Economía, Eficacia y Eficiencia como factores funcionales de buen gobierno y de gestión pública democrática

“Economía, Eficacia y Eficiencia como factores funcionales de buen gobierno y de gestión pública democrática” es el titulo de mi colaboración a la obra colectiva  Defender la democracia: Estudios sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción, publicada esta semana en Valencia por Tirant lo Blanc-UCH-CEU-AVAPOL. 

La obra coordinada por Blanca Nicasio y Marta Pérez del  CEU-UCH recoge veinte trabajos elaborados por veintinueve autores - muchos de ellos relacionados con la Ciencia Política y de la Administración en la Comunidad de Valencia, que felizmente formamos un grupo muy bien avenido -  que se presentaron en el   III Congreso Internacional sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción", en Valencia los días 24 y 25 de enero de 2019 en el palacio de Colomina  de Universidad CEU Cardenal Herrera con la colaboraron de la asociación valenciana de politólogos (AVAPOL). Esta obra  sigue  a las  correspondientes a los congresos  CEU-UCH celebrados en 2014, La regeneración del sistema: reflexiones en torno a la calidad democrática, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción y en 2017, en  Radiografiando la Democracia: Un estudio sobre corrupción, buen gobierno y calidad democrática(Coords J. Marco y M. Pérez).

Mi aportación a la publicación de este III congreso en el capítulo 11 del bloque III sobre Buen Gobierno y lucha contra la corrupción (pp. 267-288) parte del gran nutriente teórico del gran administrativista americano Dwight Waldo en el Capitulo 10 magna obra  The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration, de 1948  cuya versión española se intituló  Teoría Política de la Administración Pública, y que fue unos de los referentes de Administración Pública comparada en los ’60  como tiempo   de experimentación tecnocrática que tuvo  su buen reflejo en una nueva Administración. 

El abstract es el siguiente; 

En Estado democrático actual común al acervo europeo occidental es fruto de la evolución del modelo político-administrativo en la que ha jugado un papel notorio la teoría de la Ciencia de la Administración moderna desde que surgió y se desarrolló durante el Siglo XIX. En ella fue notoria la aportación del enfoque político-funcional, en el que la Administración Pública tenía como función principal cumplir con los fines políticos y sociales del Estado. Desde mediados del siglo XX los enfoques finalistas y sistémicos han tenido un gran marco teorético y argumental para reconducir a la Ciencia Administrativa hacia una intelección instrumental del rol político-administrativo en el marco del metasistema Estado-Sociedad.

 Hoy un enfoque combinado sistémico-funcional y heterofinalista permite casar el nutriente weberiano de la doble racionalidad -material (ideológica) e instrumental (administrativa)- con elementos teoréticos del denominado ‘Efficient Democracy’, y ambos, pueden contribuir a una reconceptualización teorética sobre la proscripción de la corrupción en una cultura democrática occidental y desarrollada. 

Su sinopsis estaría en un examen comparativo que parte principalmente de la dedicación de Waldo en el capitulo X de su principal obra a la ‘Economía y Eficacia’ para exponer el verdadero sentido normativo de ambas en su contexto histórico-administrativo ya que inspiraron reformase investigaciones como valores administrativos decisivos. En el análisis crítico de Waldo, queda patente la diversidad de sentidos del término eficacia - siete significados habituales de su contexto el autor entiende que tanto el filosófico (energía, fuerza o causa) como el mecánico-científico (razón o proporción) usados   en la literatura administrativa de su época. Es decir, se refiere tanto a la eficacia como a la eficiencia. 

 ‘Economía y Eficacia’ fueron conceptos-clave de una filosofía política nueva que junto al de ‘científico’, sustituyeron el enfoque moralista en la divisoria de los siglos XIX y XX ya que en tiempos de de la era progresista la corrupción era un mal endémico porque se pensó que la moral, sin duda conveniente no era bastante. Con la nueva filosofía administrativa la democracia había de ser práctica y sus ciudadanos atentos y activos para que el Estado no perdiera tiempo, dinero y energías, poniendo coto a la pródiga utilización de los recursos. El dogma resultó ser; “Si los buenos propósitos fallan por ineficacia, entonces ésta es el pecado capital y la ‘eficacia’ descriptiva y mecánica, se invistió de significación moral”. Recuérdese el término progresista se utilizó para denostar una amplia corriente sobre el gobierno y los servicios públicos, en la que los presupuestos eran el  beneficio particular del cargo político, el monopolio u oligopolio de las empresas y el gran negocio del crimen organizado. Por ello  los servicios públicos serían muy costosos y de baja calidad - con cierto paralelismo a experiencias próximas ex NPM con la privatización, desactivación y desregulación -. 

 Los dos postulados básicos de la Progressive Public Administration  fueron 

a) Sector público diferenciado del privado en términos de continuidad, ética, métodos operativos, diseño organizativo y gestión del personal diferenciada, auxiliándose de la metáfora de “poner la Administración en manos de corporaciones jesuíticas” puesto que “los funcionarios deben amar la Administración como los párrocos a sus parroquias y no como los agentes de bolsa lo hacen con la bolsa”.   

b) Políticos y altos cargos deben ceñirse a procedimientos estrictos para limitar el daño (Instituciones y reglas en la Gestión Pública tales como    estatutos y sistemas de control)  Como  dichosamente las características de la Administración Pública  americana  no son  las nuestras  europeas, su traslación a nuestro acervo  supone un enfoque  más relacionado con nuestra propia idea de eficiencia, distinguiéndose entre Economía y Eficacia/eficiencia que traducido a nuestro acervo consiste en ser conscientes de los recursos limitados (economía) para tratar de lograr efectos teniendo claros los objetivos(eficacia) optimizando los recursos (eficiencia) para no agotarlos o poder destinarlos a otras necesidades, siempre presentes. 

En el sistema español el artículo 103 de la Constitución Española establece entre otros que la  Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia. El artículo 31 dispone que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

  En el plano constitucional español, eficacia y eficiencia aparecen nítidamente distinguidos. La eficiencia se recoge en la parte dogmática de la CE en el contexto de los recursos económicos públicos y su estrecha relación con el principio de economía (31-2 CE.) La eficacia, por el contrario, se recoge en la parte organizativa y con ocasión de la fijación del estatuto de la Administración Pública (103-1).

De principios y contingencias va la cosa