El análisis holístico de la “acción pública” (9): funcionalidad e institucionalización del análisis de políticas

Obtuvimos una muestra cualitativa -de quince alumnos de diversas Administración Publicas en la Comunidad Valenciana y con funciones directivas o predirectivas-  acerca del conocimiento o aplicación del enfoque de políticas en sus cometidos público-directivos. Concretamente un cuestionario  preguntaba  acerca de si el análisis y gestión de las políticas públicas  o un equivalente y equipotente mecanismo analítico y evaluativo está presente en nuestro entorno político-administrativo más inmediato, y, en suma, atisbar cuan cerca o lejos estamos de una gestión pública orientada a políticas, o a impactos, metas, resultados, incremento de valor público. (publicado en Pinazo Hernandis, J. (2019). ¿Sigue Weber siendo un referente para la sociología político-administrativa? Reconceptualización de sus tipos ideales” en Inseguridades y desigualdades en sociedades complejas, (C. Díaz y Moreno Carrillo, J.M. (Coords.), Albacete, UNO Editorial. (Sociología Hoy 2018 , Asociación Castellano Manchega de Sociología),pp. 86:90). https://acmspublicaciones.revistabarataria.es/sociologia-hoy-2018/

 

 

La  síntesis y sinopsis, de respuestas a cuestiones de autoevaluación comprensiva de la actividad formativa de análisis y metaanálisis de políticas públicas se formularon diversas entre las que destacamos esta agrupación de respuestas;

1). ¿Por qué no es posible la racionalidad absoluta en la toma de decisiones?

ü  La problemática del que decide está en muchos casos más allá de la ética y de la técnica, pues el contexto de juego implica una racionalidad limitada debido a la información incompleta y los valores ambiguos. 

ü  Un enfoque de racionalidad absoluta supondría capacidades intelectuales y fuentes de información y de tiempo que los hombres no tienen.

ü  Porque tratamos con personas, hablamos de sujetos y de subjetividad.

ü  Es muy difícil que un sujeto sea totalmente objetivo y que en ningún momento aparezca su propio pensamiento.

ü  Hay impedimentos legales que limitan las alternativas planteables.

ü  A veces los objetivos no están claros o son relativos.

ü  Depende de los políticos como personas, de su desarrollo personal y profesional.

ü  Aunque se disponga de información y datos imparciales, existen siempre factores ligados a percepciones, deseos o intereses que pueden decantar la balanza en uno u otro sentido siempre y cuando quede cierto grado de discrecionalidad.

ü  El modelo de racionalidad es adecuado para tratar problemas relativamente simples, a pequeña escala, con pocas variables y dimensiones valorativas limitadas.

ü   La problemática del decisor político implica una racionalidad limitada debido a la información incompleta, valores ambiguos y decisiones frecuentemente contaminadas emocionalmente

 

2). ¿Realmente puede racionalizarse al máximo la decisión o evitarse las tendencias a la irracionalidad?

ü  A pesar de los fallos del sistema, se puede aspirar a una racionalidad objetiva para abordar los problemas.

ü  En estos momentos es imposible, vivimos en una sociedad con demasiados intereses creados.

ü  Para que eso pudiera ocurrir tendríamos que empezar desde cero, hacer tabula rasa y aun así se volvería a viciar todo, porque es el propio ser humano con sus diferentes intereses el que hace que esto ocurra. 

ü  Con voluntad puede racionalizarse mucho ya que es demasiado fácil disfrazar y pervertir las cosas.

ü  El grado de racionalización puede elevarse, en muchos casos de modo exponencial, dependiendo del punto de partida en situaciones de asignación nominativa y discrecional de subvenciones, convenios e inversiones.

ü  Para evitar la tendencia a la irracionalidad disponemos de recientes desarrollos normativos en materia de subvenciones, contratación administrativa, o la puesta en marcha de baremos comunes, transparentes y públicos para la distribución de ayudas. No obstante siempre cabe plantearse si la propia formulación de dichas normas podría haber sido aún más objetiva.

ü  La decisión no puede racionalizarse al máximo, ya que muchas de las decisiones políticas están contaminadas emocionalmente (populismo, clientelismo, ideología e interés propio) y debería evitarse en la medida de lo posible esta tendencia a la irracionalidad.

ü  La actualidad ofrece ejemplos de creación de políticas ad hoc para legitimar decisiones que no han sido basadas en la racionalidad, en la asignación de recursos públicos sino en otros intereses.

 

3). ¿Los modelos analíticos pueden aportar más racionalidad en la decisión política?

ü  Nunca puedes medirlo todo, la información esta sesgada y la parálisis por el análisis no deja de ser un acto infructuoso, tiene que haber una serie de criterios de actuación y buscar un punto óptimo.

ü  La racionalidad total no se puede lograr, ya que la decisión política lleva inherente un cierto componente de irracionalidad.

ü  Sí, puede aportar un mayor grado de racionalidad en la toma de decisiones, siempre y cuando sea definido bajo un prisma aséptico, no ligado a sesgos ideológicos de quienes van a fundamentar sus decisiones en el resultado del modelo.

 

4). ¿Es factible y oportuno la introducción de modelos analíticos en la decisión y el proceso de las políticas?

ü  Sí, hay que apostar por el análisis de la acción pública como instrumento al servicio de la gobernabilidad.

ü  Sería factible, aunque debería escogerse concienzudamente el modelo a implementar, optando en mi opinión por modelos lo más objetivos y racionales posible, aunque con cierto margen para incorporar argumentos ligados al análisis de la realidad social.

ü  Siempre hallaríamos a quien rebatiría el modelo analítico escogido (por considerarlo inadecuado, alejado de su enfoque político o simplemente por no hacer suyas soluciones escogidas por otras opciones políticas).

ü  Es factible y sería oportuno; ahora bien, el analista debería entender la parte política del juego, de forma que su labor genere la confianza de los decisores políticos, y pase a convertirse en otro miembro del equipo decisor, pues de lo contrario el análisis será considerado carente de interés, improductivo e imposible de aplicar.

ü  Los análisis deberían hacerse más argumentados y estratégicos, tendentes a evaluar la factibilidad política de cada alternativa, lo que dependerá de su diseño, de la estrategia política y de la habilidad de la implementación.

 

5). ¿Por qué no se hace análisis de políticas según los cánones teóricos?

ü  El análisis de políticas públicas aparece como una selva de diversas y conflictivas formas de investigación, con terminología inconsistente y estilos intelectuales divergentes e, incluso, con ciertos paradigmas imposibles de comprobar.

ü  Quizás la confrontación entre los dos enfoques (prescriptivo y explicativo) de las dos grandes corrientes de investigación, haya generado una dispersión doctrinal que dificulta la generación de una metodología consensuada y aceptada por los teóricos de las políticas. 

 

6). ¿Por qué no existen analistas de políticas en las estructuras de gobierno?

ü  Porque los políticos no quieren. Prefieren tener asesores supuestamente expertos que se limiten a validar y avalar con argumentos sus decisiones políticas muchas veces tomadas sin la debida consideración de las opiniones expertas.

ü  Porqué, de acuerdo con Dror requeriría de superprofesionales de la política capaces de aunar conocimiento profundo de las materias a abordar, la estructura organizativa del gobierno y una teórica abstracción de los factores irracionales que motivan, en algunos casos, la toma de decisiones políticas.

ü  Se trata de un perfil de conocimiento muy amplio, y, al mismo tiempo, muy ligado a los propios decisores y asesores, que en algunos casos tienen como función la legitimación de decisiones políticas con la aportación de datos que le den apoyo, más que el análisis profundo del ciclo completo de las políticas públicas desde su formulación a su finalización.

ü  Porque se limitan a otorgar el visado de la legitimación de lo acordado, fruto del consenso, bien de una lectura incrementalista o bien de entender la toma de decisiones como una mera asignación de recursos públicos.

ü  Es muy difícil que existan, puesto que tratamos con personas y no existiría objetividad, cada gobierno elegiría a sus propios analistas y ¿quién sería el primero en ponerle el cascabel al gato o tirar piedras sobre su propio tejado?

 

7). ¿Las estructuras decisoras y de gestión pública serian aptas para instaurar modelos analíticos estables?

ü  Quizás en un entorno en el cual el ciclo de políticas propiciara los cambios en las estructuras decisoras, para que pudieran conservarse instrumentos como los modelos analíticos que permitieran contar con una evaluación y seguimiento de las decisiones presentes y pasadas, su problemática inicial y su incidencia sobre la sociedad.

ü  Lo importante es que se hagan análisis. Habría que reconducir la praxis hacia un marco teórico.

ü  Lamentablemente, no parece que sea esa la principal característica del actual escenario político.

 

8). ¿La perversión del proceso obedece a razones muy distintas de otros escenarios organizativos o de decisión de la sociedad civil o del mundo empresarial?

ü  No obedece a razones muy distintas.

ü   Es un cúmulo de circunstancias ya que los políticos parten de una idea generalmente utópica, bien sea para ganar votos, bien sea porque realmente creen en ella y cuando llega el momento de llevarla a cabo se encuentran con las presiones externas y con demasiados intereses creados.

ü  Si consideramos que mucha gente solo persigue poder, prestigio social e ingresos económicos, posiblemente la perversión es similar en los diferentes escenarios organizativos. Este tipo de personas anteponen fines como la perpetuación en el puesto y la acumulación de presupuesto y poder, antes que los fines de la entidad que gestiona.

ü  Por suerte no todo el mundo es igual, hay entidades donde los gestores de verdad se centran en los fines que deben perseguir. Por desgracia son los menos.

ü  El hecho de estar asignando fondos públicos a la puesta en marcha de políticas debería sobre el papel, dotar de una transparencia e imparcialidad absoluta a todo el proceso de toma de decisiones.

ü  En la práctica, son múltiples las decisiones que, pese a suponer directa o indirectamente la asignación de presupuesto público, tienen cierto grado de discrecionalidad que mueven la toma de decisión hacia motivos no puramente desinteresados o irracionales.

 

9). ¿Podría tener el ‘garbage can’ dimensiones cualitativas y cuantitativas determinantes en el proceso político?

ü  En el mundo de la empresa sería interesante combinar ambos modelos mediante decisiones racionales (planificadas formalmente) y emergentes (no planificadas formalmente).

ü  No debería, puesto que con el garbage can no se busca lo óptimo, sino evitar lo peor en función de alternativas menos malas a una ya mala de por si, donde hay una mínima racionalidad y una ausencia de análisis o evaluación.

ü  Estaría en función de la elección llevada a cabo por las personas con responsabilidad en la toma de decisiones.

ü  La actualidad judicial mundial nos aporta numerosos ejemplos de creación de políticas ad hoc para legitimar decisiones no basadas en la racionalidad en la asignación de recursos públicos sino en otros intereses.

 

10). ¿Qué es hoy un inconcebible en la política y en las políticas?

ü  La lealtad, la sinceridad, el servicio, la crítica, el escepticismo, la vocación, la ética, la imaginación, etc.

ü  Que los políticos sean totalmente objetivos a la hora de ejercer su trabajo.

ü   Deben considerar su cargo como un trabajo cuyo objetivo es el interés general y centrarse en eso y dejar de ponerse la zancadilla unos a otros.

ü  Trabajar en equipo para conseguir los mejores resultados para el país, independientemente del partido que sea, si hay una buena idea, por qué no aceptarla, aunque venga del partido que está en la oposición.

ü  El verdadero inconcebible en la realidad actual de la política y las políticas es la convivencia de maneras de decidir propias de épocas pretéritas, con alto grado de discrecionalidad pero vestidas de teórica objetividad, con discursos políticos basados en el populismo (en todo el espectro ideológico) en lugar de apostar por un posibilismo que permita plantear políticas que, con los limitados recursos disponibles, tengan en el horizonte el bienestar de la sociedad y no únicamente la lógica partidista.