Según la EPA la ocupación registra en el tercer trimestre de 2011 un descenso de 146.800 personas, hasta un total de 18.156.300. El número de parados aumenta en 144.700 personas y alcanza la cifra de 4.978.300, situándose en 21,52%, mientras que la tasa de actividad permanece por encima del 60%.
Mencioné en anteriores entradas - Pleno empleo, ¿utopía?(1) ; la Administración Pública y E-administración, neoburocracia y mcdonaldización - que en la ecuación final falta por resolver qué tipo de Estado democrático y social se va a configurar ya que dado que los postulados del estado de bienestar keynesiano ya no se dan. Como también dije y cada vez tiene mayor actualidad un estudio de la comisión europea de 1995 reflejó que entre 1975 y 1995, mientras el volumen de la riqueza producida en los países miembros aumentó el 80%, el empleo total sólo se incrementó el 9%.
Esto me preocupa por pese a las medidas de recortes y más y nuevos recortes el para sigue subiendo, Ahora les toca a los proveedores de la Administración Pública que no cobran. La Administración Pública está, como nunca, metida en una dinámica perversa sin igual. No paga al administrado cuando incumple sus funciones, no le paga porque se gasta el dinero, que está para pagar a los funcionarios, políticos y proveedores que normalmente son los que han causado el mal (vg. Responsabilidad Patrimonial y obras públicas, sanidad …)
Pero como no hay dinero no sólo niega su responsabilidad frente a la víctima sino que ahora tampoco paga a los proveedores. No paga las minutas de los profesionales ni las facturas o certificaciones de los proveedores. Si les pagase no podría pagar a los políticos y a los funcionarios, y eso sí que no, de momento.
Siempre me pareció que los administrados eran los principales destinatarios de la acción administrativa, por mor del principio de buena administración. Repetiremos una vez más, aunque sea por catequesis que este principio también denominado “sana gestión”, o “buen hacer administrativo” supone el conjunto de reglas que rigen la gestión de las instituciones públicas y que impone a estas últimas un comportamiento que permita alcanzar un equilibrio entre el respeto de los derechos de los administrados y la preservación de buen funcionamiento del sistema de Administración Pública.
Íntimamente ligado se se encuentra el buen gobierno como dinámica de óptima asignación y gestión de recursos para responder a problemas que afectan al interés general. De su parte la buena institución sería aquella que lleva a cabo con eficacia la tarea que le ha sido encomendada, pero manteniendo un gran respeto por y con otras instituciones o sus valores. La institución es buena si es capaz de elaborar reglas que restrinjan la maximización individual cuando es colectivamente destructiva, y si además, es capaz de hacer cumplir estas reglas.
En líneas de principio no parece que haya mucha bondad, por ser perversa y claramente contraria a la bonhomía, en la dinámica perversa, cuando resulta que los primeros destinatarios de los dineros públicos son quienes la gestionan temporalmente, y los últimos o definitivamente ninguneados son los verdaderos titulares de la Administración Pública; los ciudadanos que la mantienen con sus impuestos, esto me suena a lógica irracional.
De momento el paro añadido por el impago a proveedores está ahí ya.
Mencioné en anteriores entradas - Pleno empleo, ¿utopía?(1) ; la Administración Pública y E-administración, neoburocracia y mcdonaldización - que en la ecuación final falta por resolver qué tipo de Estado democrático y social se va a configurar ya que dado que los postulados del estado de bienestar keynesiano ya no se dan. Como también dije y cada vez tiene mayor actualidad un estudio de la comisión europea de 1995 reflejó que entre 1975 y 1995, mientras el volumen de la riqueza producida en los países miembros aumentó el 80%, el empleo total sólo se incrementó el 9%.
Esto me preocupa por pese a las medidas de recortes y más y nuevos recortes el para sigue subiendo, Ahora les toca a los proveedores de la Administración Pública que no cobran. La Administración Pública está, como nunca, metida en una dinámica perversa sin igual. No paga al administrado cuando incumple sus funciones, no le paga porque se gasta el dinero, que está para pagar a los funcionarios, políticos y proveedores que normalmente son los que han causado el mal (vg. Responsabilidad Patrimonial y obras públicas, sanidad …)
Pero como no hay dinero no sólo niega su responsabilidad frente a la víctima sino que ahora tampoco paga a los proveedores. No paga las minutas de los profesionales ni las facturas o certificaciones de los proveedores. Si les pagase no podría pagar a los políticos y a los funcionarios, y eso sí que no, de momento.
Siempre me pareció que los administrados eran los principales destinatarios de la acción administrativa, por mor del principio de buena administración. Repetiremos una vez más, aunque sea por catequesis que este principio también denominado “sana gestión”, o “buen hacer administrativo” supone el conjunto de reglas que rigen la gestión de las instituciones públicas y que impone a estas últimas un comportamiento que permita alcanzar un equilibrio entre el respeto de los derechos de los administrados y la preservación de buen funcionamiento del sistema de Administración Pública.
Íntimamente ligado se se encuentra el buen gobierno como dinámica de óptima asignación y gestión de recursos para responder a problemas que afectan al interés general. De su parte la buena institución sería aquella que lleva a cabo con eficacia la tarea que le ha sido encomendada, pero manteniendo un gran respeto por y con otras instituciones o sus valores. La institución es buena si es capaz de elaborar reglas que restrinjan la maximización individual cuando es colectivamente destructiva, y si además, es capaz de hacer cumplir estas reglas.
En líneas de principio no parece que haya mucha bondad, por ser perversa y claramente contraria a la bonhomía, en la dinámica perversa, cuando resulta que los primeros destinatarios de los dineros públicos son quienes la gestionan temporalmente, y los últimos o definitivamente ninguneados son los verdaderos titulares de la Administración Pública; los ciudadanos que la mantienen con sus impuestos, esto me suena a lógica irracional.
De momento el paro añadido por el impago a proveedores está ahí ya.
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