ABC, Comunidad Valenciana
24 marzo 2008
De las diversas acepciones sobre la gobernabilidad, una definición acorde a los tiempos, sería aquella entendida como la «acción de gobierno para el progreso humano y en el marco de una reglas institucionales predeterminadas por la comunidad». Según definición de Instituto Internacional de Ciencias Administrativas de 1999, la gobernabilidad se refiere a un proceso por el que los diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder y la autoridad, de tal modo que al hacerlo influencian y llevan a cabo políticas y toman decisiones relativas al desarrollo económico y social. Supone la interacción entre las instituciones concebidas formalmente y las organizaciones de la sociedad civil.
La Real Academia Española en el año 2000 incluyó una nueva acepción de gobernanza -entendida como un paradigma de gobernabilidad- definiéndola como «Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la economía».
En el XII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, realizado en la República Dominicana en octubre de 2007, uno de los temas analizado fue el relacionado con la ética y la transparencia en la gestión pública.
Se concluyó, en síntesis, que la transparencia es vista y percibida como un valor democrático; lo público, aquello que es de interés general debe estar a la luz, todos deben poderlo ver; sin voluntad política constante y respaldo político al plan de acción y a sus ejecutores, no es posible adelantar planes y programas para hacer transparente la gestión pública; los planes de acción necesitan participación del ciudadano; la rendición de cuentas requiere una estructura que permita comparar la campaña política de administrador elegido popularmente, el plan o programa de desarrollo, el presupuesto y los logros obtenidos; la rendición de cuentas debe comportar elementos contables claros, sencillos y precisos que permitan al ciudadano entender el monto de sus contribuciones anuales a cada sector de la Administración Pública.
Fijarse estas metas políticas es entender la gobernabilidad en términos de buena gestión pública. Un analista latinoamericano con ocasión de dicho Congreso, ha tenido ocasión reciente de manifestar que la gobernabilidad se entiende como la capacidad que tiene el Estado de atender equitativamente, eficiente y eficazmente las demandas ciudadanas. Significa crear consenso, u obtener el consentimiento o aquiescencia necesaria para llevar a cabo un programa, en un escenario donde están en juego diversos intereses. Añade el citado analista que «en contraposición a esta definición (de gobernabilidad) los políticos de nuestros países, bastante ignorantes algunos de ellos, por cierto, la consideran como la capacidad de maniobra de un gobierno frente a las fuerzas políticas de oposición.
Refleja esta denuncia que el estilo de gobernabilidad es más parecido al ejercicio de oposición política frente a un enemigo siempre acechante intra muros. Esto recuerda a las guardias en el servicio militar en las que se estaba más pendiente de que no te pillara el cabo de guardia, que de lo que sucediera más allá de las garitas.Hemos terminado un proceso electoral con los resultados conocidos y la oferta electoral ha estado, salvo honrosas excepciones, focalizada en mostrar una agenda anclada en el antiparadigma del otro. De tal manera que el voto se convierte no en una ilusión, esperanza y compromiso con un proyecto concreto, sino en un mal menor, un instrumento anti. No hay proyecto político sin un programa de Gestión Pública que lo instrumente y oriente, y éstos han brillado por su ausencia, como si ofreciéramos un gobernar «en contra de» en lugar de un gobernar «para».
La teoría económica de la acción política en una democracia nos enseña que el elector gasta poco tiempo en analizar los programas electorales, a salvo de los grupos de interés y en cuestiones concretas, los analistas y los competidores, para copiarse al alza. Es más, según esta teoría, el ciudadano que pretenda un volumen de información más allá de la que obtiene gratuitamente y de manera común a todos los electores, se comporta irracionalmente.
Un ejercicio retrospectivo de este análisis revela con esperanza que sí ha habido propuestas serias sobre la gestión de lo público, para el logro de una deseable gobernabilidad. Entre ellas hemos podido leer propuestas de reforma orientadas hacia; una Administración que busque la excelencia; un gobierno que ejerza con responsabilidad su función, que se adelante a los problemas, que no reaccione tarde y mal; una ley-compromiso parlamentario por el que los partidos políticos garanticen que sus dirigentes y candidatos obtienen la adecuada formación y experiencia en la dirección y gestión de los asuntos públicos; un gran pacto de Estado sobre el modelo de administración pública que promueva su valor como bien social común; lograr una adecuada separación Administración-Política, con una administración profesional, transparente, responsable, evaluable, eficiente y eficaz; aumentar del control y la transparencia en la rendición de cuentas;...
No es ciencia-ficción, ni estamos en Utopía, ni sé si el proponente anda por los Congresos de Ciencia administrativa, o lee sobre ella.
Tal vez lo que hace falta en nuestro escenario político-administrativo es que los que vayan a los encuentros sobre Gestión Pública interioricen y apliquen sus propuestas de tal manera, que sea aplicable a dicho escenario, aquella demanda del empresario de que «Quiero gente capaz de decirme cosas que le cuesten el puesto».
Publicado en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-24-03-2008/abc/Valencia/gobernabilidad-y-gestion-publica_1641740511195.html
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