el seguimiento y apoyo necesario, resolviendo las dudas que puedan surgir, y evaluará su aprovechamiento.
c) Velar por el desarrollo adecuado del programa de formación.
d) Suscribir con una entidad aseguradora una póliza de seguro para el caso de accidente individual, del que serán beneficiarias las personas adjudicatarias de la beca.
2. Finalizado el plazo de la beca, y con el informe favorable del tutor o tutora, se expedirá el correspondiente certificado de aptitud y aprovechamiento a favor del becario o becaria.

Para finalizar cabe añadir que el Artículo 23-2 de esta norma dispone  que  cuando el beneficiario no mantenga ninguna relación con la Generalitat, la concesión y aprovechamiento de la beca no implicará ninguna vinculación laboral o administrativa con el departamento o entidad de la Generalitat que la otorgue.
En materia de relaciones laborales se  viene considerando que la beca está excluida del contrato de trabajo por tratarse de un trabajo realizado “a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”,  que contempla el artículo 1.3 del ET, y que hace alusión a la falta de retribución, a la falta de animus obligandi, tanto en quien recibe los servicios como en quien los presta. Se trata de trabajo a título gratuito, tanto en quien recibe los servicios como en quién los presta. Se ha afirmado que se configura por tanto como una donación modal  de artículo 619 del Código Civil en virtud de la cual el becado recibe un estipendio comprometiéndose a la realización de algún tipo de trabajo o estudio que redunda en su formación y en su propio beneficio. Este precepto  establece que es también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles, o aquella en que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado.

En síntesis distinción entre la beca y la relación laboral es compleja sobre todo en los supuestos de práctica en empresas o entes públicos. Y así la jurisprudencia ha tenido que acudir a la casuística del caso concreto para apreciar o no la existencia de contrato de trabajo, de tal modo que son indicios de laboralidad la sujeción al mismo horario que el resto de los trabajadores laborales de la empresa, la realización de trabajos idénticos a la que desarrollan los trabajadores laborales de la empresa empleadora y  se debe valorar muy especialmente el beneficio predominante, de tal modo que si la actividad favorece especialmente al investigador (formativamente, etc.) no habrá relación laboral, mientras que sí existiría cuando reporta beneficios o productividad a la empresa.

Júzguese

domingo, 17 de noviembre de 2019

Historia, Pensamiento y Humanismo actual

 En breve será presentado el recientemente publicado libro  Historia, Pensamiento y Humanismo actual en o homenaje al profesor Federico Martínez Roda que impecablemente ha coordinado  el profesor  Alfredo  Esteve Martín  de  Universidad Católica de Valencia, entidad que lo ha publicado.
Como es habitual en los homenajes la obra es un extenso misceláneo de temas relacionado  con el área de conocimiento del homenajeado, es ente caso la historia contemporánea, encontrándonos con cerca de 900 paginas dotadas de un índice como el que sigue;
           
1. Relato en primera persona por Federico Martínez Roda .
2. Bio-bibliografía del profesor Federico Martínez Roda por Alfredo Esteve Martín.
3. Tiempos de Instituto por José Andrés Medina.
4. Un humanista del siglo XXI por Amparo Castellano Estornell
5. Sócrates.. .es él mismo una pregunta sin respuesta? por Víctor-Rafael Rivas Carreras.
6. Pedro Urbano González de la Calle: sus ideas lingüísticas y filológicas sobre la técnica de la traducción de autores clásicos por Jaime Siles
7. Las segundas y terceras nupcias en Derecho Burgundio: Una comparativa entre el LC y la LRB por José Miguel Piquer Marí y José Ma Espinosa Isach.
8. El Neoplatonismo de Marsilio Ficino en el Círculo de las Tres Gracias, de La Primavera de Botticelli por Frederic Chordá.
9. Tolerancia e intolerancia en la España Moderna por Ricardo García Cárcel.
10. Defensa de un Derecho penal secular por Aniceto Masferrer.
11. Consideraciones para la revisión del concepto moderno de soberanía desde la obra de Francisco Suárez por José Alfredo Peris Cancio y Ginés Santiago Marco Perles.
12. Presencia de Santa Teresa de Jesús en el pensamiento occidental no católico por Pedro Paricio Aucejo.
13. La llamada evangélica a la limpieza de corazón por Marisa Viejo Sánchez.
14. Frank Kafka: ante la ley por Juan Alfredo Obarrio Morena
15. El Reino de Valencia a mediados del siglo XVIII por Germán Ramírez Aledón
16. Primera generación de la ciencia de la Administración contemporánea española: el pensamiento político-administrativo de la década 1841-1850  por  Javier Pinazo
17. Aranjuez en la acción exterior española por Teodoro Martín Martín.
18. La marejada de Trafalgar en Cartagena. Falta de suministros en la Armada por Antonio Atienza Peñarrocha.
19. La Valencia de Charles Richard Vaughan por Elías Durán de Porras.
20. Relectura del mensaje catalanista de 1888 a María Cristina de Habsburgo Del papel a
por José Andrés-Gallego .
21. Catolicismo solidario entre 1880 y 1890: el padre Vicent, los obreros de la Basílica y las epidemias de cólera por José Lendoiro Salvador.
22. El gobierno largo de Azcárraga y el gabinete Electra Y Fernando por Francisco de Asís Silla Sanchis.
 23. Las bases Bugallal: un antecedente de nuestro moderno sistema electoral por Roberto Villa García.
 24. Pascual Carrión y la Estación Enológica de Requena (1941-1961)
25. Crisis entre falangistas y militares en el primer franquismo por Pablo González-Pola de la Granja .
 26. Los obreros españoles que nunca viajaron al  III Reich., por Luis Eugenio Togores Sánchez .
27. Iberoamérica en la imaginación geo-política de las dictaduras ibéricas por Juan Carlos Jiménez Redondo.
 28. "De la Ley a la Ley" por José Peña González.
 29. Participación electoral, libertad y responsabilidad política por Mercedes Vilanova y Manuel Yagüe .
 30. El lugar de las cortes en la transición portuguesa: la revolución en la Asamblea Constituyente por Maria Inácia Rezola.
31. La imagen de España de los viajeros británicos: desde el franquismo hasta la democracia por Sara Matoses Jaén .
 32. El mundo empresarial valenciano: desde la autonomía hasta la actualidad por Enrique de Miguel Fernández-Carranza.
 33. La situación actual de la Contabilidad Pública en España: retos de futuro por José Manuel Vela Bargues .
 34. De las primeras emisiones a la Universidad. Los orígenes de la investigación y la enseñanza de la radio en España por José Ma Legorburu Hortelano.
 35. Periodismo científico y de la salud en España en el cambio de siglo.Del papel a la web por Elvira García de Torres y Bernardino Cebrián.
36. Estudio 3D mediante georradar y láser escáner de la Capilla de la Comunión de la Basílica Menor de San Jaime de Algemesí (Valencia): evidencias de una iglesia de conquista por Francisco García García y Fernando Buchón Moragues
37. Pilares para la divulgación en Humanidades: Geografía, tecnologías digitales y comunicación por Sara Izquierdo Alvarez y Ángel Bartolomé Muñoz de Luna.
38. En torno a los diferentes paradigmas angélicos por Gonzalo García Aguayo.
39. La fauna mitológica valenciana: el Rat y el Drac por Francisco A. Cardells Martí .
40. Voluntades anticipadas: contexto y situación actual por Pedro Pablo Rosado Calatayud.
En lo que a este blog  atañe en el Capitulo 16 aparece mi aportación en materia de historia y pensamiento administrativo con el trabajo ”Primera generación de la Ciencia de la administración contemporánea española:El  pensamiento político-administrativo  de la década 1841-1850”   y que se enmarca en una trilogía que fue precedieda  por el de Aportaciones del pensamiento valenciano para la teoría del Gobierno y Administración española y europea (2019).  publicado en   ‘Monográfico sobre  Sociedad, Gobierno y Administración’,  Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana nº 94,  y que será culminada con un tercero sobre el pensamiento de segunda y tercera generación que ubicamos en la segunda parte del Siglo XIX y siglo XX .
En el trabajo que ahora se publica se sigue el siguiente esquema y puede verse en su totalidad en el link que aparece a  la derecha de este blog.

I.- HISTORIA ADMINISTRATIVA ESPAÑOLA (Siglos XIV-XIX)
II.- PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX (POLITICO-ADMINISTRATIVO Y JURIDICO-ORGANIZATIVO)
III.- PRIMERA GENERACIÓN Y ‘DECADA PRODIGIOSA’ (1840-1850)
IV.-PERIODO MEMORABLE:PENSAMIENTO AUTÓCTONO Y GENUINO AUNQUE INFLUENCIADO Y ASISTEMATICO.

XXIV Congreso Internacional de sociología en Castilla-La Mancha 2019


Este año los amigos de la Asociación Castellano Manchega de Sociología  con el título  "Caminos de utopía: Las Ciencias Sociales en las nuevas sociedades inteligentes", celebrarán este próximo fin  de semana en Valdepeñas (Ciudad Real, España), otro congreso más, toda vez que en breve el contenido del XXIII Congreso será publicado.
La variedad temática es desbordante  y entre ella otra vez tenemos una  mesa de trabajo  sobre  Sociología Política, Gobierno y Administración, en la que se presentarán las siguientes ponencias;
  • Gobernanza y racionalización de la participación ciudadana más allá de las fronteras de la administración pública.
  • (Re) penser les territoires; vers une hospitalité territoriale dont le coeur battant est «l’habitant».
  • Acuerdos de estabilidad, fragmentación e inflación organizativa: sus consecuencias.
  • Gobierno y Gobernanza: análisis de los problemas sociales desde las nuevas relaciones entre el Estado y las sociedades locales.
  • Análisis de los efectos de la reelección presidencial en América Latina de 1990 a 2018.
  • Pensar las instituciones republicanas: El despertar de la pesadilla del cientificismo.
  • Indicadores de salud y determinantes sociales y estructurales en el entorno  sanitario español. A propósito de la crisis económica 2008-2014.  
  • La estetización política del espacio público.
  • Las Administraciones Públicas en la perspectiva comparada: balance, límites y perspectivas.
  • Trayectoria de una política pública glocal: El caso de Extremadura.
  • Metamorfosis de un problema: el caso de las TIC en Extremadura.
  • Greta y el Leviatán: Un análisis del movimiento adolescente contra el cambio climático.
  • Generación de confianza interpersonal y capital social en plataformas de economías (supuestamente) colaborativas.
  • El impacto del juego político partidario sobre las posibilidades de implementación de mecanismos de descentralización política: el caso de ciudad de Buenos Aires desde la autonomía hasta el 2011.
  • Los límites suaves de la ciudad inteligente en el impulso para urbanizar la tecnología
  • Consultas populares en México ¿Un mecanismo real de participación ciudadana?
  • Lenguajes simbólicos en la crítica de la corrupción política.
Siempre hemos apostado por la prevalencia de un enfoque socio-político y sistémico sobre la Administración Pública en clara coordinación con el enfoque socio-técnico de la Administración Pública para abordarla en la actualidad de la manera más sinóptica posible y  dentro del enfoque  técnico-organizativo e con una lectura neoestructural (Renata Mayntz por todos). En estas ponencias prima lógicamente la perspectiva socio-política ahora tan crucial para ir comprendiendo los retos del interregno hacia la postmodernidad, así que esperamos tener pronto publicadas la ponencias presentadas.

martes, 1 de octubre de 2019

Desafueros en gestión directiva y de personas


En conexión con las entradas anteriores  veamos algunos ejemplos de  praxis  actual contra tabulas de la normatividad teorética y/o positiva. Noticia son los nombramientos de la Alcaldía de Móstoles, en los que la Justicia ha invalidado el nombramiento del nuevo gerente de Urbanismo,  por no cumplir los requisitos de la convocatoria pública a la que se presentó para lograr el puesto, al  no poder  demostrar 15 años de experiencia profesional antes la publicación de las bases de la convocatoria. 
Por aquí en el levante  nos encontramos  con otra polémica de prensa local resultante de  la  Resolución nº Z-67, de fecha 14 de marzo de 2019, de la Alcaldía-Presidencia del, Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre bases para la contratación en régimen laboral especial de alta dirección de un/a director/a para el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS).
 Las  Funciones eran las de ejercitar los poderes inherentes a la titularidad del Centro relativos al cumplimiento de los objetivos generales del mismo, con autonomía y plena responsabilidad, solamente limitadas por los criterios e instrucciones emanadas de los órganos de gobierno.
El régimen de contratación es el de contrato laboral de alta y  como personal directivo, estará sujeta a la evaluación del cumplimiento por su gestión, de acuerdo a criterios de eficacia, y eficiencia así como al control de los resultados en relación a los objetivos fijados. El contrato tendrá una duración de 2 años, con la posibilidad de renovación de un año más y una retribución anual  de  63.630 euros brutos anuales   
Pues resulta que como requisitos de las personas aspirantes se exige  ser español  o nacional de un país de la UE y estar en posesión del título universitario de Licenciado o Grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual o equivalente. Nada pues relacionado con la gestión pública directiva. Sin embargo como mérito se exige la acreditar una trayectoria y experiencia significativa en cuestiones vinculadas a las funciones  y de gestión de recursos públicos y privados, cooperación internacional, comunicación entre entidades públicas y privadas.
Significativa es una expresión muy sufrida y expuesta a interpretaciones subjetivas, en contra del  requisito de acreditar competencias y habilidades directivas según un elenco tasado y baremado. Esto es lo que hay con la nueva política.
Nos encontramos con que la Generalitat valenciana anunció la creación de un Observatorio del   trabajo Decente con la finalidad de hacer un seguimiento continuo del mercado del trabajo para detectar “las necesidades, vigilar la feminización de la pobreza, la economía sumergida y la precarización laboral”  (vg. camareras de piso en hotel o trabajadoras subcontratadas del zapato). Este fue uno de  los 60 objetivos prioritarios marcados por el nuevo Gobierno tripartito valenciano en el programa del  Botànic II. Idea plausible  ya que la economía sumergida en la Comunidad Valenciana ocupa el quinto lugar en España con un 24,8% del PIB, según el informe Economía sumergida y fraude fiscal en España, elaborado por Funcas en 2018, (una media del 18% en la UE) .
El presidente de la patronal autonómica  afirmó  en un encuentro que son necesarios más representantes del Consell y menos líderes de partido mientras que el empresariado de la Comunitat, en los últimos años ha visto cómo en ocasiones han primado más la ideología que el interés general.
A mí me resulta una indecencia que la Inspección de Trabajo ha obligado a la Diputación de Valencia a dar de alta en la Seguridad Social como personal laboral a siete becarios que accedieron a un puesto, supuestamente de formación, en el servicio de Comunicación y Relaciones Externas de la corporación. Las razones fueron  las de existencia de «fraude de ley» y «abuso de derecho» por parte de una administración pública hacia personas que accedieron a un puesto provisional.
También es indecente que los empleados del Tribunal de Arbitraje Laboral, fundación pública dependiente de la Conselleria de Economía que se financia con aportaciones de la Generalitat, lleven tres meses sin cobrar la nómina.
Ha habido últimamente desafueros  a la vieja usanza por parte de la nueva política  y las causas de todo ello siguen existiendo en el sistema social (precarización económica, neofeudalismo, nepotismo,patrimonialización, clientelización, captura de políticas, diletantismo político,mediocridad sindical, …

viernes, 27 de septiembre de 2019

Espacio para la Dirección Publica Profesional en la Administración Pública regional ( y 2)

En tierras levantinas  el sector público autonómico ofrece unos ochenta puestos más para colocar directivos con sueldos a partir de 58.000 euros. El actual sector público valenciano está compuesto por 44 entidades, divididas entre organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios, adscritos a alguna de las doce Consellerías y todos cuentan con un director o directora que gestiona la entidad, como alto directivo. El nuevo Consell tiene previsto incrementar el sector público en nueve entidades más, tales como la Agencia de Cambio Climático, la Agencia Valenciana de Energía, el Centro de Control de Contaminación, el Observatorio Valenciano de Migraciones, la Oficina Valenciana de Atención a Personas Refugiadas, la Oficina de Control de listas de espera, el Museo de Diseño, el Consell Agroalimentario y la Oficina de Simplificación Administrativa.
En suma el Ejecutivo valenciano dispone de trescientos treinta y tres cargos entre el Consell,  asesores y  entidades públicas, pues cada ente, suele tener unos   tres puestos  directivos, para los que no  hay que pasar ningún proceso selectivo más allá de una reunión del consejo de administración de la empresa.

 
Esto es posible  por el dictado actual del artículo 20 de la ley autonómica de función pública de 2010 (LOGFPV) que denomina DPP lo que en puridad no lo es, bajo el epígrafe  de  Personal directivo público profesional, establece  lo siguiente;

1. Las y los titulares de las consellerias, organismos autónomos y entes públicos de la administración de la Generalitat podrán nombrar, previa autorización por acuerdo del Consell, y por período máximo improrrogable de dos años, personal directivo público profesional para la puesta en marcha de proyectos, planes o programas concretos de duración determinada.
2. Con carácter previo a la designación de este tipo de personal se deberá acreditar formalmente, mediante la elaboración de una memoria justificativa de carácter económico y organizativo, la imposibilidad de asumir a través de la estructura orgánica y funcional existente los objetivos asignados al proyecto, plan o programa de que se trate.
A estos efectos, se tendrán también en cuenta la exigencia de contar con conocimientos altamente especializados así como, en su caso, la necesidad de la coordinación de equipos o unidades administrativas.
3. La designación establecerá de forma expresa los objetivos temporales a conseguir, los compromisos de gestión asumidos, así como la delimitación del ámbito funcional que queda bajo la dirección del personal directivo público profesional.
4. La designación de la persona candidata atenderá a los principios de mérito y capacidad, así como a su idoneidad y experiencia profesionales en relación con las competencias, los cometidos y las funciones que tienen asignadas las administraciones públicas y la planificación y prestación del servicio público y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
5. El personal directivo público profesional, presentará una memoria anual en la que dará cuenta del resultado de la gestión efectuada y de los resultados logrados en relación con los objetivos previamente fijados. Estará vinculado a la administración mediante un pacto de permanencia y no competencia postcontractual.
6. Las retribuciones del personal directivo, que serán determinadas por el Consell, estarán integradas por dos porcentajes, uno del 60 por ciento con carácter fijo, y otro del 40 por ciento que tendrá carácter variable y estará vinculado a la consecución de los objetivos previamente establecidos para su gestión.
7. El régimen de incompatibilidades del personal directivo será el establecido para los altos cargos de la administración general del Estado o, en su caso, el que pueda establecerse para los altos cargos de la administración de la Generalitat, sin que ello suponga la consideración de alto cargo del personal directivo.
8. El personal funcionario de carrera que sea designado personal directivo público profesional será declarado en la situación administrativa de excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público. El personal laboral fijo será declarado en la situación administrativa que corresponda según el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de aplicación.

En 2012 tuve la oportunidad de comentar este artículo en la obra colectiva Comentarios a la Ley de la Función Pública Valenciana. (Tirant lo Blanc,  Septiembre, 2012)  y este estrambote de normativa como ya dijimos da mucho de sí para establecer perfectamente y a la carta un autentico sistema de spoil system de circuito abierto o cerrado.  



Espacio para la Dirección Publica Profesional en la Administración Pública regional (1)

En entrada preestival  elogiábamos una  iniciativa  local para  dirección publica profesional y ahora  retomamos el blog dando  cuenta de otra plausible iniciativa en la autonomía castellano-manchega que ya quisiéramos en tierras del levante.
Con antecedentes en su Ley 4/2011, de Empleo Público,  Castilla-La Mancha fue una de las primeras Comunidades que incluyó la figura del personal directivo profesional en su marco legislativo  y desde finales del pasado mes de julio, , se pone a la vanguardia de la profesionalización en este terreno, con el Decreto 215/2019, de 30 de julio del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Junta de Comunidades.
Una referencia mínima  a su regulación es que;
Ø     Se prevé con carácter a general de que los puestos directivos están reservados a  funcionarios de los subgrupos A1 o A2 de cualquier Administración pública, o estatutario fijo y excepcionalmente si  el puesto directivo no implica  participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales -   siempre que así se prevea en la relación de puestos de trabajo y se reúnan los requisitos exigidos para el desempeño del puesto directivo.
Ø     Como requisito insoslayable debe acreditarse competencias directivas, bien mediante  formación específica sobre dirección pública  (cursos de formación organizados por Administraciones públicas o títulos oficiales de Máster o postgrado) – o a través de la experiencia profesional por el desempeño de puestos directivos o pre-directivos.
Ø    Se entenderá que se poseen competencias directivas en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva impartido por la Escuela de Administración Regional o por cualquier Administración pública.
b) Estar en posesión de un Máster o título de posgrado, ambos de carácter oficial, sobre dirección pública.
c) Haber desempeñado puestos directivos durante, al menos, dos años continuados.
d) Haber desempeñado como funcionario de carrera en cualquier Administración pública durante, al menos, dos años continuados puestos de dirección, coordinación o supervisión de una o varias unidades administrativas
Ø  Se consideran puestos directivos:
a) Que dependan directa e inmediatamente de las personas titulares de las Consejerías, de los órganos directivos o de apoyo previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o de los órganos de los organismos autónomos dependientes o vinculados a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que estén asimilados en su rango administrativo a cualquiera de los anteriores.
Son órganos directivos - artículo 31 -: a) Los Directores Generales, b) Los Secretarios Generales Técnicos y los Secretarios Generales, c) Los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades. Y son órganos de apoyo a los miembros del Consejo de Gobierno - artículo 26 -: a) El Secretario General de la Presidencia, b) Los Viceconsejeros, si los hubiere, c) Los Delegados Provinciales de las Consejerías, si los hubiere.
b) Que tengan un alto nivel de autonomía funcional, únicamente limitada por los criterios e instrucciones directas emanadas de sus superiores jerárquicos.
c) Y que tengan atribuidas la gerencia profesional de programas públicos o proyectos y la responsabilidad del cumplimiento de sus objetivos.
La aprobación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo de personal directivo corresponde al Consejo de Gobierno, y no serán objeto de negociación colectiva.
Ø  Les corresponden  las siguientes funciones:
a) La participación en la formulación de programas públicos o proyectos.
b) La planificación, dirección, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades que se lleven a cabo para la ejecución de los programas públicos o proyectos que se le asignen o para la consecución de los objetivos que se establezcan.
c) La dirección, coordinación y supervisión de las personas de los centros o unidades que estén bajo su dependencia, así como de los servicios, medios materiales, recursos o programas presupuestarios que se le asignen.
d) La propuesta y, si procede, la implementación de medidas de innovación y mejora en relación con los servicios y actividades de su ámbito competencial.
e) La rendición periódica de cuentas.
Ø  Los principios de actuación por los que la dirección pública profesional debe ejercerse:
a) Servicio a la ciudadanía y a los intereses generales.
b) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el ejercicio de las responsabilidades.
c) Economía, eficacia, eficiencia, transparencia y austeridad en la gestión de los recursos públicos.
d) Sometimiento pleno al ordenamiento jurídico.
e) Evaluación de la gestión y responsabilidad por los resultados.

 
Sin duda la reserva  general a personal funcionario/estatutario es soslayada a ampliamente por la excepción prevista – remisión a las RPT – toda vez que este mes el  sindicato STAS-CLM ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por la vía para la protección de los derechos fundamentales frente al referido  Decreto 215/2019, de 30 de julio, , al considerar infringidos el derecho a la libertad sindical en su faceta de negociación colectiva ex  28.1 CE,LOLIS,EBEP y Ley del Empleado Público de Castilla-La Mancha (Ley 4/2011).
Sobre la materia de directivos públicos en general  existe un interesante blog de  la Asociación de Dirección Pública Profesional en España (DPP)  que regularmente da cuenta de las vacantes y convocatorias de personal directivo público profesional tanto a través de esta página como de nuestras redes sociales y cuyo link es el siguiente.


viernes, 19 de julio de 2019

Oferta de puestos para estructura directiva municipal en España

Desde el pasado viernes 12 de julio de 2019 y hasta el próximo lunes 22 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Gijón tiene abierta la convocatoria de provisión de varios puestos correspondientes a la estructura directiva siguiente.

1. Dirección General de Igualdad.
2. Dirección General de Innovación y Promoción de Gijón.
3. Dirección General de Servicios.
4. Dirección General Económica-Financiera.
5. Dirección General de Promoción del Empleo.
6. Dirección General de Urbanismo.
7. Dirección General de Medio Ambiente y Movilidad.
8. Dirección de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

Hay que congratularse de esa dinámica inusual de ofrecer puestos de dirección que usualmente se reservan a las cuotas y compromisos partidistas fruto del logrolling político. Los cometidos de los puestos ofertados según su descripción están relacionados con lo que en la UE se viene dominando a Policy Officer  por lo que felizmente se  exigen conocimientos genéricos para el análisis y evaluación de políticas o conocimiento sustantivos sobre las políticas concretas.
La diversidad de puestos ofrecidos abarcan desde roles tecnoestructurales – bien sociotécnicos bien técnicojurídicos - de gestión organizativa específica que normativamente excedería en mucho a gestión general y sobre todo a  la habitual dinámica política del clásico lindbloniano de ‘salir del paso’  o el de  ‘más músculo (mayorías  políticas-lobying)  que cerebro (conocimiento aplicado y decissión-Making)’. 

Según las bases
-     se  atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
-     Se exige se funcionario/a de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funciona­rios de administración local con habilitación de carácter nacional y a propuesta motivada de la Alcaldía, podrá nombrar a personal no funcionario que, en todo caso, habrá de acreditar titula­ción superior universitaria y méritos de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
-     Se exige Compromiso de sujetarse a un sistema de evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsa­bilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les haya sido fijados.
  
Más información en boletín oficial del Principado de Asturias núm. 134 de 12-VII-2019.