Mi mundo no es de este Reino: De Agencia a Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas

Mi mundo teorético - de políticas públicas - no es de este reino - de praxis gubernamental -  que no se preocupa  lo que se debe  por el análisis para el diseño del 'qué' de la acción pública ni de evaluar el  'cómo ' se ha hecho, siguiendo dinámicas precedentes, que no cambian a pesar de buenas intenciones en algunos actores y momentos  que parecieron dichos con la creación Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). Ya señalamos que esta ha dejado de estar plenamente operativa como consecuencia de la disolución de esta Agencia por el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública. 

Hoy al igual que con el precedente  RD 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el actual RD 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en su artículo 2.5 el ROF dispone la ubicación orgánico-funcional del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas sin cambio alguno. Así que sigue adscrito a la Secretaría de Estado, con nivel de Subdirección 

General, correspondiéndole, en el ámbito de la AGE y de  sus organismos públicos, las siguientes funciones:

Ø  La evaluación de las políticas públicas y de los planes y programas cuya evaluación se le encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales.

Ø  El fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.

Ø  La formulación y difusión de metodologías de evaluación.

Ø  El fomento de la formación de los empleados públicos en esta materia, en coordinación con el INAP.

Ø  El apoyo instrumental necesario para realizar los análisis que requieran los procesos de modernización o planificación que se impulsen desde la Secretaría de Estado de Función Pública. 

Todo sigue igual, mantiene su rango político-administrativo venido a menos desde que fuera Agencia, aunque  tampoco diese los frutos esperados en ese entonces, a diferencia del ejemplo de nuestros vecinos franceses  que sí han seguido una hoja de ruta en el Conseil scientifique de  l'évaluation desde su decreto inaugural de 22 de enero de 1990, con una planificación y objetivos  claros. 

No sabemos qué hará este Instituto en esta legislatura, pero me temo que poco o nada nuevo ad meliorandum con un gobierno de coalición por primera vez  en este país, y con un ambiente tas crispado y sesgado. 

De momento nos encontramos con que siendo su objeto la AGE, no será el Instituto el agente promotor de evaluaciones si no  que ha sido el Ministerio de Igualdad por su cuenta y mediante su  Instituto de la Mujer el que se gastará 42.000€ en evaluar si las políticas feministas de Sánchez han servido de algo y que deben concretarse en 50 páginas, busca conocer la efectividad de las medidas puestas en marcha en el pasado para aumentar la presencia de niñas en las ramas de formación de tipo científica. Serán  analizados  los programas ADA y DIANA para enseñar «programación informática creativa» a niñas de entre ocho y doce años en colegios de toda España con el objeto de valorar la idoneidad de la metodología utilizada,  los resultados e impactos y el grado de cumplimiento de sus objetivos, planteando si los efectos de la intervención del Estado en las aulas han contribuido a alcanzar el objetivo de un mayor peso femenino en las ramas científicas de la educación. 

Desde los marcos teóricos normativos hay que llevar cuidado en quién es el promotor de la evaluación para analizar si en ella hay un propósito encubierto  y desviado de los sanos propósitos  inherentes a la evaluación en torno a  la responsabilidad, la mejora de programas y la promoción de conocimientos básicos, es decir la obtención de retroimputs para mejorar el proceso de aproximación sucesiva a la resolución  de un problema, bien por su solución definitiva o la de fijar un estándar óptimo en torno a la eficacia y exigencia y economía.

Poco puede decirse  pues de mejores expectativas  para el escenario inmediato y para la evaluación y menos aún para el análisis previo, es decir, no tanto detenerse en lo que hemos hecho sino lo que vamos hacer  de nuevo, con o sin  la experiencia que nos daría una evaluación de lo previo ad hoc, que es el énfasis del análisis en  la orientación primigenia en las Ciencias de Políticas, de la que surgieron los diversos modelos analíticos normativos o descriptivos. Ya hemos dicho que  la  mayoría de las veces se identifica la evaluación con una acción a posteriori aunque  para algún sector doctrinal también puede realizarse tanto en el diagnóstico, como en la fase de programación y se centra en los objetivos de la política o programa y a la par en las necesidades de los usuarios o beneficiarios.

En todo caso análisis y evaluación o viceversa peo que se haga algo  con buenos propósitos orientados hacia el interés general, no  sea que entremos en la dinámica  de aquel Reagan, que retiró  los fondos públicos para los programas de análisis de políticas de su época por aquello de (…)para qué gastarse recursos en evaluar lo que ya se sabe que se hace mal (…).

CFR.

Pinazo Hernandis,J.,(2014) Evolución de modelos y enfoques para el análisis de la “acción pública”: del discurso a una nueva dinámica normativa, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 12.

Pinazo Hernandis,J.,(2016) Ciencia, burocracia y democracia en las políticas públicas: factores actuales para el análisis y evaluación” en Revista de Evaluación de programas y Políticas Públicas, 7.