La literatura específica española (vid. GAPP,
11-12, 1998) se preocupó ya de cuestiones relacionadas como lo que hemos
antecitado, tales como “Calidad y cantidad en el análisis de las políticas
públicas”, “comparación internacional en la evaluación de las políticas
públicas”, “surgimiento, declive y resurgimiento de la evaluación de políticas
públicas”, “La integración de la evaluación de políticas públicas en el proceso
presupuestario” o “El rol del
evaluador”. Pueden verse en perspectiva comparada diversas maneras de instrumentar el análisis y a la
evaluación en el acervo OCDE, desde el que destacamos que España ha realizado
varios intentos focalizados en su mayoría en la evaluación de programas y
específicamente en la gestión financiera y el desempeño de la función pública.
Aun cuando las evaluaciones de políticas hayan sido delegadas al gobierno
central y las agencias, estas evaluaciones han sido mayormente ad-hoc, sin un
marco general ni regularidad. En muchos casos las nociones de evaluación de
políticas y programas se han superpuesto al definir la misión de las unidades a
cargo de la evaluación.
La
diversidad en los modos de la evaluación ha supuesto residenciarlas en el propio ejecutivo
(tesoro,gabinetes,subsecretarías) , en el legislativo (comisiones.
Congreso-senado) en organismos independientes (auditor general,Consejos,
Agencias) o recurriendo a actores externos (Universidad, Think Tanks,
consultoras)
Como señalo
Derlien los años 90 del S. XX se
caracterizaron por la
persistencia y el declive de la evaluación. A pesar de la ulterior
profesionalización, e incluso popularización, de la evaluación en Europa, la
situación se recondujo (reasignación hacia políticas redistributivas) hacia
tareas de auditoría, de tal manera que, desde los años 60 a los 90, el énfasis
político sobre la evaluación ha pasado desde la función de información a la de
reasignación. Detrás de este cambio hay
razones políticas y económicas específicas y además un cambio de actores dominantes. Para el caso
de EEUU Peters atribuye el declive en los ’80, debido a la disminución de
recursos, financiación de proyectos, lo que genero desinterés en la comunidad
científica y sobre todo en la desconfianza del propio gobierno en los programas
públicos, sobre los que ya se sabía que eran malos como para no merecer su
evaluación. Sin duda la apuesta de la NPM por la vuelta al mercado haría perder
la euforia evaluativa inicial, era lógico que la opción por la
despublificación, desregulación y privatización conllevara no gastar dinero en
proyectos evaluativos de acciones en las que no se creía, pues eran malas de
por sí. No obstante la actividad evaluativa fundamentalmente ex post, que do
relegada al control de los outputs
generados por los fondos de programas
estructurales, de cohesión, acción social,… ex UE, IFIs, gobiernos centrales,
etc)
Sin duda aquí la dinámica de la ciencia política ha influido en las ciencias de
políticas por lo que en el despertar de España hacia la cultura democrática en
la Gestión Pública lo hizo en un
escenario político y académico alejado ya del momento esplendoroso de la
política, pues ya habíamos alcanzado el
fin de la historia -se dijo-, y ya estamos en las mejores manos gestoras
y además teníamos nuestra propias dinámicas argumentadas en el desarrollo de la gran política
constitutiva que supuso la constitución
del 78 y los retos reales para la
verdadera instiucionalización de la cultura democrático, las libertades,
la autonomía regional y local…
Creo
que esto anterior, además de la ignorancia propia en la cuestión de las Ciencia
de Políticas, - el análisis de políticas aparece en el escenario académico
español en 1989 (Análisis de Políticas
Públicas y Eficacia de la Administración, de J. Subirats) y en el específico valenciano universitario en el año 2005 – lo
que permite encontrar explicaciones como
para obviar en la acción publica una sana evaluación, y estar bien camuflada,
en su caso, por la mera documentación, el
marketing y la comunicación
política, toda ella suficiente desde un enfoque argumentativo en el análisis.
Labor absorbida para la justificación de
lo mal hecho o la legitimación de la acción apresurada e irracional, siempre en
nombre de los nuevos relatos democráticos y autonómicos y otras expresiones de la libertad política,
aunque muchas de las veces no fuese más que subterfugio de meros intereses partisanos o de los ajustes
partidarios mutuos entre la elite o la poliarquía del momento.
Lo que hacía o decían los gabinetes y la prensa afín o mercenaria,
era de suyo suficiente.
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