Según expresión del Consejo científico de
evaluación francés de 1990. La
evaluación de una Política Pública tiene por objeto investigar si los medios
jurídicos, administrativos y financieros aplicados permiten lograr los efectos
esperados de dichas políticas y la consecución de los objetivos asignados.
Evaluar en suma supone conocer para mejorar la acción, para determinar
los errores y las restricciones y en su caso las responsabilidades, pues toda política final es la resultante de un proceso
de aproximaciones sucesivas a un problema, pues como señalara Lindblom en 1959 (…) La política no se hace de una
vez por todas; se hace y se rehace interminablemente. La decisión política es
un proceso de aproximación sucesiva a algunos objetivos deseados, en que lo
deseado mismo sigue cambiando a cada reconsideración. Hacer política es, en el mejor de los casos,
un proceso difícil. Ni los sociólogos ni los políticos ni los administradores
públicos saben lo bastante acerca del mundo social para evitar cometer errores
repetidos al predecir las consecuencias
de las medidas políticas (…)
En otras palabras la evaluación en términos
metaevaluativos debe cumplir las funciones de información, legitimación y la de
reasignación de objetivos y recursos, para aproximarnos cada vez más a la
solución más eficaz para el problema y a la par, siempre buscando al menos
incremental o marginalmente más eficiencia y economía. Aquí se sigue una
racionalidad instrumental de medios a fines, formal y materialmente, como nos
diría weber
Pero es muy
posible que una política esté mal diseñada, sea insostenible, impertinente,
inoportuna, no aporte valor público, o sea errática en su concepción sustantivas
– ni existe el problema ni lo quiere la ciudadanía - , o incluso que simplemente
no guste al nuevo gestor político, ni en su concepción o en su implementación.
Si así sucede tras una evaluación son razonables tres decisiones al respecto:
su terminación o su transformación parcial.
Sin embargo constatamos – de
una mera lectura de la prensa de hoy –
que políticas programas o actuaciones
que en su día fueron objeto de implacable ataque por la oposición u otro nivel
político-administrativo cuando están dichas políticas están en sus manos,
dichos programas siguen o no de alteran sustancialmente. Hay un engaño
electoral y además un actuar contrario a la sana gestión al mantener recursos
hacia actividades o fines indebidos. Ello puede deberse a que fueron
evaluados con mucha ligereza, con fines
e interés encubiertos y no abierto hacia
la mejora de la actividad de gestión.
También puede suceder que haya una ineptitud para concebir alternativas o una imposibilidad para su factibilidad, o
que hay un captura de sus programas por
actores fuertemente posicionados. Al final lo que hay es un mero ejercicio
gatopardista y de marketing, que en modo alguno casa con una evaluación desde
criterios metaevaluativos, el análisis de la evaluación, que responda a un
buena normatividad sobre qué , cómo y
para qué evaluamos.
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