La ecuación eficacia-eficiencia debe ser asumida por la Función Pública, la cual debe estar a la altura de las exigencias del momento. Esperemos que la noticia no sea más que una anécdota. “Cuando comenzaron a llegar las primeras nóminas con los recortes ordenados por la ‘tijera’ del Estado, estos funcionarios pusieron en marcha su particular ‘venganza’. El plan consiste en gastar mucha más energía eléctrica de la necesaria a base de encender todos los ordenadores –incluso aquellos que no están en uso-, subir la temperatura del calefactor al máximo –abriendo las ventanas si fuera necesario-, utilizar más recursos y material de oficina de los imprescindibles o dejar encendidas las luces “hasta que alguien decida apagarlas”, confiesan algunos de estos funcionarios ‘rebeldes’ En algunos casos, estos trabajadores cuentan incluso con el beneplácito de sus jefes, que han decidido hacer la vista gorda a sus desmanes al discrepar también de la decisión adoptada por el Gobierno Zapatero. (sic)”
Esto no hace más que enturbiar la dinámica, como también lo produce que una empresa estatal gaste 238.000 euros en indemnizar a un trabajador al que reconoció de forma arbitraria 15 años de antigüedad, cuando sólo había ofrecido servicios a la empresa durante 12 meses, conforme recoge un informe la Intervención General del Estado.
La ciudadanía deberá estar también al quite, conociendo que puede contribuir de manera notable al ahorro público, siendo racional en el uso de los servicios.
Las autoridades políticas deben estar preparadas y obrar coherentemente, sensibilizando a la ciudadanía de su complicidad con las medidas para preservar el Estado del bienestar. Los empleados públicos deberán mantener su productividad y comportamiento. Los contratistas deberán hacer lo propio como coadyuvantes de la actividad administrativa, entrando en la lógica de la mejor oferta técnica y económica. Nos parece especialmente clamoroso algunos supuestos de fraude y desviación de poder que se dan en la contratación pública, cuando los contratistas sub specie de agentes de políticas, incluyen en sus nóminas a personal previamente elegido por la propia Administración Pública, por ser éstos miembros o afines del partido o de confianza de los cuadros. La Administración Pública como instrumento del spoil system político, incluye en los presupuestos públicos a personal que no ha podido incluir en los lugares de confianza, en sus fundaciones, en las Cajas de Ahorro o cualquier suerte de organización para administrativa de elección política.
Es sabido que buena parte del coste público deriva de la versión contemporánea del spoil system que de facto ha supuesto en hacer de la Administración Pública una agencia de colocación de los afines al gobierno de turno, mediante la laboralización, la interinidad, la creación de estructuras administrativas y demás subterfugios sobradamente conocidos. El problema es que a diferencia del pasado ahora no entran unos por los que salen, sino que, algunos quedan, y va aumentando la plantilla.
La justicia y demás organismos de control puede hace mucho en la lucha contra la corrupción y el despilfarro, pero la sociedad no se cambia por Decreto como señalo M. Crozier en 1984. Al pacto social sobre la economía y el empleo debe sumarse otro sobre la productividad en el Sector Público.
En la dinámica del ahorro y eficiencia hay que llevar cuidado con el contenido funcional de las medidas de desactivación, despublificación o devolución, vistos los resultados de algunas de las experiencias de la NPR-USA, y de la NPM en América Latina. Por supuesto hay que desactivar acción estatal en áreas, sobre todo en el mundo de las subvenciones, muchas de ellas justificadas por su ideología y no por su contenido, y a buen seguro, buena parte del mundo de la comitologia o ‘polisinodia’, por mencionar vuela pluma algunas de ellas.
Esto no hace más que enturbiar la dinámica, como también lo produce que una empresa estatal gaste 238.000 euros en indemnizar a un trabajador al que reconoció de forma arbitraria 15 años de antigüedad, cuando sólo había ofrecido servicios a la empresa durante 12 meses, conforme recoge un informe la Intervención General del Estado.
La ciudadanía deberá estar también al quite, conociendo que puede contribuir de manera notable al ahorro público, siendo racional en el uso de los servicios.
Las autoridades políticas deben estar preparadas y obrar coherentemente, sensibilizando a la ciudadanía de su complicidad con las medidas para preservar el Estado del bienestar. Los empleados públicos deberán mantener su productividad y comportamiento. Los contratistas deberán hacer lo propio como coadyuvantes de la actividad administrativa, entrando en la lógica de la mejor oferta técnica y económica. Nos parece especialmente clamoroso algunos supuestos de fraude y desviación de poder que se dan en la contratación pública, cuando los contratistas sub specie de agentes de políticas, incluyen en sus nóminas a personal previamente elegido por la propia Administración Pública, por ser éstos miembros o afines del partido o de confianza de los cuadros. La Administración Pública como instrumento del spoil system político, incluye en los presupuestos públicos a personal que no ha podido incluir en los lugares de confianza, en sus fundaciones, en las Cajas de Ahorro o cualquier suerte de organización para administrativa de elección política.
Es sabido que buena parte del coste público deriva de la versión contemporánea del spoil system que de facto ha supuesto en hacer de la Administración Pública una agencia de colocación de los afines al gobierno de turno, mediante la laboralización, la interinidad, la creación de estructuras administrativas y demás subterfugios sobradamente conocidos. El problema es que a diferencia del pasado ahora no entran unos por los que salen, sino que, algunos quedan, y va aumentando la plantilla.
La justicia y demás organismos de control puede hace mucho en la lucha contra la corrupción y el despilfarro, pero la sociedad no se cambia por Decreto como señalo M. Crozier en 1984. Al pacto social sobre la economía y el empleo debe sumarse otro sobre la productividad en el Sector Público.
En la dinámica del ahorro y eficiencia hay que llevar cuidado con el contenido funcional de las medidas de desactivación, despublificación o devolución, vistos los resultados de algunas de las experiencias de la NPR-USA, y de la NPM en América Latina. Por supuesto hay que desactivar acción estatal en áreas, sobre todo en el mundo de las subvenciones, muchas de ellas justificadas por su ideología y no por su contenido, y a buen seguro, buena parte del mundo de la comitologia o ‘polisinodia’, por mencionar vuela pluma algunas de ellas.
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