Una lectura de los inmediatos acontecimientos nos dice que el día 12 de
junio cerró la televisión pública griega. En España, el ministerio de Defensa
ha puesto a la venta cien propiedades para conseguir 1.000 millones de euros, incluyendo
algún aeródromos, con la finalidad de cubrir el préstamo especial de
Hacienda para mantener los programas de armamento. El Gobierno central ha puesto en marcha ‘la madre de todas las
reformas’ con 217 propuestas entre las
que se pondrá a la venta 15.000 inmuebles.Se alega la eliminación de 377.000
puestos públicos y que se han amortizado
268 puestos políticos en consejos de
administración de empresas públicas . Habrá más rigor a la hora de abrir nuevas
empresas pública, se evitarán duplicidades en la prestación de los servicios
públicos y la eliminación de carga
burocrática innecesaria. Habrá igualmente reforma del procedimiento administrativo, en
la la ley de subvenciones públicas, mejorará la facturación electrónica y la morosidad en las Administraciones Públicas.
Todo ello acompañado de mejor gestión presupuestaria y de tesorería y la implantación de sistemas de
medición de la productividad y la eficiencia además de centralización de contratos y cuentas.
En cuanto al empleo público se creará
una bolsa fomente la movilidad laboral, una nueva Ley de la Función
Pública de la Administración General del Estado, - que en desarrollo del EBEP -
recogerá instrumentos de ordenación de los RRHH, mejor estructura de la
carrera administrativa y mejoras en los procedimientos , y se aprobará un
Estatuto del Directivo Público para llenar el vacío legal que sitúa en un
extraño limbo este espacio de interfase,diseñando el régimen jurídico sobre la
vinculación de estos directivos y la Administración, el proceso de selección y la
evaluación de su rendimiento.
De su parte uno
de los principales objetivos del proyecto de ley de la Función Pública
aragonesa que ha ultimado el Gobierno regional
es restringir al máximo la posibilidad de que las administraciones
contraten sin oposición previa. La forma de cubrir plazas de empleo público
deberá ser la oposición libre, aplicable
para la Administración autonómica y a su régimen local. La manipulación
política ya no tendrá franco el
paso a la hora de acceder al empleo
público, como al acceder a destinos internos, con el amplio margen de discrecionalidad. (vg
comisiones de servicio, las adscripciones provisionales o los puestos de libre
designación, mejora de empleo). Ahora
todo proceso de selección, ya se trate de puestos fijos o temporales, o
del personal directivo profesional, será
objeto de publicidad creándose
el portal de acceso a la Función
Pública. Aquí en nuestra Comunidad vemos que
en la Consellería de Gobernación y Justicia se ha dictado resolución por
la que se acuerda ratificar el acuerdo de extinción de la Fundación Generalitat
Valenciana - Iberdrola Fundación de la Comunidad Valenciana. Y ello en marco del proceso de reestructuración de sector público
fundacional iniciado por el Consell, que supuso la adopción del Acuerdo del
Consell de fecha 3 de agosto de 2012, en el que se autorizó la extinción de
varias fundaciones pertenecientes al sector público de la Generalitat, La causa
legal de extinción alegada es la imposibilidad del cumplimiento de fin
fundacional ante el déficit de tesorería, lo que provoque la imposibilidad de cumplimiento de sus fines
por insuficiencia de medios.
Esperamos
que con esta pretendida super reforma se avance en la percepción de la ciudadanía
sobre el aparato administrativo puesto
que junto al paro y la crisis económica, la corrupción para
el 40,4% de los españoles es el problema más grave que padece nuestro
país, seguido a distancia por el desempleo (18,8%) y la situación económica
(13,5%) según la 33º oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano. Y lo que
es peor la crisis y la corrupción han
motivado que se deteriore nuestra propia imagen, hasta el punto de que los
españoles somos más críticos con nosotros que el resto del planeta.
Todo
se enmarca en lo venimos describiendo como deconstrucción político- administrativa
cuya finalidad no debe ser el adelgazamiento de lo público como tal, sino de lo
que ya no aporta valor público para la colectividad.
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