La simbiosis de los tres pilares de la idea de lo público exige una corresponsabilidad, coherencia y sinergia de los actores que los integran. Ellos conjuntamente deben impulsar políticas regulativas y operativas tendentes a la destrucción creativa del desorden establecido, pudiendo comenzarse por reconstruir es la equivalencia entre lo que parece público y no lo es, al menos en términos de gasto público. Sabemos que hay una noción del aparato administrativo, equivalente a la burocracia pública… Hay otro sentido económico que coincide con el Sector público. Pero el problema está es ese limbo al que se destinan recursos públicos sin que haya un valor público claro o tangible. Ahí es donde se produce en mayor medida el despilfarro, el amiguismo, el reparto del botín. Los entes pseudo públicos aparecen ‘sub specie boni’ de fundaciones, subvenciones, creación de empresas de amigotes, familiares, militantes, correligionarios… para ser adjudicatarias de importantes negocios públicos). Pero el empirismo no dice que desde la cultura del pelotazo, este gasto público va fundamentalmente a satisfacer intereses privados de dudosa legitimidad, cuya única razón, hay que insistir es la afinidad ideológica, religiosa, la simonía, el clientelismo, la instrumentalización… Esto merece controles internos y externos, en el que los interventores, inspectores tengan una corresponsabilidad ex ante para su creación. Por lo tanto se impone una Ordenación del Sector Público y, en su caso, Agencialización razonable, con una derogación inmediata de esa patente de corso que es el art 5 de la ley Hacienda valenciana y normar con rigor y concreción sus aspectos.
En segundo término se precisa una Evaluación del desempeño organizativo que sea posterior a un previo establecimiento de objetivos, gestión de políticas, de recursos y de programas. Ello implica la necesidad de una auténtica Dirección pública profesional, la implantación de requisitos para algunos cargos políticos. En estos días no puede ser Ministro, Conseller, Concejal de una gran población, o presidente de un ente públicos quien, no tenga una titulación universitaria y un mínimo de cinco o siete años de experiencia profesional o empresarial. Igualmente hay que exigir la operatividad de mecanismos de responsabilidad en los agentes públicos (vg. Art. 89 LOGFPV)
En tercer lugar, como siguen habiendo muchos free riders (gorrones) del sistema social que consumen sin necesitarlo y no contribuyen debiendo y pudiendo, hay que repensar el mecanismo de subvenciones, prestaciones y sobre todo reflexionar en un sistema de copago equitativo, especial mente en sanidad y educación. No es de recibo que la gente le pese más gastarse 50 euros en un tratamiento médico y en una cena de viernes noche.
Y como resultado de los tres puntos anteriores, hay que pensar en un “adelgazamiento" de la administración, por la vía de quitarse grasa impropia, especialmente la que deriva del coste político (privilegios, gastos superfluos,… Posiblemente sin necesidad de reducir la calidad de los servicios públicos esenciales, pueda conseguirse un sano adelgazamiento, vía control del gasto, copago , respuesta temprana al ciudadano, potenciación de la participación ciudadana, evaluación continua de la administración, e-administración ( se dice que de su potencial estamos todavía entorno aun 10%) , exigencia de la responsabilidad política y administrativa, despolitización y profesionalidad en la actuación administrativa derivada de la ejecución de políticas con un revival de la función de los TAG como bien ha señalado recientemente Morey Juan (Cfr. “La administración general y su papel respecto de las políticas públicas “ en La Administración Pública entre dos siglos, Libro Homenaje a Mariano Baena del Alcázar) y por terminar una merecida apuesta por la función pública, que haga desaparecer el slogan de que los agentes públicos son buena gente atrapada en un mal sistema, por falta de honestidad política, espíritu de servicios, liderazgo en la administración y mejora de la función directiva.
En segundo término se precisa una Evaluación del desempeño organizativo que sea posterior a un previo establecimiento de objetivos, gestión de políticas, de recursos y de programas. Ello implica la necesidad de una auténtica Dirección pública profesional, la implantación de requisitos para algunos cargos políticos. En estos días no puede ser Ministro, Conseller, Concejal de una gran población, o presidente de un ente públicos quien, no tenga una titulación universitaria y un mínimo de cinco o siete años de experiencia profesional o empresarial. Igualmente hay que exigir la operatividad de mecanismos de responsabilidad en los agentes públicos (vg. Art. 89 LOGFPV)
En tercer lugar, como siguen habiendo muchos free riders (gorrones) del sistema social que consumen sin necesitarlo y no contribuyen debiendo y pudiendo, hay que repensar el mecanismo de subvenciones, prestaciones y sobre todo reflexionar en un sistema de copago equitativo, especial mente en sanidad y educación. No es de recibo que la gente le pese más gastarse 50 euros en un tratamiento médico y en una cena de viernes noche.
Y como resultado de los tres puntos anteriores, hay que pensar en un “adelgazamiento" de la administración, por la vía de quitarse grasa impropia, especialmente la que deriva del coste político (privilegios, gastos superfluos,… Posiblemente sin necesidad de reducir la calidad de los servicios públicos esenciales, pueda conseguirse un sano adelgazamiento, vía control del gasto, copago , respuesta temprana al ciudadano, potenciación de la participación ciudadana, evaluación continua de la administración, e-administración ( se dice que de su potencial estamos todavía entorno aun 10%) , exigencia de la responsabilidad política y administrativa, despolitización y profesionalidad en la actuación administrativa derivada de la ejecución de políticas con un revival de la función de los TAG como bien ha señalado recientemente Morey Juan (Cfr. “La administración general y su papel respecto de las políticas públicas “ en La Administración Pública entre dos siglos, Libro Homenaje a Mariano Baena del Alcázar) y por terminar una merecida apuesta por la función pública, que haga desaparecer el slogan de que los agentes públicos son buena gente atrapada en un mal sistema, por falta de honestidad política, espíritu de servicios, liderazgo en la administración y mejora de la función directiva.
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