El caso es que la primera escuela de Administración Pública no es la
Francesa de 1948 si no que fue nuestro país el pionero en 1843 de la mano de Pedro Gómez de la Serna,
quien publicó Instituciones
de Derecho Administrativo español, reflejando en él la coexistencia de una Ciencia
Administrativa distinta a la del Derecho
Administrativo. Siendo pues Subsecretario de Gobernación
promovió la creación de una Escuela de especial para los estudios de
Administración. En 1841 propuso la
creación de una Facultad nueva, con la
denominación de administrativa, en la cual se comprenderán los estudios
necesarios a los que hayan de servir al Estado en todos los destinos públicos,
civiles y administrativos. La intención política era que (…) Transcurridos que sean los años que se prefijen para esta carrera,
el Gobierno no podrá nombrar para ningún empleo civil o administrativo a
ninguno que, no habiendo servido algún destino antes de la promulgación de la
presente Ley, no haya obtenido el grado de licenciado en la facultad
administrativa. (…).
El proyecto fracasó, como consecuencia de la caída del Gobierno y en la regencia del general Espartero se retomó la
idea, canalizándola a través de una escuela especial, que se crea por Decreto
de 29 de diciembre de 1842. En esta escuela destinada a los funcionarios públicos, se
enseñaría el derecho político, el internacional, la economía política, la
Administración y el Derecho Administrativo.
La paradoja reside en que para el
rico pensamiento administrativo español,
antes que el derecho fue la Ciencia Administrativa y en muchas posiciones, el
primero parte de la segunda. Pero también es nuestro país la fuerte irrupción del
Derecho Administrativo, absorbió en su sistema a la Ciencia de la
Administración. Hecho paradójico y sorprendente aunque explicable debido a; la influencia francesa; a la
instauración de la jurisdicción contencioso-administrativa (ley de 2 abril de
1845);a la desaparición de las escuelas
de Administración y el desarrollo de las Facultades de Derecho ; y a la
dificultad de ordenar los conocimientos dispersos de la Ciencia administrativa.
Se ha señalado un origen remoto de la malquerencia de los juristas y
que se remontaría a 1843, cuando un proyecto de ley de Alonso
Martínez para crear una Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas no
llegó a cristalizar por las presiones de las Facultades de Derecho.
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