¿Analistas de políticas o meros legitimadores de la decisión?

En la entrada ‘Asesores y asesorados’ de julio de 2011 ya tuve ocasión de hacer unas reflexiones sobre  los mecanismos de apoyo a la decisión pública, cuestión de la que en este último periodo docente he vuelto a repensar, ante la riqueza de acontecimientos que estamos viviendo, que lamentablemente no existe tiempo para analizar con rigor en su descripción, y sobre todo la de sus causas.

No sé si ha pasado ya el tiempo de la oportunidad de la metodología de políticas para sacarnos de la que estamos. Quizás de haberla utilizado, no estaríamos en esta situación, pero para salir de él me temo que dicha  metodología sea ya insuficiente por sí misma. Quizá pueda decirse que para  restaurar la Res Pública tampoco sea necesaria dicha metodología vista la causa de muchos de los problemas, reducibles, el buen ser y al buen hacer político.

Quiere decirse, se trata más una cuestión de ética que de técnica. Volver al orden político menos malo, supuesto que de momento parece que sigue estando sobre las bases republicanas clásicas  significa, hic et nunc, una democracia que respete la separación de poderes; que lo político no sea siervo o instrumento de lo económico; que los políticos sean elegidos entre los mejores – aunque no haga falta llegar a los postulados platónicos o aristotélicos del filósofo-Rey o los aristocracia -;  que la Administración sea sustancialmente  profesional y totalmente capaz; y   sobre todo que los mecanismos de apoyo a la toma de decisiones sean espacio para  una élite intelectualmente excepcional, a la que esté condicionada  la acción del  político de turno. También se dirá que los analistas existen  y ha estado en las estructuras de gobierno y decisión, al menos formalmente, en estos últimos tiempos (¿los 800 asesores de Moncloa?, ¿los asesores de Presidencias, Consejerías  y Alcaldías?). Pues  siendo  sí  y conociendo algunas tendencias en la praxis, esta que exige precisar cuál es el rol de estos analistas.

Al proponerse por Y. Dror  ya en 1967 el rol de los analistas como servidores de los  Gobiernos, se partió de la hipótesis de que los analistas de sistemas al uso estaban demasiados influenciados por las decisiones  de tipo cuantitativo  y de obviar  la potencialidad de la factibilidad política, mediante, precisamente el uso del poder político. En este planteamiento seminal es precisamente la creatividad política, la exploración cualitativa y el pensamiento estratégico e imaginativo el que hace valer el rol del analista.

Un trabajo de 1995 (Asesores políticos para los Gobiernos) también de  Dror apuesta, en contra de la dinámica de la degradación,   por la necesidad de nuevas élites gubernamentales, capaces de de invertir el proceso del declive de las capacidades gubernamentales. El autor apuesta por una suerte de superprofesionales de la política, que estén permanentemente entrando y saliendo de las estructuras de Gobierno. Su objeto es estar en el núcleo del desarrollo de las políticas  y precisarían de una nueva reforma en la formación tradicional.  Se requiere así de una revolución conceptual con dos notas principales. Por un lado  capacidad  de construir puentes entre el conocimiento abstracto, histórico y comparado, con las realidades concretas, que supongan en definitiva, las mejores soluciones a los problemas planteado.  Y de otra parte, debe combinarse con una nueva capacidad de creatividad política que supere las opciones al uso.  A estas notas debe añadirse, reflexión frente a la irracionalidad emocional, ética profesional y capacidad clínica.

El autor no esconde  que nos encontramos ante una pretensión de elitismo - los mejores de entre los mejores -.  A esta élite le es  exigible una ultrarracionalidad en sus cometidos, apostando por crear escuelas ad hoc – escuelas avanzadas de Gobierno de tres años de duración – con curriculums interdisciplinares, que a la postre permitan resultados como aquellos que Platón exigía de  sus reyes filósofos. Quiere decirse que ahora también  deberían  decidir quienes tengan el conocimiento de antemano.

Las objeciones democráticas a la legitimación de esta dinámica ya son conocidas,    como también lo son a ciertas maneras de decidir en la UE (eurocracia). Pero no me parece que sea carente de democracia que exista un resorte muy cualificado al servicio de la acción del gobierno, con independencia de cómo se legitime a los representantes de  este gobierno. Los partidos políticos vuelven a ser el problema  y no la solución en esta cuestión, al estar en sus manos también quienes son los asesores y los asesorados. De igual manera y no pocas veces los políticos buscan en diversos espacios (Universidad, expertos,Think- Tanks,metaevaluadores,…) y a muy generosos importes, un mero  asesoramiento legitimador de su actuación ya decidida.

Autores expertos en la materia además del citado Dror  (Sharkansky,  Meltsner, … cuyos trabajos  obran en Clásicos de la Administración Pública, FCE, 1999)  dan cuenta de diversos aspectos para ese deseado rol efectivo de los analistas de políticas. Sin duda se parte del hecho de que el político necesita ayuda para determinar si una política es  apropiada para la acción gubernamental. Se habla de los siete pecados de los analistas para exponer  que la dinámica es pecaminosa al estar canalizada, ser distante, ser tardía, superficial, de temática limitada, caprichosa y apolítica.

En el análisis de políticas hay instrumentos y metodología sobre  cómo decir al político que acierte, siguiendo una serie de pasos en la toma de decisiones (tiempo suficiente, información cuantitativa y cualitativa razonable, opciones de las alternativas, consecuencias imprevistas, daños colaterales, eficiencias no paretianas…). También hay tendencias de las que hay que huir (populismo, partidismo, clientelismos, ideologías, predisposiciones técnicas o profesionales, presiones burocráticas, …)

Vemos pues vuela pluma que el análisis puede aportar contenido, proceso y método, cumpliendo su   premisas originaria de “ ... from to knowledge of …, to Knowledge  in …” Pero si  el analista se limita  a otorgar el visado de la legitimación de lo acordado, fruto bien del consenso, bien de una lectura incrementalista,  o  bien de entender la toma de decisiones como una mera asignación de recursos públicos disponibles, entonces, poca diferencia existe  entre este rol y el cometido habitual del personal asesor.  Pongamos un ejemplo desde las políticas sociales. Es conocido el denominado ‘efecto mateo’,   para reflejar que las políticas sociales de reducción de la desigualdad acaban favoreciendo a las clases medias y no a sus destinatarios originarios, que se excluyen por diversos factores como la desinformación, marginalidad,… Por mor del efecto, que alude a  la parábola evangélica, recibe más, quien más tiene.  Todo analista en  políticas sociales deberá, máxime en época de vacas flacas, incidir en evitar este efecto y  buscar la máxima prioridad y eficacia de los programas al efecto y alejarse de la mera justificación política de cumplir con los presupuestos.

Ciertamente para el cometido del analista es necesario la teoría cuantitativa, el análisis sistémico, pero debe profundizarse en el campo de la ciencia política y en el de la ciencia de la Administración Pública, si se pretende que el analista de políticas aporte verdadero valor público. No es un mega hombre, tampoco un mero voluntarista,  lo que se precisa es que sepa buscar el saber necesario y  canalizar los aportes necesarios para el problema concreto desde el análisis  histórico, comparado, sociológico, jurídico,…

El analista ha de situarse  disperso a lo largo de la tecnoestructura pública y  no sola o necesariamente  en puestos de gabinete ministerial, toda vez que  ha de contribuir al logro de la máxima racionalidad en la toma de decisiones, o incluso a evitar la máxima limitación de la misma por mor de la falta de tiempo y de información, además de las presiones, emociones, ideologías. Ha de aportar  un enfoque político, pero también científico aplicado al supuestamente racional y legítimo deseo ideológico de innovación o mero cambio.

Si el analista prende hacer la carrera del político, acabara convirtiéndose en un legitimador de éste, para luego, incluso hacer  lo mismo. Este no es en puridad una analista, pues en este rol  debe asesorar  al político sobre las posibilidades de éxito o de fracaso en su gestión. Ha de asumir la  consciencia  de la ambiguedad y de la frustración del mundo de la política, en modo alguno en manos de  ingenuos. Tiene en definitiva que ser consciente de que el análisis tiene un límite y muchos de los problemas son insolubles y ha de ayudar al decisor a enfrentarse a problemas sin solución, en cuyo caso por ejemplo  tendrá que luchar  por  evitar  los mayores males directos o colaterales.

Me parece además que ya no es momento para las Escuelas de negocios, los MBAs y demás propuestas para yuppies de los ’90. No  es esa la filosofía que se espera  y menos todavía de quienes las han venido sustentando y propiciando en los últimos tiempos. No son las finanzas las recetas primordiales, pues siendo importante la economía, no es el elitismo en sí y las buenas relaciones la clave del éxito organizacional, pues este ha de residir  por concepto en el valor añadido, en el valor público de la política y sus políticas derivadas.  Se trata de otros valores con los que hay que jugar la partida de ahora. Es la equidad, son nuevos escenarios dinámicos, es otro tipo de bienestar el que la política debe procurar. Recordemos que en 2009 dejamos anotado que  Mintzberg, en su obra ‘Directivos, no MBAs’, argumentaba ya  del error de la educación en gestión actual, fundamentado  que los  directivos precisan de  visión,  experiencia, y  ciencia. Esta última y el  entusiasmo por los resultados cortoplacistas hace al  trípode  cojo.

El análisis propuesto en esta consideración contribuirá a hacer de la política algo más exigente de lo que ha venido siendo y de la degradación de las élites decisoras. Hacer las cosas de otra manera, tal vez necesite el paso por esta lógica.