Para acabar de entender la necesaria sinergia debemos poner en relación tres ideas. La primera es la de ‘interfase’, para Nora y Minc denominan como actividad de interfase al nivel intermedio entre la decisión política y la actividad administrativa. Como cometido de bisagra entre la zona política representada por los políticos electos, asesores, personal de gabinete... y la zona representada por los profesionales de la Administración. En ella la confianza política y la racionalidad técnica -altos cargos, asesores y directivos públicos- se entremezclan en proporciones diferentes según su mayor o menor participación en las diversas fases de la formulación o implementación de las políticas públicas. Denominada igualmente como ‘tercer espacio o bisagra’, para Ziller lo es la zona de intersección entre política y administración en el que se tensiona entre la legitimidad política y la burocrática, entre la racionalidad ideológica y la técnica.
De su parte la ‘Decisión pública’, supone la aplicación de la lógica racional del decisión-making aplicada a un asunto público. La gestión política implica decisión pública pero ésta no descansa sólo en la decisión propiamente política al estar mediatizada por innumerables y diversos factores de los subsistemas sociales siempre cambiantes que deber ser tenidos en cuenta por quienes han decidir. El desideratum político se ve afectado por la racionalidad técnica, que determina la factibilidad política, al quedar afectada por la racionalidad limitada condicionada por la premura, la falta de información, el compromiso político y la asignación de recursos a otras decisiones.
La decisión pública se traduce en Gestión Pública al pasar el testigo a los gestores/ejecutores para que implementen aquellas decisiones que van a incidir en la estructura social y su regulación, ya que producirán cambios y efectos en los órdenes sociales y jurídicos.
Por último el ‘Apoyo a la decisión pública’ es la utilización de diversos mecanismos y herramientas técnicas y organizativas para que el ‘decisor público’ adopte la decisión con el mayor grado de racionalidad y optimización posible en el contexto de aplicación. En el proceso de apoyo al Decission-making público, el analista ha de valorar, tanto la capacidad inmediata de responder a una demanda, cuanto la potencialidad de hacerlo en lo mediato, por sí o mediante la utilización de diversas técnicas de gestión. En la interfase político-administrativa juega un papel determinante esta labor como función técnica y de análisis prospectivo, ponderando la racionalidad política llegando a condicionar la viabilidad de una política determinada si esta no se diseña o implementa bien realizando un tipo de evaluación ‘ex ante’ sobre los efectos de su impacto.
El apoyo a la decisión pública consiste sobre todo en la consecución de; el equilibrio entre el decisionismo ideológico y el tecnocrático, coadyuvar a tomar decisiones sabiendo, calculando, previendo y haciéndose cargo de las consecuencias, consecución de incrementalismo/innovación/transformación del status quo y el logro de la factibilidad política, haciendo técnicamente posible lo deseado políticamente.
De su parte la ‘Decisión pública’, supone la aplicación de la lógica racional del decisión-making aplicada a un asunto público. La gestión política implica decisión pública pero ésta no descansa sólo en la decisión propiamente política al estar mediatizada por innumerables y diversos factores de los subsistemas sociales siempre cambiantes que deber ser tenidos en cuenta por quienes han decidir. El desideratum político se ve afectado por la racionalidad técnica, que determina la factibilidad política, al quedar afectada por la racionalidad limitada condicionada por la premura, la falta de información, el compromiso político y la asignación de recursos a otras decisiones.
La decisión pública se traduce en Gestión Pública al pasar el testigo a los gestores/ejecutores para que implementen aquellas decisiones que van a incidir en la estructura social y su regulación, ya que producirán cambios y efectos en los órdenes sociales y jurídicos.
Por último el ‘Apoyo a la decisión pública’ es la utilización de diversos mecanismos y herramientas técnicas y organizativas para que el ‘decisor público’ adopte la decisión con el mayor grado de racionalidad y optimización posible en el contexto de aplicación. En el proceso de apoyo al Decission-making público, el analista ha de valorar, tanto la capacidad inmediata de responder a una demanda, cuanto la potencialidad de hacerlo en lo mediato, por sí o mediante la utilización de diversas técnicas de gestión. En la interfase político-administrativa juega un papel determinante esta labor como función técnica y de análisis prospectivo, ponderando la racionalidad política llegando a condicionar la viabilidad de una política determinada si esta no se diseña o implementa bien realizando un tipo de evaluación ‘ex ante’ sobre los efectos de su impacto.
El apoyo a la decisión pública consiste sobre todo en la consecución de; el equilibrio entre el decisionismo ideológico y el tecnocrático, coadyuvar a tomar decisiones sabiendo, calculando, previendo y haciéndose cargo de las consecuencias, consecución de incrementalismo/innovación/transformación del status quo y el logro de la factibilidad política, haciendo técnicamente posible lo deseado políticamente.
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