De León señaló como dificultades más comunes que se
oponen a la terminación de las Políticas Públicas las siguiente;
· Renuencia intelectual, por parte de quienes están
involucrados emocionalmente. Pocas personas desean oír fallos o grandes cambios
en programas que han sido diseñados para funcionar.
· Permanencia institucional, derivada del hecho de
que las organizaciones especializadas están diseñadas para durar.
· Conservacionismo dinámico, practicado por las
organizaciones que adaptan su funcionamiento con el fin de sobrevivir.
· Coaliciones antiterminación, provocadas tanto por
la burocracia interna como por los beneficiarios externos.
· Obstáculos legales que puedan impedir una decisión
de terminación arbitraria.
· Altos costes políticos.
Pero una
mirada más aguda también añadiría otras restricciones para una decisión de alta
racionalidad instrumental. Por ejemplo tendríamos entre las siguientes;
§
La falta de concordancia entre
el ciclo político, el presupuestario y el ciclo vital de las políticas.
§
El predominio en él análisis de
políticas de la política frente al conocimiento. (vid. en entradas anteriores sinópticos
vs. antisinópticos)
§
La lucha de intereses en la
arenas de las políticas redistributivas
(las políticas determinan la política en términos de Lowi)
§
Las dependencia histórica (Path dependency).
§
La ausencia de evaluaciones con
propósitos abiertos de mejora, conocimiento y responsabilidad.
§
La falta de originalidad y de
reflexión en la momento político para proponer
políticas nuevas, es decir, que ofrezcan programas sustitutivos y altamente
innovadores en términos de valor público respecto del estatus previo.
§
La escasa institucionalización
del análisis de políticas y las dinámicas metaevaluadoras.
A todo esto nótese como especial causa los escenarios de actitud
perversa y desviada en la gestión pública y en las redes de actores
colaboradores ocasionales de la gestión de los servicios y la coadyuvancia que
supone la falta de decisión para mejorar la
contratación pública. Con lo que ha llovido al respecto en estos años la UE termina
de recordarnos la necesidad de acabar con los contratos públicos sin publicidad
para que no sean adjudicados de manera directa, ya que para Bruselas seguimos sin un marco coherente de
contratación que asegure una transparencia suficiente y la coordinación entre
todas las autoridades y entidades contratantes.
Que un gobierno no haga las cosas como debe hacerse es malo,
que la oposición no lo denuncie, también lo es. Pero que esta última al
alcanzar el gobierno sigue haciendo aquello que recrimina es muy sintomático de
aquello que nos decía Crozier en los ’70,
de que una sociedad nos e cambia por decreto.
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