No hace mucho leí que el presidente de la Cierval, aseguró no ser "partidario de que se recorten las prestaciones sociales", sino de que se gestionen "mejor" para que se pueda hacer "más con menos dinero". Y reclamó, finalmente, que cualquier ahorro derivado de esa mejora de gestión se destine a estimular la actividad económica.
Un poco antes la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en la misma dinámica solicitada entre las que destaca la petición para que aumente la colaboración público-privada en la gestión de servicios públicos como sanidad o televisión, además de la creación de un copago universitario. De su parte el titular autonómico de Economía, Industria y Comercio ha señalado "Nunca como hoy ha sido tan necesaria la colaboración público-privada", y voces de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, apuestan por la implantación del copago dada la experiencia exitosa obtenida en otros países. Unos preconizan el sistema de copago sanitario, otros demonizan, pero ya ha sido abierta la veda por Cataluña, y resueltas las cuestiones competenciales y algunas técnicas, todo va a ser una carrera, como lo fue en su día el adquirir competencias.
Ya tenemos ambas medidas en la cocina que ya venían contemplándose en las experiencias comparadas y con independencia del sesgo político que a la materia se le dé , me interesa la lectura científica que se pueda hacer, a lo que intenta responder esta entrada. Lo primero es que van a implementarse apresuradamente, no como una cuestión de gobernanza receptora del pluralismo de intereses, ni como una técnica de Gestión Pública. Simple y llanamente es consecuencia de la viabilidad económica del sistema y todo apunta, como sucede en otras arenas de políticas, se hará contra gentes, de momento en el área sanitaria y en otras después, y a buen seguro que los grandes fondos de inversión ya están al quite.
Lo que sí es cierto es que no es una novedad en nuestro sistema administrativo eso de pagar por prestaciones públicas, ni aquí ni menos todavía más allá de los pirineos. El Sociólogo Alain Touraine cuando en el año 2003 disertó en unas jornadas de la politécnica valenciana, dilo que el modelo de la sociedad del bienestar, como conquista última de movimiento obrero, se estaba extinguiendo. En el año 2005 en un artículo de la prensa española titulado ‘Hacia un nuevo modelo de bienestar’ postuló que los países europeos se han enriquecido lo suficiente como para que los individuos deban hacerse cargo de una parte de los gastos sanitarios, de educación o de jubilación.
Los mecanismos de cuasi mercados (MTMs) tales como los bonos, copago, mercado interno están en la gestión pública desde los inicios de la NPM allá por los ’80 en casi todos los países OCDE si bien en diversas formas. También lo están los mecanismos de colaboración público-privados, que se denominan PPP/P3 (public-private partnership), como asociaciones público-privadas para gestionar un servicio público que necesita de inversión privada. Son, sin perjuicio de lecturas ideológicas que ahora obviamnos, un mecanismo de gestión de un PFI (private finance initiative), es decir una Iniciativa de Financiación Privada. Así pues el cheque escolar y los anunciados centros de iniciativa social en educación no son sino expresiones de MTM. Técnicamente son instrumentos neutrales de Gestión Pública, y como muchas de las externalizaciones están sometidos, hoy más que nunca, a la sospecha de intereses perversos, ya pueden su nueva dimensión cualitativa y cuantitativa, pueden peligrosamente influir en el espacio vital efectivo.
Un poco antes la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en la misma dinámica solicitada entre las que destaca la petición para que aumente la colaboración público-privada en la gestión de servicios públicos como sanidad o televisión, además de la creación de un copago universitario. De su parte el titular autonómico de Economía, Industria y Comercio ha señalado "Nunca como hoy ha sido tan necesaria la colaboración público-privada", y voces de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, apuestan por la implantación del copago dada la experiencia exitosa obtenida en otros países. Unos preconizan el sistema de copago sanitario, otros demonizan, pero ya ha sido abierta la veda por Cataluña, y resueltas las cuestiones competenciales y algunas técnicas, todo va a ser una carrera, como lo fue en su día el adquirir competencias.
Ya tenemos ambas medidas en la cocina que ya venían contemplándose en las experiencias comparadas y con independencia del sesgo político que a la materia se le dé , me interesa la lectura científica que se pueda hacer, a lo que intenta responder esta entrada. Lo primero es que van a implementarse apresuradamente, no como una cuestión de gobernanza receptora del pluralismo de intereses, ni como una técnica de Gestión Pública. Simple y llanamente es consecuencia de la viabilidad económica del sistema y todo apunta, como sucede en otras arenas de políticas, se hará contra gentes, de momento en el área sanitaria y en otras después, y a buen seguro que los grandes fondos de inversión ya están al quite.
Lo que sí es cierto es que no es una novedad en nuestro sistema administrativo eso de pagar por prestaciones públicas, ni aquí ni menos todavía más allá de los pirineos. El Sociólogo Alain Touraine cuando en el año 2003 disertó en unas jornadas de la politécnica valenciana, dilo que el modelo de la sociedad del bienestar, como conquista última de movimiento obrero, se estaba extinguiendo. En el año 2005 en un artículo de la prensa española titulado ‘Hacia un nuevo modelo de bienestar’ postuló que los países europeos se han enriquecido lo suficiente como para que los individuos deban hacerse cargo de una parte de los gastos sanitarios, de educación o de jubilación.
Los mecanismos de cuasi mercados (MTMs) tales como los bonos, copago, mercado interno están en la gestión pública desde los inicios de la NPM allá por los ’80 en casi todos los países OCDE si bien en diversas formas. También lo están los mecanismos de colaboración público-privados, que se denominan PPP/P3 (public-private partnership), como asociaciones público-privadas para gestionar un servicio público que necesita de inversión privada. Son, sin perjuicio de lecturas ideológicas que ahora obviamnos, un mecanismo de gestión de un PFI (private finance initiative), es decir una Iniciativa de Financiación Privada. Así pues el cheque escolar y los anunciados centros de iniciativa social en educación no son sino expresiones de MTM. Técnicamente son instrumentos neutrales de Gestión Pública, y como muchas de las externalizaciones están sometidos, hoy más que nunca, a la sospecha de intereses perversos, ya pueden su nueva dimensión cualitativa y cuantitativa, pueden peligrosamente influir en el espacio vital efectivo.
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