El descontento por las medidas del Gobierno nacional alcanza ya hasta a su partido que últimamente ha visto dimisiones de militantes y gestores. Los resultados de la gestión pública en la Comunidad Valenciana son ya tan evidentes que ningún eufemismo puede engañar ya a nadie, más allá de los no piensan dimitir, porque no quieren (sumisión) o pueden (necedad) reconocer los errores.
Cuando los propios empleados públicos, incluso aquellos discretos por profesión, empieza a hablar de ineptitud, sinvergüencería y demás bondades del sistema, haciéndolo además en la calle, una luz roja empieza a encenderse. Lejos de aquellos casi tres millones de nuevos empleos que casi nos prometieron, lo que se está gestando, debido a la pésima gestión, merece un serio análisis sociopolítico.
Se dice que el liberalismo de los ’80 entró de la mano de un arenga política que proponía que el mejor gobierno es el que no existe, iniciándose el camino de la desactivación, desregulación, … De otra parte también entiendo el desconcierto social que crea cuando un político encargado del área de interior, está implicado en una trama de contrabando, y sobre todo cuando el vigilante es todavía peor que el vigilado.
Ahora bien la sensación sociológica no es sólo la es la pérdida de confianza en la política y sus gestores, sino que llega incluso a la credibilidad de lo público, por eso de que para una gestión así es mejor su desaparición. Es decir, mejor no pagar impuestos, no pagar por despidos, pasar la ITV, pedir licencias,.. autocomponerse en suma. Esta apreciación nos lleva a invertir aquel principio de los pioneros del Estado Social de que la sociedad es el caos, mientras el Estado es el orden. Lo público no funciona y por ende, hay que desactivarlo, y que lo ocupe el mercado por ser más eficaz y eficiente. Si el mercado está en manos del adversario o controlado por él, entonces si merece una activación ad hoc, para gestionarlo con próximos no prójimos.
Lo que me parece es que no sólo estamos ante una ineptitud vía cooptación, sino que parece – al menos en muchos casos - buscada para desprestigiar lo público y dar el pase a la gestión privada. Además de la impresionante ineptitud, cada día me suena esto más a una estrategia a medio plazo, y si no como entender el conocido Rapport public que dedicó en 1994 el Conseil d´Etat al Servicio Público, en el que se imputaba a la Comunidad Europea la principal responsabilidad de la nueva crisis del servicio público “[...] Europa, no instruye un proceso a los servicios públicos, hace peor: ignora ampliamente la noción de servicio público y la existencia de los servicios públicos, y tiene una tendencia a no identificar ninguna zona intermedia entre los servicios regalianos y sociales (que se han situado bajo un régimen especial pero no en tanto que servicios públicos sino en razón, esencialmente, de su participación en las prerrogativas del sector público), y las empresas ordinarias. [...]”.
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