La política
determina el ‘qué’ del cambio de las políticas y supongamos que ese ‘qué’ lo sea para mejorar el progreso social, incorporando
el talento de jóvenes o excluidos hasta ahora como capital social, en lugar de
los amigos, camaradas, familiares o legitimadores. La Ciencia de la
Administración determina el ‘como’ a través de sus políticas de gestión Pública,
siendo la principal la propia estructura de decisión, organización y
funcionamiento.
Sobre la
estructura organizativa y funcional de la
Administración ejecutiva de la Generalitat, en materia de Administración Pública se apunta que del
Gabinete del President dependerá como órgano directivo la Dirección General de
Análisis y Políticas Públicas con funciones de asesoramiento y asistencia al
director del Gabinete del President, así como la realización de estudios de
innovación, informes, recopilación de información y documentación sobre
materias que afecten al Consell. El análisis de políticas y evaluación de las
mismas no aparece formalmente, y en todo caso, una institución con ese cometido
no debería en ningún caso estar en el núcleo del poder sino formalizarse de
manera agencial e independiente.
En la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades, no hay Secretaria autonómica de Administración Pública y tan sólo la
recurrente Dirección General de Función Pública, sin saber si quedara huérfano
el Plan Estratégico de
Innovación y Mejora de la Administración de la Generalitat 2014-2016.
De la misma manera que la fatal situación
económica no va a permitir ni llevar a cabo las políticas bandera – salvo que
lo hagan aunque sea simbólicamente tras la generales - es de pronóstico muy débil pensar en que el nuevo gobierno
autonómico o los locales aborden enfoques sinópticos-comprensivos en las nuevas
o reformuladas políticas, ante la composición del equipo de gobierno y el
déficit financiero heredado. Más bien todo apunta a dinámicas incrementalistas
o decrementalistas respecto de lo habido hasta la fecha. No es de esperar en
cualquier caso un cambio radical hacia itinerarios de administración más
científica. Recuérdese una vez más que la institucionalización del análisis y evaluación
de la acción pública, una dirección pública profesional (independiente) y la no
politización de los niveles directivos y predirectivos es la mejor solución
para lograr el principio ortodoxo (tanto en Weber como en Wilson) de separación
política-administración. La libre designación en la función pública se
justifica únicamente para poder al mando a los mejores en cada momento y evitar
patologías burocráticas. En modo alguno es para premiar o conseguir adeptos al gobierno de turno.
En cualquier caso, para un distinto ‘que’
y ‘como’, los datos científicos en
términos de sostenibilidad y capital social, como factores muy determinantes
para la gobernabilidad, y que junto a la capacidad financiera convierten en
estocástico el programa gubernamental, hay que estar muy atento a lo siguiente;
· La Comunidad Valenciana se aleja de la convergencia europea
al mismo ritmo que Grecia.
· Más de 55.000 valencianos acuden al Banco de Alimentos.
·
En la actualidad el gasto público en los Servicios Públicos
Fundamentales —sanidad, educación y protección social— representa el 60% del
gasto público total.
· La Comunitat Valenciana no es una
de las principales comunidades autónomas en captación y retención de capital
humano, según indica el estudio "La geografía del capital humano en
España".
· Según el Consejo de la Juventud de España los jóvenes
valencianos se mantienen en casa de los padres hasta los 29 años al estar
afectados por problemas laborales como la precariedad, la temporalidad, la
subocupación y la sobrecualificación.
· La mayoría de los puestos de trabajo para universitarios o
no, que se crean en nuestro entorno, lo
son en función al valor añadido que
reportan al proceso productivo o comercial actual.
En suma, la
agenda gubernamental, en función de factores externos e internos, esta condenada
a convertirse en un proceso estocástico en cuanto a la posibilidad de cambios
cuantitativos o cualitativos para la mejora de las políticas para solucionar los
problemas más importantes. La herencia de los últimos años de gestión va a ser
duradera en sus efectos perniciosos. Bastará cada año de gobierno que pase en confrontar
los datos de los indicadores oportunos, con los de salida, esto es, deuda, déficit,
PIB, crecimiento poblacional, mortandad empresarial, incremento de empleo neto,
empleabilidad de los universitarios, indicadores de criminalidad o violencia, abandono
escolar, …
Para que la Administración Pública sea instrumento de la
conformación de la sociedad, en este caso, para el cambio hacia la predominancia de una economía
del bien común en la que predomine el trabajo sobre el capital, es preciso de
cambios institucionales y organizativos radicales, y no andarse por las ramas
incrementalistas. En el panorama nacional tras el 21 hemos visto gestos reparadores de infortunios pretéritos
y otros más simbólicos, pero también renuncias ya a cambios prometidos por un bien común más objetivo
y deseado por muchos. Si antes cada día nos desayunábamos con un nuevo caso de
corrupción, ahora es con una renuncia a una promesa electoral. Esperemos que gestos y renuncias no afecten al bien común y que no
tampoco quede todo en simbolismo o gatopardismo o una táctica política frente a las
generales y, que de momento, todo sea por mor de un prudente e inicial ‘análisis
de factibilidad’.
Foto reciente del primer ministro británico sin asiento en transporte público ¿Es un símbolo de un nuevo estar, sólo simbólico o marketing?
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