Una vez superada o no esta situación podremos reflexionar
sobre si necesitamos mas o menos estado y si el Estado es o no el principal
actor social en orden a las cosas que más necesitamos hoy, más allá de las ideologías,
para garantizar la gobernabilidad como poder y servicio a la sociedad, y mas
aún si se sostiene una concepción de meta
sistema Estado-Sociedad que tan magistralmente nos dejo expuesto García Pelayo
en 1977, como intelección de lo que supuso
en las postrimerías de los treinta gloriosos del Estado funcional
social-administrativo .
Veamos dos ideas clave a
mi juicio relacionadas con la gobernabilidad del Estado funcional: de una parte
nos encontramos con el ‘Valor Público’ que se centra en la capacidad de las
Administraciones para orientar su trabajo hacia lo que más le importa a la gente
y a darles servicios relacionados con sus preferencias. El resultado de esta situación es mejorar la
calidad de vida, ser más efectivos en la provisión de servicios públicos,
contar con una mejor capacidad de respuesta. Las sociedades
producen más valor cuando más y mejor la vida de sus miembros. Así, el valor
público puede ser definido como la satisfacción de necesidades humanas
presentes y futuras asociadas a la vida mediante el esfuerzo humano organizado.
No se trata sólo de la medida en la que las sociedades generen vida y
oportunidades de vida para sus miembros, sino, también, la medida en que
garanticen el derecho al acceso a esas oportunidades. El valor se torna valor
público cuando incluye el ejercicio del derecho a la vida y a la esperanza de
vida, es decir, el ejercicio de la libertad. El valor público, en consecuencia,
presupone democracia.
El concepto de valor público asume que la
gente tiene la capacidad y la libertad para expresar sus preferencias respecto
a las actividades y resultados de la Administración Pública. También asume que
las Administraciones Públicas tienen la voluntad y la capacidad para acomodar
sus objetivos a las preferencias ciudadanas asume que al entregar el valor
público requerido, la ciudadanía estará dispuesta a pagar por él con dinero,
con el voto, u ofreciendo su tiempo para colaborar con el gobierno. Un
ejercicio auto evaluativo de este valor para el ciudadano es cuando es
preguntado pro ejemplo sobre si prefiere educación, sanidad, residencias de
mayores o pensiones públicas o privadas. Es decir hay preferencias en algunas
materias y en otras no según se le confiere o0no ese valor publico, sin
perjuicio de la buena gestión privada pro los denominados bienes privados
socialmente preferentes (va. conciertos sanitarios o educativos). En terminas
generales sobre la funcionalidad estatal se asocia como indicador de valor público (IVP) al Índice de
Desarrollo Humano (IDH)- elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
configurado sobre los tres parámetros de ; esperanza de vida,
nivel de alfabetización y PIB/habitante.
La otra categoría es el mantenimiento de la
‘confianza básica’, ya que su pérdida supone en general un estado de ansiedad y
temor colectivo de carácter anticipatorio (vg. terrorismo, catástrofes...) y el
término es deudor de la psicología social para referirse al bienestar que
produce la tranquilidad de confiar en que no va a pasar nada grave en sus
vidas. Supone pues también como capacidad que tienen las personas para confiar
en sí mismos y eventualmente en los demás. La confianza básica de la
colectividad en la Administración
Pública depende en gran medida del
respeto por los valores y principios fundamentales que son la base de toda
sociedad democrática que procura entenderse a sí misma y respetar los derechos
de sus miembros. Hay buena gobernabilidad si la sociedad piensa que los poderes
públicos minimizan el riesgo o garantizan el pronto restablecimiento del orden
o status quo.
La
gobernabilidad hoy - con más o menos magnitud estatal - como reto incrementar o
mantener los índices de valor público y los niveles de confianza básica de la
ciudadanía en un contexto en el que la vida aumenta en riesgos, pero a la vez
el conocimiento le concede la oportunidad de minimizarlos o superarlos.
La
Administración Pública ha venido configurándose como un epifenómeno del Estado,
un Estado Administrativo que Burdeau
en 1975 denominó Estado funcional
moderno, como equivalencia de un
Estado de gestión y que se muestra como leviatán dirigido y legitimado por el
ejercicio de las funciones que la sociedad le exige. El poder estatal administra
conforme a las exigencias técnicas sin pretensiones ideológicas de cambio. Sólo
el Estado es capaz de resolver los problemas colectivos dadas las notas de
complejidad, universalidad, prospectiva e interdependencias sociales. El poder
se legitima por el cumplimiento de unos fines que le son dictados por la
sociedad, mientras que la función política se legitima por su sometimiento a
las previsiones y el cálculo racional. La atención de los fines sociales por el
poder tiene su causa en la adaptación de éste a los objetivos de las
tecnoestructuras público-privadas emergentes
Parsons ya
en la década de los '50 denomina prerrequisitos funcionales a las
necesidades mínimas que ha de satisfacer
todo sistema social en general, estos son; su estructuración para ser compatibles con otros sistemas; contar con el apoyo de otros sistemas; satisfacer una parte significativa de las
necesidades de los actores; fomentar en
sus miembros una participación suficiente; ejercer control sobre las conductas
potencialmente desintegradoras; controlar
conflictos; y un lenguaje para poder sobrevivir. Estos determinan las cuatro tareas principales que deben realizar
todas las sociedades para sobrevivir como
la adaptación, logro de objetivos, integración y latencia. Los
subsistemas funcionales se ocuparían de cumplir uno o más de esos prerrequisitos,
uno de esos subsistemas aquí lo representa el Estado.
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