Nos hemos referido diversas ocasiones a la rigurosa obra de Pollitt y Bouckaert sobre La reforma de la gestión pública: Un análisis comparado (INAP, 2010) que versa sobre las reformas administrativas nacionales en 13 países de la OCDE-UE – no se incluye a España -, abordadas desde la década de los ’80. (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos,Finlandia,Suecia, Comisión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá y EEUU)
Peters en 1988 al revisar algunos de los principios esenciales de la reforma de la gestión del sector público concluye que estos no deberían aplicarse categóricamente como si fueran principios universales sino que deben adaptarse a contexto organizaciones concretos. Es más considera que la teoría de la organización del sector público no está lo suficientemente avanzada para proporcionar pautas para posibles reformas.
Peters en 1988 al revisar algunos de los principios esenciales de la reforma de la gestión del sector público concluye que estos no deberían aplicarse categóricamente como si fueran principios universales sino que deben adaptarse a contexto organizaciones concretos. Es más considera que la teoría de la organización del sector público no está lo suficientemente avanzada para proporcionar pautas para posibles reformas.
Pollitt- Bouckaert,
considera acertada esta insuficiencia de evidencia y advierte de que la llamada
a la necesidad de una teoría robusta de contextos no es atendida por la
comunidad científica. Los factores contingentes –políticos, constitucionales y
administrativos – no permite exportar la experiencias de un país a otro sin más.
La comunidad científica guarda silencio al respecto entre otras razones porque
los resultados no han sido los esperados por sus promotores y además las
directrices de actuación de los
profesionales no coinciden con las exigencias científicas y los postulador teoréticos no se concretizan
lo suficiente para su aplicación. La opresión, la retórica y la flexibilización
metodológica han sido las características
de la reformas tanto en la versión anglosajona-americana del New Public
Management(NPM) como la centro
europea-UE del Estado Neoweberiano
(NWS). En suma en todo ha habido más
retórica que rigor.
Y sobre España que no está
en el estudio podría decirse que las reformas adoptadas no fueron eficaces en
cuestiones sustanciales sobre actitud en la gestión de liderazgo ni en la
operativa. Sí ha habido notables avances en la eficacia, calidad y eficiencia
de los servicios públicos por mor de la adaptación tecnológica y dinámica de
ultraburocracia en cuanto a la predictibilidad y cálculo de las expectativas
ciudadanas.
No ha habido más a la de modas administrativa
impulsadas e impuestas con argumentación y retórica política (Hood y Jackson) pero sin rigor
analítico en términos de diseño de políticas. Me estoy refiriendo a las cartas
de servicios, a los modelos de calidad (ISO,TQM, EFQM, IWA-4,…) y ahora con el
E-GOV que se no han supuesto avance
serio en cuanto a una racionalidad instrumental, por no hablar del camelo de la
transparencia, pues paradójico resultando que ahora con ella el 2017, ha sido el
peor año `para España según Transparencia Internacional, pues según el último índice de Percepción de Corrupción de la organización
Transparencia Internacional se ha incrementado la percepción de corrupción en
España, ya que según este índice de 2017
se otorga a España su peor nota en
transparencia desde que el organismo consolidara su metodología actual en 2012.
La gran reforma que debió ser no ha sido; la de la institucionalización
del análisis científico en la decisión pública heterofinalista y destina a la
ciudadanía. No sólo debió institucionalizarse universalmente o con pretensión
de generalidad el análisis para la políticas sino también preparar los
factores para su éxito (talento,
procesos y modelos
meatevaluativos) dada las serias restricciones de alta complejidad que
conlleva tal esfuerzo.
Muestra de lo que decimos ha
sido el derrotero del la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) que ha dejado de estar
plenamente operativa como consecuencia de la disolución de esta Agencia por el
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio (publicado en el BOE del 29 de julio),
pasando sus funciones a ser asumidas por la Secretaría de Estado de Función
Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de
la Dirección General de Gobernanza Pública.
No creo que el gap del
modelo agencial haya sido solo la causa de este derrotero de infravaloración
organiza sino más bien el incumplimiento político de que cumpliese con sus
fines tal y como se contemplaron en su diseño orgánico y funcional. De los niveles autonómicos o locales mejor no
hablar, en especial el nuestro valenciano.
Cfr.
Peters
Guy, “What Works?The antiphons of Administrative Reform, Assesing Public Sector
Reforms.Canadian Centre for Management Development-Mac Gill-Queens Univ. Press, 1988, 78-107
Christopher Pollitt,C- Bouckaert,G.,
La reforma de la gestión pública: Un análisis comparado. INAP, 2010, 262-263.
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