“No está probada la eficacia de las fundaciones en la Administración” así lo cree la profesora Carballeira en su trabajo ‘Fundaciones y Administración pública’ recientemente publicado en Atelier. La autora opinar que este modelo de gestión que están siendo las Fundaciones Públicas ha sido un fracaso en captar recursos privados y un nicho de clientelismo y descontrol, además de ser nichos de escándalos.
Para la citada profesora es una figura del derecho civil -una masa patrimonial adscrita a un fin con afán de perdurar - y su traslado al ámbito público no ha cosechado grandes éxitos. Su tesis es la de una deconstrucción crítica del modelo, ya que el fin de ser un medio de captación de recursos privados y de agilizar la gestión pública, al no someterse al derecho administrativo, ha supuesto en la praxis una huida de todo control en contratación o reclutamiento de personal, o sea, ha servido para evitar fiscalización.
Cada Administración autonómica ha fija un régimen distinto. Así pues, como la ley de fundaciones madrileña no fija control alguno, han proliferado como setas.
Sobre su extinción indica que no es tarea sencilla, mientras el fin para el que fueron creadas perviva. Su dinámica y naturaleza no se ajusta a los cambios en las Administraciones públicas, no es pues fácil su adaptación a los cambios, de tal manera que la vinculación de un patrimonio a un fin condiciona la política de los sucesores, hipoteca su gestión.
Como muestra podemos ofrecer el botón del Ayuntamiento de Valencia, en el que en los últimos cinco años 45,3 millones de euros gestionados por cinco fundaciones municipales escapan a la fiscalización y la oposición ha amenazado, ante la falta de claridad, con acudir a los Tribunales.
La dinámica seguida parece indicar una huida de los controles hacia esa familia de entidades público-privadas en las que hay que poner más atención y mayor celo para que no haya un uso indebido de fondos ni tampoco falta de control.
Se indica que tanto el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes, que son los organismos públicos encargados de ese control, tienen dificultades a fecha de hoy para controlar las cuentas públicas locales. La causa reside en su régimen jurídico, argumentándose que sólo son Sector Público a efectos de la deuda, en el resto siguen un régimen privado.
La oposición ha sido especialmente insistente a con la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) y con la sociedad Valencia Estrategia, Promoción e Imagen (VEPI), encargada de la promoción de la Copa del América.
Sirva estas noticias para proponer cambios en las maneras de hacer Gestión Pública. No es de extrañar los escándalos de corrupción denunciados, si tenemos en consideración estos mimbres. Las patologías burocráticas no pueden legitimar la introducción de mecanismos y dinámicas que puedan generar peores disfuncionalidades. Los dineros públicos, cada día más escasos, necesitan reducirse para redireccionar los recursos disponibles a tareas mas acuciantes mediante políticas redistributivas.
La necesaria fiscalización no debe quedar en un arma política para que al fin se alojen los trapos en el saco del intercambio de la ropa sucia. El ejercicio de la leal oposición implica el uso de criterios objetivos si se pretende transparencia en la gestión y en su caso, exigencia de responsabilidades.
No se trata de hacer tabula rasa con todo, si algo funciona debidamente, pero sí se pueden establecer mecanismos eficaces (cambios en los sistemas de control, uso excepcional previsto ex lege,unificacion de regímenes en los niveles administrativos...) para que todo funcione conforme a los buenos fines, que siempre se presumen.
¡Empezamos bien el año¡
Para la citada profesora es una figura del derecho civil -una masa patrimonial adscrita a un fin con afán de perdurar - y su traslado al ámbito público no ha cosechado grandes éxitos. Su tesis es la de una deconstrucción crítica del modelo, ya que el fin de ser un medio de captación de recursos privados y de agilizar la gestión pública, al no someterse al derecho administrativo, ha supuesto en la praxis una huida de todo control en contratación o reclutamiento de personal, o sea, ha servido para evitar fiscalización.
Cada Administración autonómica ha fija un régimen distinto. Así pues, como la ley de fundaciones madrileña no fija control alguno, han proliferado como setas.
Sobre su extinción indica que no es tarea sencilla, mientras el fin para el que fueron creadas perviva. Su dinámica y naturaleza no se ajusta a los cambios en las Administraciones públicas, no es pues fácil su adaptación a los cambios, de tal manera que la vinculación de un patrimonio a un fin condiciona la política de los sucesores, hipoteca su gestión.
Como muestra podemos ofrecer el botón del Ayuntamiento de Valencia, en el que en los últimos cinco años 45,3 millones de euros gestionados por cinco fundaciones municipales escapan a la fiscalización y la oposición ha amenazado, ante la falta de claridad, con acudir a los Tribunales.
La dinámica seguida parece indicar una huida de los controles hacia esa familia de entidades público-privadas en las que hay que poner más atención y mayor celo para que no haya un uso indebido de fondos ni tampoco falta de control.
Se indica que tanto el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes, que son los organismos públicos encargados de ese control, tienen dificultades a fecha de hoy para controlar las cuentas públicas locales. La causa reside en su régimen jurídico, argumentándose que sólo son Sector Público a efectos de la deuda, en el resto siguen un régimen privado.
La oposición ha sido especialmente insistente a con la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) y con la sociedad Valencia Estrategia, Promoción e Imagen (VEPI), encargada de la promoción de la Copa del América.
Sirva estas noticias para proponer cambios en las maneras de hacer Gestión Pública. No es de extrañar los escándalos de corrupción denunciados, si tenemos en consideración estos mimbres. Las patologías burocráticas no pueden legitimar la introducción de mecanismos y dinámicas que puedan generar peores disfuncionalidades. Los dineros públicos, cada día más escasos, necesitan reducirse para redireccionar los recursos disponibles a tareas mas acuciantes mediante políticas redistributivas.
La necesaria fiscalización no debe quedar en un arma política para que al fin se alojen los trapos en el saco del intercambio de la ropa sucia. El ejercicio de la leal oposición implica el uso de criterios objetivos si se pretende transparencia en la gestión y en su caso, exigencia de responsabilidades.
No se trata de hacer tabula rasa con todo, si algo funciona debidamente, pero sí se pueden establecer mecanismos eficaces (cambios en los sistemas de control, uso excepcional previsto ex lege,unificacion de regímenes en los niveles administrativos...) para que todo funcione conforme a los buenos fines, que siempre se presumen.
¡Empezamos bien el año¡
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