Administración Pública y presión social (y 2): … se recurre al ERE temporal.

Como no es mucho lo que hay que esperar de los políticos y un poco menos de sus asesores, hay que reducir la presencia política en la gestión, por un tiempo prudencial. En su lugar podemos escuchar a la presión social que hable por sí misma. Políticos sí pero que no toquen el sistema administrativo, que jueguen al monopoli en sus casas a cambio de un sueldo-pensión. Estos deberían pasar a una suspensión de funciones, o un ERE temporal - hasta que salgamos de la crisis.
En el ínterin podríamos llamar a ingenieros industriales, a magistrados o incluso a algún para que aportaran algo de racionalidad, respeto a la norma y criterios de justicia.
En tiempos de desolación en la historia se ha recurrido a las dictaduras, los gobiernos militares, a los de concentración, a los protectorados o los tecnócratas. Yo propongo que atendiendo a la presión social y hasta que encontremos un modelo político capaz de asegurar o mantener una alternativa con pretensiones de sostenibilidad como la del Estado del bienestar de los años 1945-1975 (socialdemocracia-democracia,cristiana-neocorporativismo), hagamos un paréntesis desde, por ejemplo, lo siguiente:

- Las autonomías que no pueden salir de la crisis financiera que ellas mismas han provocado recurran a las ayudas del Estado bajo un proconsulado tutelar en los organismos económicos. (véase este cuadro de la situación financiera que acompañamos)
- Que las decisiones de estos gobiernos sean tuteladas ex ante por organismos de carácter. Diríamos en una lógica similar al del Bando de España-entidad intervenida.
- Como es muy difícil que los gobiernos pidan explicaciones a sus correligionarios, debería ponerse en funcionamiento una campaña de manos limpias (judicatura, fiscalía, abogacía el Estado…) para restituir a las arcas públicas de sobreprecios en las contratas, adjudicaciones ilícitas y demás bondades para el erario público y el estimulo de los contribuyentes.
- Los partidos políticos podrían sustituir a los sistemas de empleo público para la política de empleo pues han demostrado ser muy eficaces para la colocación de desempleados n incluso de la gente sin formación en sectores muy sensible al teckné.
- Los sindicatos y asociaciones empresariales podría revisar sus funciones, fines y objetivos en pro de una cultura del esfuerzo, alejada dela subvención y potenciadora de los mecanismos de economía social.

- Que en materia de decisión política se vayan abandonando las dinámicas incrementalistas y de elección racional en pro de otras de deconstrucción del desorden, hasta la argumentación administrativa nueva
- La ciencia y el pensamiento deberá ordenar las ideas de los movimientos sociales en pro de su sistematización y aplicación factible.
- Las descripciones (por citar algunas) de Vattimo, Bauman, Beck (postmodernidad, modernidad liquida, sociedad del riesgo) deberían dar lugar a prescripciones sobre la salida del modelo decadente de la sociedad post industrial.
- La sociedad – amorfa – debe seguir presionado para mayor democracia real, y la par reeducarse a sí misma en pro de un real progreso social, que lime las diferencias negativas que todavía permiten el caldo de cultivo para la perversidad.

Ya que el sistema no funciona por colapso, no ha funcionado en los momentos de prosperidad, no tiene soluciones para el futuro, mejor será que si esta no cueste demasiado, y se dedique a auto destruirse por vía deconstructiva. Una buena solución anterior al cierre por defunción, es la administración concursal y el ERE temporal de los políticos, por causas productivas y organizativas.

A septiembre de 2011 La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre abril y junio fue nuevamente Cataluña, con 38.530 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (20.547 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 14.798 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,47% del total del endeudamiento regional. A continuación, figuran Andalucía (13.545 millones de euros), Galicia (6.923 millones), Castilla-La Mancha (6.267 millones), País Vasco (5.382 millones), Castilla y León (5.071 millones de euros), Baleares (4.561 millones), Canarias (3.422 millones), Aragón (3.332 millones) y Murcia (2.719 millones). Completan la lista Extremadura (2.017 millones), Navarra (1.994 millones), Asturias (1.956 millones), Cantabria (1.196 millones) y La Rioja (910 millones).