Desde mi último post del año pasado han ocurrido demasiadas cosas en materia de Gestión Pública, tantas que uno no sabe ya como sistematizarlas. Dos fenómenos aparecen casi de manos juntas: Mas corrupción cualitativa y cuantitativa de lo que pensábamos y una incesante reducción de la actividad pública sector pública.
De la primera mejor no hablar, remitiéndome a lo ya aparecido en este blog desde su aparición en escena. De lo segundo, diré que sí a la reducción del sector público cuando este ha sido causa de la corrupción o de la mala Gestión Pública.
El caso es que me temo debido a la miseria moral, intelectual y de capacidad de nuestros gobernantes, que las medidas de reducción del Sector Público no van a ir destinadas precisamente a apartar de la actividad pública a todos aquellos que entraron por la vía de atrás, sea cual sea el título jurídico de ello. Ya hablé en diversas ocasiones de la Administración de la miseria que nos venía, en la que se iba a repartir el botín, mejor dicho los despojos, los partidos gobernantes.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al socaire de los Decretos para la integración del personal laboral en el sector público autonómico andaluz y constatada la vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, señaló que el régimen de integración, más que una huida del Derecho Administrativo suponía un auténtico desprecio al Estado de Derecho.
Esto mismo va a suceder con nuestra comunidad valenciana, pero por vía de la destrucción de puestos de trabajo. Se van a quedar precisamente aquellos que su único merito para entrar en el Sector públicos, fue el amiguismo, el nepotismo, la adulación y demás virtudes públicas paradigmáticas de estos últimos años de gestión autonómica. Doctores tiene la ley, y ya veremos en qué quedan las medidas legislativas ordenadas a tal fin. No sé si fraude de ley, si abuso de derecho, si desviación de poder, o nulidad del acto administrativo por ser los hechos constitutivos de delito, pero creo que esto es el peor de los escenarios.
En realidad, al menos en nuestra comunidad pocos puede presumir de ser haberse ganada la plaza a pulso, entre las prisas de los primeros tiempos, los procesos de funcionarización, las presiones sindicales, la masa crítica de clientes de partido y sutilezas jurídicas ad hoc, por mencionar algo, aunque solo sea por estos 25 años de experiencia profesional en la Administración Pública.
A pesar de ello, me parece que esta cuestión junto a la eliminación total de los corruptos e ineptos que aún siguen – bastantes por cierto - debería ser la verdadera ‘causa belli’ de la huelga que se anuncia. Es decir los recortes en sí no lo justifican, al menos para mí, entendidos estos como una necesidad de eficiencia y de profesionalidad, en lugar de una Administración Pública de diletantes (Weber dixit). Sí los justificaría el ataque al núcleo de la función pública como institución, esto es la profesionalidad y el mérito y demás bondades. Me pregunto qué diría sobre ello Martínez de Pisón (el jurista no el montañero) sobre el ocaso de la misma, con lo que ha llovido desde 1993.
De la primera mejor no hablar, remitiéndome a lo ya aparecido en este blog desde su aparición en escena. De lo segundo, diré que sí a la reducción del sector público cuando este ha sido causa de la corrupción o de la mala Gestión Pública.
El caso es que me temo debido a la miseria moral, intelectual y de capacidad de nuestros gobernantes, que las medidas de reducción del Sector Público no van a ir destinadas precisamente a apartar de la actividad pública a todos aquellos que entraron por la vía de atrás, sea cual sea el título jurídico de ello. Ya hablé en diversas ocasiones de la Administración de la miseria que nos venía, en la que se iba a repartir el botín, mejor dicho los despojos, los partidos gobernantes.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al socaire de los Decretos para la integración del personal laboral en el sector público autonómico andaluz y constatada la vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, señaló que el régimen de integración, más que una huida del Derecho Administrativo suponía un auténtico desprecio al Estado de Derecho.
Esto mismo va a suceder con nuestra comunidad valenciana, pero por vía de la destrucción de puestos de trabajo. Se van a quedar precisamente aquellos que su único merito para entrar en el Sector públicos, fue el amiguismo, el nepotismo, la adulación y demás virtudes públicas paradigmáticas de estos últimos años de gestión autonómica. Doctores tiene la ley, y ya veremos en qué quedan las medidas legislativas ordenadas a tal fin. No sé si fraude de ley, si abuso de derecho, si desviación de poder, o nulidad del acto administrativo por ser los hechos constitutivos de delito, pero creo que esto es el peor de los escenarios.
En realidad, al menos en nuestra comunidad pocos puede presumir de ser haberse ganada la plaza a pulso, entre las prisas de los primeros tiempos, los procesos de funcionarización, las presiones sindicales, la masa crítica de clientes de partido y sutilezas jurídicas ad hoc, por mencionar algo, aunque solo sea por estos 25 años de experiencia profesional en la Administración Pública.
A pesar de ello, me parece que esta cuestión junto a la eliminación total de los corruptos e ineptos que aún siguen – bastantes por cierto - debería ser la verdadera ‘causa belli’ de la huelga que se anuncia. Es decir los recortes en sí no lo justifican, al menos para mí, entendidos estos como una necesidad de eficiencia y de profesionalidad, en lugar de una Administración Pública de diletantes (Weber dixit). Sí los justificaría el ataque al núcleo de la función pública como institución, esto es la profesionalidad y el mérito y demás bondades. Me pregunto qué diría sobre ello Martínez de Pisón (el jurista no el montañero) sobre el ocaso de la misma, con lo que ha llovido desde 1993.
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