Supuesta
la hipótesis fuerte de que no tenemos un escenario de institucionalización de análisis
de políticas públicas ni menos todavía alguna suerte de proceso analítico
adecuado, instrumental, normalizado, universal o básico/general. Tan sólo puede
hablarse de instancias y experiencias concretas sobre todo en la dinámica de control de gasto
o programas subvencionados por la UE o
IFIs y casi siempre dirigidos al control
ex post de resultados o de procesos.
La
acepción políticas públicas es muy sufrida y existen éstas desde que Dye las conceptualizó como todo los
que gobiernos hacen o dejan de hacer. Esto es una equivalencia con la acción
gubernamental, la decisión pública o similares. Lo que no existe con carácter
general son las políticas públicas conforme
al análisis teorético-normativo de estas, no obstante la inmensa
problemática epistemológica que encierra. Pero entre la nada o el mero discurso
complaciente y el todo existe una zona aceptable de cientificidad para mejorar
la decisión pública que podrá o no terminar en una política.
Según
reciente sondeo, el 73% de los españoles
se siente pesimista sobre la situación del conjunto de España, y solo el 23%
dice ser optimista. Ni la edad ni el nivel educativo cambian los resultados si
bien son más pesimistas las mujeres
(55%) que los hombres (45%), toda vez que el pesimismo está claramente más
extendido entre quienes se definen ideológicamente de izquierda (85%) que entre
quienes se sitúan en la derecha (55%). Sobre la situación económica del país, el 64%
la califica de mala, y el 80% de los ciudadanos asegura que España no ha salido
todavía de la crisis: el 26% piensa que lo hará pronto y el 54% cree que
todavía pasará mucho tiempo para ello. Nos encontramos con una incongruencia
entre cómo juzgan los españoles la marcha de la economía en general y cómo
califican su situación económica en particular. En este sentido, el 52% cree
que la economía mejora, pero solo el 8% reconoce que ha notado esa mejoría en
su bolsillo.
Y sobre
el mercado laboral, la visión de los españoles sigue siendo muy negativa,
quizás porque todavía hay 3,8 millones de personas apuntadas a las listas del
paro: el 78% de los españoles considera que encontrar trabajo es difícil y el
92% juzga insuficientes para vivir los salarios que se ofrecen.
A mi
modo de ver esta situación es un
diagnostico de cómo se deciden las políticas y que como hemos dicho muy a menudo más próximas
del modelo de cubo de basura que de cualquier modelo analítico, incluso e un
comprensible y complaciente hoy modelo de factibilidad (Meltsner y Majone) muy
centrado en las restricciones del sistema.
Miles
de millones de pesetas (1.747.053.000)
son los supuestos beneficios del último listo político valenciano detenido, ya que en
pesetas comenzó su mandato y en 10.5 millones de euros lo ha terminado
(1995-2002). Privatizaciones, adjudicaciones
y demás negocios jurídico-administrativos es donde el político no
debería meter sus narices, pues no entiende ni conoce de lo que es mejor
técnicamente desde el punto de vista para la gestión pública ¿Por qué hay que
privatizar la ITV?, porque fue la primera agencia inglesa en el marco de la
agencialización del programa Thatcher nex steps iniciative, no creo que ni conozcan
el NSI de los ’80, ni tan siquiera que es una agencia pública. ¿por qué se hizo la privatización a favor de un señor
X y no de Y ?
¿Por
qué se adjudicaron negocios públicos a los sobrinitos de siempre? Cuál era su
solvencia profesional y otros factores que exige la contratación administrativa
claramente desde 1995, cuando se inicio este mandado político.
Caliente esta noticia nos
despertamos con otra similar, la
UDEF de la Policía Nacional ha lanzado
una macrorredada en Cataluña por el supuesto desvío dinero de
unos 2 millones de euros en programas de cooperación y de ayuda social para
la financiación del procés. Pues como el caso Blasco valenciano, el dinero se
ha derivado de partidas de cooperación internacional que supuestamente iban
dirigidas a proyectos en Marruecos, Bosnia y América Latina, pero que acaban en
asociaciones 'proprocés' como ANC, Omniun, CATmón, entre otras. Miremos hacia atrás en los
casos anteriores y veremos más de los mismo, y con lo que tiene que aparecer
aun de grandes obras realizadas en el
periodo del progreso valenciano, pues seguro que lo mismo.
En la 5ª Conferencia Braibant de 2006 del Instituto
Internacional de Ciencias Administrativas (IIAS) JOCELYNE BOURGON
manifestó la necesidad de una teoria
normativa nueva sobre Administración
Pública ante un modelo administrativo actual de transición que no casa ya con la teoría
clásica y aún no cuenta con el sustento de una nueva y unitaria Teoría
administrativa. Su propuesta se presenta como síntesis de ambas experiencias,
como integradora, cuyas bases son las
que siguen;
ü Una ‘ciudanía’ entendida más allá de su condición de
votante, cliente o consumidor, que reconozca su implicación y participación en
las decisiones, de tal manera que su inclusión de la toma de decisiones asegure
una mayor confianza en el gobierno, y por ende aumente la legitimación de este.
ü
Un
‘Interés público’ basado en tener más en cuenta los intereses de la ciudadanía
como colectivo y no sólo un agregado de
intereses privados.
ü
Los
‘Servicios a los ciudadanos’ han de aumentar en su cantidad y calidad, merced a
las nuevas exigencias y las nuevas técnicas disponibles, prestadas por la
sociedad del conocimiento, las TICs…
ü
En cuanto
a las ‘políticas públicas’ estas deberán tener en consideración la necesidad de
contar con actores no gubernamentales que coadyuven en todo su proceso. Los
gobiernos cada vez serán jugadores privilegiados que habrán de negociar,
facilitar soluciones y resolver problemas, y en te cometido los empleados
públicos desempeñarán un papel decisivo.
ü La búsqueda de un menor papel del Estado no ha supuesto más
confianza ni un mayor grado de
satisfacción en la ciudadanía, ni tampoco una sensación de mayor seguridad.
Este tiempo ha sido un mero aprendizaje a través de experimentos, lo que debe
ahora debatirse para la una Teoría nueva sobre el rol de la Administración, es
la conciliación entre las libertades de la esfera privada y los valores comunes
que afecta a la esfera colectiva.
Esta propuesta sobre un gobierno respetado, responsable y receptivo tuvo
la inmediata réplica de POLLIT señalando se precisa de una reconceptualización del interés
público que se acomode a los aspectos más coercitivos y regulatorios del
Gobierno y además requiere encontrar acomodo específico ante las diferencias
entre las distintas funciones públicas y ante una Administración fragmentada,
dispersa y diversa. Y lo que es más importante
la idea de Bourgon está más en la búsqueda de una nueva Teoría de la
democracia liberal, que sobre la propia Administración. Es decir la buena administración vendrá cuando
la clase política quiera que así sea y esta buena administración pasa por ello
para situarse en una pretensión de enfoque científico en la gestión de las
políticas públicas además del consabido profesionalismo en determinados puestos
decisorios
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