¿Qué entender por filosofía administrativa? (2)

 En Administración Pública la filosofía está condicionada por los valores, reglas, principios, hábitos que conducen a cumplir sus funciones, fines y objetivos, y que siguiendo a R Mayntz, debe distinguirse en las tres por cuanto el objetivo de la  organización constituye el  punto de arranque para el  análisis ya que es lo que guía las decisiones,  las actividades      y  los procesos hacia un fin específico. Es decir;

• El ‘Objetivo;’ indica un propósito  fijado por la propia voluntad, que puede alcanzarse y redefinirse  establecerse  secuencialmente – táctica o estratégicamente -en conjunción con otros simultáneos.

• El ‘fin’; refleja la  idea instrumental de la organización, es un cometido impuesto desde fuera y  que se debe cumplir  continuamente y, por tanto, supone una prestación continuada.

• La ‘función’; refleja la contribución  que, dentro del sistema social, presta la organización en  una situación determinada, considerada            como  deseable y fijada como norma o pauta.

No debe  buscarse coincidencia entre funciones, fines  y objetivos, pero si una racionalidad y coherencia instrumental y teleológica, que le dé sentido a su actividad y continuidad.  Diversos y distintos objetivos y fines pueden contribuir y coincidir funcionalmente en pro de algo superior , bien entendido que hay algunos fines y objetivos que para nada contribuyen a ello o, a la larga  conducen a su desaparición a su disfuncionalidad.  (vg.  variables su dependencia de la política,  su carácter público y la  influencia del  entorno).

Una filosofía condicionada por estos tres propósitos tiene a su disposición  la búsqueda del ‘valor público’ es la capacidad de las Administraciones para orientar su trabajo hacia lo que más le importa a la gente, y a darles servicios, en mejora de la calidad de vida, ser más efectivos en la provisión de servicios públicos, contar con una mejor capacidad de respuesta. El incremento del valor público integra la dimensión política, la dimensión sustantiva de la acción pública y la dimensión administrativa. Supone pues  la satisfacción de necesidades humanas presentes y futuras asociadas a la vida mediante el esfuerzo humano organizado. Si las Administraciones Públicas tienen la voluntad y capacidad para acomodar sus objetivos a las preferencias ciudadanas asume que al entregar el valor público requerido, la gente estará dispuesta a pagar por él con dinero, con el voto, u ofreciendo su tiempo para colaborar con el gobierno.

Y también tiene a la ‘buena administración’, según la cual una buena institución administrativa velará por respetar  el conjunto de reglas que rigen la gestión de las instituciones públicas y que impone a estas últimas un comportamiento que permita alcanzar un equilibrio entre el respeto de los derechos de los administrados y la preservación de buen funcionamiento del sistema de Administración Pública.

Súmese esto a lo que en   nuestro caso español  dice el art 103 CE y su legislación de desarrollo, además del   deficiente 41 de la  carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.