En ciencias sociales se emplea el término de ‘normativo’ para indicar un deseo, una
prescripción sobre a los efectos de una
acción social, en cuanto a medios o fines. Lo normativo no se limita a lo
juridificado positivamente en textos legales, sino que puede encontrase en
costumbres, teorías, manuales, acuerdos,
….
El código de conducta de los agentes públicos o las normas sobre
dirección pública que se recogen en los textos legales de función pública
española son Ciencia de la Administración
normativa y también derecho. Pero los ejemplares Axiomas de Whitehall
son Ciencia de la Administración
normativa pero no son derecho. Morison se refiere a
ellos en 1926 como una tradición del servicio civil británico y una teoría y práctica
del gobierno parlamentario inglés como paradigma de la separación política-Administración
anclada en una relación experto-hombre común, según la cual fundamentalmente el funcionario debe presentar a su jefe
político todos los argumentos a favor y en contra de un decisión de manera
completa e imparcial y una vez se ha tomado la decisión, el funcionario debe
llevarla a cabo con total lealtad más allá de sus preferencias.
Einzing en 1948 en The Front Offcie goes socalist da
cuenta que el seguimiento de los
Axiomas permitió la aplicación
gradual del socialismo en Gran Bretaña, desde 1945 que no vino acompañada de purgas entre los directores, ni
siquiera en las formas menos drásticas de los reajustes generales. Mientras se
designaban políticos que sabían poco o casi nada del trabajo a hacer, el gobierno era lo suficientemente
realista como como para preferir ejecutivos de gran experiencia a cargo de las empresas nacionalizadas.
Por ejemplo, esta norma de funcionamiento de ofrecer argumentos a favor o en contra de una decisión - sine
ira et studio diría Weber - por ejemplo no está recogida en las normas
jurídicas que en España hablan de la dirección pública o en los ROF
para los puestos de funciones predirectivas. Es más me consta haber escuchado a un jefe de área decir que “lo que nos piden de arriba es vestir al santo”.
El caso es que esta semana he podido leer que la preocupación de los
españoles por los casos de corrupción política se ha disparado en las
últimas semanas y ya es uno de los principales problemas para el 54,3% de los
ciudadanos. Ha aumentado 12,3 puntos más
que un mes antes, según el barómetro del CIS último correspondiente al mes de
mayo. La inquietud de los españoles por la corrupción y el fraude pasa del 42%
en abril al 54,3% en mayo mientras que la preocupación por el paro
también repunta, y se sitúa en el 71,3%,
frente al 69,6% del mes anterior, aunque el paro sigue como principal preocupación de
los ciudadanos, mencionada por el 71,3%. Como tercera inquietud se mantienen
los "problemas de índole
económica", y la cuarta posición la
siguen ocupando los políticos en general, con el 18,1 % (20,9% un mes antes).
Con relación al problema políticos dos hechos de muy alta relevancia para
el sistema democrático se han producido en
menos de un mes; el atentado contra el ex primer ministro de Grecia y el ocurrido contra congresistas
en EEUU en Virginia y con relación a la
democracia real en España cuando se cumplen 40 años desde las elecciones de 1977 se afirma que los ciudadanos se sienten todavía
decepcionados con el nivel de democracia alcanzado en España, especialmente por la situación política, la mala valoración
de los políticos y el elevado nivel de corrupción en la clase política. Así se
señala que menos de la mitad de los
españoles (el 47,9%) se
sienta satisfecho con el nivel de democracia y, el 44,1% de los
encuestados piensa que el resultado aún es insatisfactorio. Con respecto a los jóvenes de entre 18 y 30
años son los más insatisfechos, pues el 49,2% de los encuestados en esta franja
de edad suspende el régimen político desde la Transición y solo un 35% lo
considera aceptable.
Todos estos datos sociológicos como
métodos de análisis cuantitativos y cualitativos son elementos que revelan la
capacidad de un gobierno para afrontar los problemas más sustanciales para la
gobernabilidad de un país. La Ciencia de la Administración (Aucoin, 1995) normativa diría que para una buena gestión de lo público se necesita
un ‘Buen Gobierno’
y ello significa que un gobierno ejecutivo sea; a)
políticamente responsable y b) capaz de formular e implementar políticas
públicas sustantivamente valiosas.
Pero ya en el Madrid de 1838 se
podía sobre gestión
político-administrativa normativa, BOURBON-BUSSET en su Filosofía
política o elementos de la Ciencia de Gobierno y de Administración siguiendo a Sócrates diría que la mayor impostura es querer dirigir y
gobernar a los hombre sin tener talento para ello. Se preguntaría por ello ¿en que se funda pues la filosofía política,
ese arte de gobernar, tan bello, tan difícil y tan noble?.
Para Bourbon - para
la función administrativa - “ el
magistrado encargado de la administración interior debe velar por la educación
física ay moral de los niños, la construcción de caminos, canales, mercados en
pro del comercio, asegurar mediante reglamentos las buenas costumbres
mercantiles, la correspondencia de la moneda nacional con las extrajeras, el
amor a las letras ya las artes, arraigar
en el corazón de la juventud el amor a las buenas costumbres y a la virtud,
dirigiendo sabiamente los estudios y, por último, hacer del amor a la patria la
más sólida de todas las virtudes, estrechando de este modo los vínculos de la
familia” .
De su parte – para la función política – “el jefe de un Estado o el principal
ministro contrae todo a la unidad de acción, enlazando entre sí las partes que
le parecen distintas, para que la legislación, la religión y el poder ejecutivo
concurran todos a un mismo fin. Domina a
los hombres y a las cosas, sujeta los sucesos a sus cálculos, y perfecciona,
anima y dirige a un mismo tiempo los resortes visibles u ocultos de la maquina
política”.
Siempre se ha hecho poco caso a la Ciencia de la
Administración, su fracaso explica el éxito del Derecho Administrativo. Siendo
haz y envés de una misma realidad, al menos hay un mínimo que puede exigirse y de
la multitud de actos y actividades invalidas o injustas, algunas son reparadas.
La ultracionalidad eficiente es el máximo en la Ciencia de la Administración,
como el despilfarro o malversación lo es al Derecho Aministrativo y otros
concomitantes. Los
méritos de este último y de los pretores guardianes de hoy son una realidad que
amerita la bondad política en el equilibrio
de poderes pero lamentablemente conllevan
la consecuencia de una administración ineficaz y sobre todo muy ineficiente por
el alto coste de las contiendas judiciales y sus externalidades e internalidades
negativas de todo tipo. Pero este es otro escenario social explicable por
Mendeville en su peculiar teoría económica de la Fábula de las abejas de 1705, que excede del propósito
de la entrada.
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