ABC,Comunidad Valenciana
Lunes, 15 de octubre de 2007
«Para gobernar, hay que saber». Así rezaba el título de un artículo del periódico argentino «Clarín» un día de agosto de este año. Este recogía la noticia publicada en julio por «The Washington Post» según la cual un bufete especializado en inventos y patentes iniciaron un juicio al secretario de Comercio de los Estados Unidos, por haber designado como subdirectora de la Oficina de Patentes y Marcas del gobierno federal, a una persona que nunca había diseñado una solicitud de marca o patente, ni había preparado una opinión legal sobre si un invento merece una patente, ni había tenido experiencia en el manejo de instituciones que operan grandes volúmenes de flujos de información como es el caso de la oficina de patentes.
Sin perjuicio del fallo último de la justicia americana, la cuestión relativa a si la designación de un funcionario político exige cierto nivel de experiencia propia para las tareas a desempeñar, viene siendo cada vez más debatida en los Estados Unidos. Ello se debe, en parte, al escándalo suscitado por la desastrosa gestión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, con ocasión del Huracán Katrina. Su titular en ese momento, había sido hasta su designación un abogado y jurado de caballos árabes, sin experiencia alguna en la gestión de desastres ecológicos.
El autor del artículo de «Clarín» señala que para saber gobernar deben reunirse tres condiciones poco frecuentes: dominar técnicamente los saberes técnicos del área o sector, tener capacidad de liderazgo y experiencia acreditada en el manejo de la gestión pública y conocer de qué modo las variables políticas afectan los procesos decisorios. Cuanto más elevada la jerarquía de la función, mayor esa triple exigencia.
A la vez la idoneidad también debe ser ética. En tal sentido, el respeto a los requisitos técnico-políticos, además del ético, refuerza la exigencia, ya que sería poco ético tanto designar, como aceptar la ocupación de un cargo para el que, aun en la más modesta de las funciones públicas estatales, hay que saber para gobernar.
Nos resulta pues que en el otorgamiento de la confianza política para la acción de gobierno hay un «do ut des». Hay una confianza y un apoderamiento muy amplio a la opción partisana elegida para que ésta devuelva elementos y productos de gobernabilidad estable. Esa confianza supone al gobernante la disponibilidad de instrumentos exorbitantes, con los que, legitimado por su imparcialidad y dotado de coercibilidad suficiente -dominación legal en términos weberianos-, pueda ejercer la dirección, coordinación, arbitraje... del entramado de redes de actores y de asuntos en el contexto político-administrativo de actuación.
En la acción de gobierno se trata de incorporar al diseño estratégico de la dirección política aquellas propuestas de los diversos actores que redunden claramente en el interés general para el presente y el futuro. Si el equipo de gobierno no dispone en su organización de medios adecuados con capacidad y habilidades para ello, mecanismos hay para extraerlos de la sociedad.
Si entendemos por gobernanza la interacción entre actores estratégicos causada por la arquitectura institucional, entonces la gobernabilidad debe entenderse como la capacidad que dicha interacción proporciona al sistema sociopolítico para reforzarse a si mismo; es decir, de transformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas.
Desde la categorías del Neoinstitucionalismo se denomina «Buena Institución» a aquella que lleva a cabo con eficacia la tarea que le ha sido encomendada, pero manteniendo un gran respeto por las otras instituciones o sus valores.
La institución es buena si es capaz de elaborar reglas que restrinjan la maximización individual cuando es colectivamente destructiva y si, además, es capaz de hacer cumplir estas reglas.
Una buena institución administrativa velará igualmente por la «buena Administración», entendida como el conjunto de reglas que rigen la gestión de las instituciones públicas y que impone a estas últimas un comportamiento que permita alcanzar un equilibrio entre el respeto de los derechos de los administrados, y la preservación de buen funcionamiento del sistema de Administración Pública.
Mediante el «Neoinstitucionalismo Estratégico», la Administración no pierde su papel predominante en ningún contexto de gobernabilidad, aunque incorpore al diseño estratégico gubernamental, propuestas de los actores, siempre éstas redunden claramente en el interés general para el presente y el futuro.
En esta dinámica de gobierno merece atención las denominadas «WPO - Organizaciones con buen desempeño -(Well-performing organizations)» y que tienen su origen en el estudio oficial que se realizó para la Oficina del Auditor General de Canadá en 1988. Los elementos clave del desempeño organizativo serían; énfasis en la gente, liderazgo participativo, estilos de trabajo innovadores y una fuerte orientación para el cliente. Este tipo de orientación, podemos verlo en cierto modo en el modelo de Agencias creadas ad hoc para solucionar problemas concretos (vg. Agencia para la inmigración). Pero de no ser creadas por la propia Administración, pueden ser buscadas en la sociedad civil para que gestionen algunos asuntos públicos, pensando que existen fundaciones, ONGS del tercer sector que gozan de la acreditación de calidad por auditoras específicas.
Así que volviendo al hilo conductor «Para gobernar, hay que saber». Saber el «qué», el «cómo», y el «con quién». La ciudadanía otorga la confianza política a cambio de un saber hacer específico para el gobierno. «Do ut des».
Publicado en http://www.abc.es/20071015/valencia-valencia/exigencias-ejercicio-gobierno_200710150250.html
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